El síndico mayor retiene una veintena de informes sin enviar al Parlament

La Sindicatura de Cuentas vuelve a echar humo. El órgano que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas atraviesa una grave crisis interna como consecuencia de la actuación del síndico mayor, Marià Nicolàs, avalado por Convergència i Unió (CiU), que mantiene la institución al ralentí. El pleno de la Sindicatura vivió el martes una de las sesiones más crispadas de los últimos años al negarse Nicolàs a convocar las oposiciones para ampliar el número de auditores como demanda el Parlament desde hace siete meses. Además, Nicolàs retiene sin enviar a la Cámara una veintena de informes aprobados por la Sindicatura hace más de tres meses, entre ellos la fiscalización de la Generalitat y de las empresas públicas.

Nicolàs fue elegido en mayo síndico mayor con los únicos votos de CiU tras más de un año de interinidad en la Sindicatura, la institución que controla que el dinero público se gaste correctamente. La elección de Nicolàs como síndico mayor llegó como imposición del Parlament, que decidió intervenir después de casi 50 votaciones infructuosas dentro de la institución, donde los síndicos avalados por CiU y el PP disponen de mayoría absoluta.

La elección del síndico mayor, no obstante, no resolvió la crisis y la situación se ha deteriorado todavía más. Nicolàs fue promocionado a síndico mayor tras presentar un informe sobre el caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de fondos repartidos por Trabajo- que el Parlament, en una decisión sin precedentes, devolvió a la institución al considerar que no investigaba suficientemente a la Generalitat. Nicolàs se resistió a ampliar el informe, pero el martes quedó en minoría y el pleno de la Sindicatura le obligó a asumir el encargo.

En el pleno quedó de manifiesto que la situación en la Sindicatura es un polvorín. Fuentes de la institución explican que varios síndicos reprendieron severamente al síndico mayor, al que acusan de intentar llevar la Sindicatura a la parálisis. Las mismas fuentes explican que Nicolàs retiene una veintena de informes que fueron aprobados hace más de tres meses y que éste sigue sin enviar al Parlament.

Algunos de estos informes debían llegar a la Cámara antes del 31 de julio y todos fueron realizados cumpliendo las fechas previstas por la ley, pero se encuentran todavía en la Sindicatura a la espera de que el síndico mayor autorice el envío con su firma. Entre estos trabajos destacan la fiscalización anual de las cuentas de la Generalitat, de sus empresas públicas, de las corporaciones locales y la memoria de la propia Sindicatura.

Auditoría interna

Como sucedió en 2001, la aprobación definitiva de las cuentas de la propia Sindicatura quedará pendiente del resultado de una auditoría interna, según fuentes de la entidad. La auditoría fue exigida por algunos síndicos, que consideraron que las gratificaciones extraordinarias que el ex síndico mayor Xavier Vela concedió a su secretaria no se ajustaban a la legalidad. Evitar dar publicidad a estas objeciones podría explicar el retraso del envío de los informes al Parlament, que debe efectuarse en bloque.

Nicolàs no ha respondido a las llamadas de este periódico, y su secretaria ha dicho lo mismo las más de 10 veces que este diario ha intentado ponerse en contacto con él: que estaría todo el día fuera. Otras fuentes conocedoras de la vida interna de la Sindicatura explican el retraso del envío porque algunos informes aún no han sido encuadernados por falta de personal.

La falta de personal y de medios es una de las justificaciones esgrimidas año tras año por la Sindicatura para explicar el retraso en el cumplimiento de los encargos, y así se refleja en el informe anual que presenta al Parlament, institución de la que depende la Sindicatura. Para tratar de resolver esta situación y dar más celeridad a los trabajos encargados a esta institución, que en ocasiones son entregados a la Cámara con mucho retraso, la comisión de gobierno interior del Parlament aprobó por unanimidad el pasado 13 de marzo autorizar la creación de 10 nuevas plazas: cuatro auditores y seis ayudantes técnicos para los auditores.

Siete meses después, estas plazas todavía no se han cubierto, a pesar de que la Sindicatura cuenta con un excedente que varias fuentes cifran en unos 2,4 millones de euros (400 millones de pesetas). En el pleno del pasado martes varios síndicos exigieron a Nicolàs que convoque de una vez las oposiciones, pero éste se negó a ello.