La ausencia de dos ediles del PP obliga a repetir la aprobación de las tasas municipales

Las ordenanzas que regulan las tarifas y tasas del Ayuntamiento de Madrid para 2003 no fueron aprobadas, tal y como se creía, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 3 de octubre. La ausencia de dos concejales del PP impidió que la propuesta del gobierno municipal, regido por José María Álvarez del Manzano, obtuviese el respaldo preceptivo de la mayoría cualificada (la mitad más uno) de la corporación. En ese pleno extraordinario se abordaron temas tan importantes para la ciudad como la actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que subirá el año próximo un 3,5%.

Pero a pesar de ello, nadie advirtió a los presentes en el pleno de extraordinario de que no se contaba con el quórum necesario para aprobrar la casi totalidad de las 13 ordenanzas que se sometieron a votación. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid está establecida en 27 ediles. El PP cuenta con 28 concejales, pero dos de ellos, Sigfrido Herráez, de viaje en Chile para asistir a la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, y Carmen Rodríguez Flores, presidenta de Hortaleza, no asistieron al pleno. Los grupos de la oposición suman 25 ediles: 20 concejales socialistas y cinco de IU.

Para resolver esa situación, el gobierno municipal ha incluido de nuevo las ordenanzas en el pleno de este mes, que se celebra mañana, para someterlas de nuevo a votación, pero desde IU dudan de que sea el sistema adecuado.

'En el acta del pleno celebrado el día 3 se recoge claramente que en el Grupo Popular sólo había 26 ediles y no tenían, por tanto, mayoría cualificada para aprobar las ordenanzas. Pero el alcalde, presidente del pleno, no advirtió de esa situación a pesar de que se trataba de una sesión extraordinaria convocada a efectos tanto de debate como de votación', explica Inés Sabanés, portavoz de IU. 'No sé si el tema se puede resolver ahora con una votación en un pleno ordinario. Es una muestra de la falta de seriedad con que trabaja el PP y voy a pedir un dictamen a la secretaria general', concluye Sabanés.