El Estado podrá vender bienes sometidos a litigio sin esperar a que recaiga sentencia

El Gobierno quiere eliminar las trabas que limitan la venta de patrimonio público. Y tiene prisa en hacerlo. Por eso ha incluido en el proyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que se tramita aceleradamente y casi sin debate en el Parlamento, una serie de modificaciones de la legislación sobre patrimonio del Estado y expropiación forzosa. La más llamativa es la que permite al Estado vender bienes públicos que estén sujetos a litigios judiciales sin esperar a que recaiga la correspondiente sentencia y asumiendo el adjudicatario las consecuencias del pleito.

El proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, más conocido como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, incluye varias modificaciones de las leyes del Patrimonio y de Expropiación Forzosa para facilitar la enajenación de bienes públicos.

La reforma amplía la discrecionalidad de la Administración a la hora de concertar contratos o convenios, al señalar que éstos se regirán 'por el principio de libertad de pactos' e incluirán 'las claúsulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración'.

En concreto, abre la posibilidad de que los contratos de enajanación de patrimonio incluyan la prestación de servicios; admite el pago aplazado, siempre que el plazo no supere los diez años, esté suficientemente garantizado e incluya el interés legal del dinero; y abre la puerta al arrendamiento de inmuebles del Estado en régimen de leasing o alquiler con opción de compra.

Pero la modificación más significativa es la que permite la enajenación de bienes del patrimonio público sujetos a pleito sin esperar a la resolución judicial. Para subastarlos o venderlos, bastará con que en el pliego o expediente de venta se haga constar la existencia del contencioso, haciendo constar 'la plena asunción, por quien resulte adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio'. La ley obliga actualmente a suspender la enajenación de un bien sobre el que alguien reclame ante los tribunales su dominio o derecho de adquisición preferente.

En la misma línea de aumentar la flexibilidad, el Estado se arroga la potestad de cambiar la finalidad de aquellos bienes que haya recibido por donación o herencia condicionada a que se dediquen a determinado objetivo. Para que se considere cumplida la voluntad del donante, bastará con que ésta se haya respetado durante 30 años y 'circunstancias sobrevenidas de interés público' aconsejen cambiar su destino.

Respecto a la ley de Expropiación, el proyecto matiza que, para ocupar un inmueble expropiado, sólo se requerirá el consentimiento del titular para entrar en su domicilio y en locales cerrados al público.