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Editorial:

Un auto audaz

La hipótesis desarrollada en su último auto sobre Batasuna por el juez Garzón es audaz, pero probablemente excesiva. Sostiene, llevando hasta el final la lógica de resoluciones anteriores, que el entramado al que pertenece Batasuna y dirige ETA practica una forma de 'limpieza étnica' destinada a alterar a su favor el censo a fin de asegurarse el triunfo para su opción en un eventual referéndum. Garzón se basa en hechos de los que hay constancia pública, pero, al intentar encajarlos en los preceptos legales, fuerza la realidad y comete errores. Ello no cuestiona lo esencial de su argumentación, pero podría tener efectos negativos sobre la eficacia de la instrucción.

Que existe persecución por parte del entorno de ETA contra personas a causa de sus ideas políticas es algo evidente; también que la inmensa mayoría de los perseguidos tienen en común su condición de no nacionalistas, y que esa persecución ha sido motivo del éxodo de muchos vascos. Existen fuertes indicios de que todo ello forma parte de un designio sobre la depuración del censo. También aparece la idea de censo por adscripción voluntaria, del que la ulterior campaña por el DNI vasco se consideró una derivación.

Garzón admite que será 'complejo' establecer los medios a través de los cuales ETA y Batasuna han 'propiciado la depuración del censo', pero adelanta que la creación de un 'clima de presión e intimidación' forma parte de ese objetivo, y cataloga algunas de las formas de presión utilizadas para empujar a personas de diferentes colectivos (jueces, profesores, ertzainas, periodistas) a abandonar el País Vasco o a fijar la residencia en localidades de las provincias limítrofes. El instructor adelanta que en la causa se 'demostrará' que los métodos empleados son similares a los de la Mafia en Sicilia o a los de los nazis en Alemania.

Alguno de los indicios señalados por el juez desenfoca el problema, como la referencia a la inscripción en el Registro Civil de Bilbao de muchos bebés nacidos en el hospital de Cruces-Barakaldo como si ello fuera fruto de un designio político. Y es incoherente sostener que incluso sin ETA y sin kale borroka sería delictiva Batasuna: el propio auto establece que es la presencia de ETA como última ratio lo que da credibilidad a las prácticas coactivas de su entorno, y ello es fundamental en la identificación que Garzón viene estableciendo entre el brazo político y el militar.

Los delitos difusos que configuran esa coacción se proyectan sobre un colectivo -los no nacionalistas- también difuso, difícilmente encajable en el concepto de 'limpieza étnica' con el que Garzón parece intentar encuadrar la persecución ideológica en el delito de genocidio del artículo 607 del Código Penal o en los de lesa humanidad de la legislación internacional.

Establecer las motivaciones, muchas veces complejas, por las que muchos ciudadanos han abandonado el País Vasco no parece tarea propia de un sumario judicial. Los desplazamientos masivos de población que ha conocido la historia y que justificarían hablar de genocidio o limpieza étnica no son comparables al caso vasco. Esas expresiones pueden emplearse en el lenguaje político para llamar la atención de la opinión internacional frente a la ignorante tolerancia de la que sigue beneficiándose ETA; pero, como concepto jurídico en el marco de un sumario que trata de establecer la relación entre Batasuna y ETA, confunden más que aclaran. Determinar en qué porcentaje se ha reducido el PIB vasco por efecto de la violencia sería interesante, pero tampoco tiene que ver con el objeto de la instrucción.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de avalar la línea investigadora seguida por Garzón, incluyendo las derivaciones en que se ha apoyado el Gobierno vasco para plantear una querella por prevaricación. Y la Ley de Partidos recoge entre los motivos de ilegalización la 'exclusión o persecución de personas por razón de su ideología', que encaja con los comportamientos ahora incluidos por Garzón en su sumario. La demanda de ilegalización de Batasuna sería ocasión de plantear si realiza actividades conducentes a este fin. El objetivo común de acabar con la impunidad perseguido por ambas vías parece alcanzable. Quizás sería conveniente una mayor sobriedad en lo que es razonable intentar probar por la vía penal para evitar polémicas y desenfoques que podrían perjudicar ese objetivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de octubre de 2002