Una promotora deja sin casa a 1.200 familias en los nuevos barrios

Una promotora de viviendas en los nuevos barrios de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas -Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV)- está devolviendo los millones de euros que ha recibido en los últimos cuatro años de 1.200 familias que aspiraban a tener una casa. El Ayuntamiento recalificó abundante suelo en estas zonas para construir viviendas, parte de ellas de protección oficial. Ahora, CPV afirma que no dispone de terreno y ya ha devuelto el dinero mediante pagarés a más de 900 de las 1.200 familias. Algunos pagarés no tenían fondos.

Seis de las familias a las que aún no se ha devuelto el dinero que adelantaron -unos 18.000 euros de media- se han querellado por estafa contra CPV. Cuatro años después de firmados los contratos en los que CPV se comprometía con estas 1.200 familias a hacerles una casa en dos años, la promotora no sólo no ha puesto un ladrillo, sino que ha informado a los afectados de que todo 'el suelo de la zona está adjudicado y de que no disponen de terreno' para construir lo pactado.

Los denunciantes creen que detrás de este asunto subyace la terrible especulación que está sufriendo el suelo de los nuevos barrios y exigen al juez que imponga una fianza de 100.000 euros a la promotora y saber qué ha hecho con el dinero que le han entregado en los últimos cuatro años. Ese dinero fue depositado por la inmobliaria, ubicada en la calle de Orense, 36, en la Caja de Ahorros de Valencia y en Ibercaja. Cuatro años después, CPV ha devuelto la señal a 'unas 950 familias', según explica Francisco García Moreno, director de esta inmobiliaria. 'Y a las restantes se les irá devolviendo a medida que lo pidan, ya que no es posible construir las viviendas', admite. 'Esto es una estafa; ¿cómo piden dinero por adelantado si no disponían de suelo?', se queja Ignacio Municio, uno de los denunciantes. Éste asegura que en 1998 la citada promotora hizo publicidad en la que ofertaba viviendas de dos dormitorios por 75.000 euros y de tres dormitorios por algo más de 96.000 euros. Pero recuperar el dinero entregado hace cuatro años está resultando un suplicio. 'En algunos casos CPV está dando pagarés a seis meses sin fondos', se queja Municio.

Según Ignacio Municio, uno de los seis denunciantes, CPV les garantizó mediante un contrato que dispondrían de sus casas 24 meses después de que el Ayuntamiento concediese la licencia de edificabilidad al suelo de los nuevos barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro. CPV captó entonces a 1.200 familias, pues su idea era levantar 400 viviendas en cada uno de los tres nuevos barrios, explica Municio. Pero estas viviendas no se harán.

El director de CPV, Francisco García, afirma que no se trata de un tema 'de especulación'. Según él, cuando su empresa contactó con los 1.200 vecinos, creía disponer de terreno en la zona. Sin embargo, no ha podido construir sobre los más de 200.000 metros cuadrados que poseía, porque los terrenos están sometidos a un litigio, ya que la mujer que se los vendió a CPV no era 'en realidad la dueña'.

García da dos causas a la imposibilidad de levantar las 1.200 viviendas: además del litigio sobre la propiedad de los terrenos, esgrime 'problemas burocráticos' imputables 'a la Gerencia de Urbanismo de Madrid y al Ayuntamiento de Alcobendas'.

-¿Entonces, cuál es el problema: la burocracia o el conflicto judicial sobre los terrenos?-, preguntó este periódico.

-Ambas cosas; éste es un asunto complejo-, explicó.

En el contrato suscrito, los compradores se comprometían (y así lo ha hecho la mayoría) a adelantar parte del dinero del precio final. Algunas familias han entregado más de tres millones de pesetas desde entonces. Pero han pasado cuatro años desde la firma del contrato y no tienen ni el dinero ni las casas.

'Y si le pides que te devuelvan el dinero entregado, te dicen que te dan pagarés a 60 días que luego no puedes cobrar por falta de fondos, como les ha ocurrido a muchos damnificados', asegura Municio. 'Y los que han logrado cobrar, pero sólo el principal y sin intereses, ha sido después de un calvario, de tener que ir todos los días a CPV a quejarse de que el pagaré carecía de fondos y amenazarles con ir al juzgado', añade. 'A mí me han ofrecido devolverme el dinero con un pagaré a 60 días, pero yo me he negado; ya estoy harto y he decidido ir al juzgado. Además, como mucho se limitan a devolverte, si es que al final hay fondos, el principal, pese a que la ley dice claramente que si una parte incumple unilateralmente el contrato debe pagar el doble del dinero entregado y los intereses'.

Intereses sin pagar

García admite que CPV pactó con los compradores el pago de intereses en caso de incumplimiento, pero subraya que éstos no se están devolviendo porque 'ello supondría un problema con el Banco de España'. 'No somos una entidad bancaria', argumenta.

-Y por qué se pactó algo que no se podía cumplir?

-No lo sé, yo no estaba entonces.

Respecto a las dificultades de los afectados para conseguir la devolución del dinero dado a cuenta, García reconoce que 'en algunos casos se están dando pagarés a 60 días, y en otros, menos tiempo', en función de las necesidades de los afectados. 'Ya hemos devuelto el dinero a unas 950 familias', señala, y advierte, refiriéndose a los denunciantes: 'Si se acude a la vía judicial, la devolución del dinero se retrasará hasta que acabe el proceso'.

-Pero en ese caso, el juez puede dictaminar la devolución del 6% de intereses desde la entrega del dinero-, le indica este periódico.

-Es cierto, porque en ese caso el Banco de España no le puede decir nada al juez-, añade García.

Además de Municio, los otros querellantes son su hermana Lucía, Francisco Cumplido, María Paz Sanz, Fernando Sanz y Elena Barrionuevo. Y los querellados, directivos de CPV, son Miguel Ángel Morillo, Francisco Javier García y Miguel Ángel García. En la querella se indica que la versión que les ha dado CPV es que 'todo el terreno de esas promociones está adjudicado y que no disponen de suelo para construir las casas'.

Los denunciantes están hartos. 'Hay un matrimonio, en el que ella está embarazada, que está viviendo en casa de los padres esperando a ver qué pasa', dicen. García dice comprender el problema en que se encuentran los afectados, pero insiste en que la responsabilidad es ajena a CPV.

El Juzgado de Instrucción numero 8 se ha hecho cargo de esta supuesta estafa, en la que subyace, según los denunciantes, la especulación que está sufriendo el suelo en los nuevos barrios. Un suelo que hace cuatro años valía unas 310.000 pesetas el metro cuadrado se vende hoy a más de 800.000 pesetas, explica Municio.

El director de CPV asegura que las grandes constructoras, Ferrovial y Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, son las propietarias de la mayoría de terrenos de los nuevos barrios y que tampoco éstas están construyendo, de momento, viviendas. 'Están moviendo terrenos, pero, salvo algunas promociones, aún no han empezado a edificar en serio', esgrime.