El Gobierno parte el decreto para salvar las pensiones y mete las medidas antidesahucio con el resto del paquete social

Tras varios días de intensas negociaciones con los grupos parlamentarios y entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, el Gobierno ha decidido finalmente aprobar este martes en Consejo de Ministros dos decretos: uno lleva solo la revalorización de las pensiones y las medidas de la Seguridad Social; y el segundo, todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios. Todos ellos iban integrados en un único decreto ómnibus que el Congreso tumbó hace ocho días y que los partidos de la derecha rechazaron, especialmente por estar en desacuerdo con la prórroga del llamado escudo antidesahucios, que entró en vigor durante la pandemia para proteger a las familias más vulnerables.

El Ejecutivo sí tiene los apoyos garantizados para convalidar la subida de pensiones que los jubilados recibieron en la nómina de enero, pero no para este segundo decreto social, con el nuevo escudo antidesahucios, que se ha cerrado con el PNV pero no con Junts y que ya está criticando Podemos por insuficiente. No obstante, La Moncloa confía en poder lograr el voto favorable tanto de la izquierda como de la derecha nacionalista cuando se vote la convalidación en el Congreso, como máximo en un mes. “El Gobierno en todo momento ha considerado que estas medidas son positivas, por eso va a trabajar con el diálogo antes, durante y después para conseguir las mayorías necesarias para que estas medidas vean la luz”, ha asegurado la ministra portavoz, Elma Saiz

La fórmula definitiva ha ido variando en las últimas horas y el debate se ha extendido hasta la reunión del Gabinete. La formación que coordina en el Ejecutivo Yolanda Díaz ya había advertido de la necesidad de no dejar fuera ninguna medida del escudo, aunque este lunes se había abierto a la posibilidad de que se troceara el decreto que decayó la semana pasada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Hasta el último momento, estaba previsto llevar al Consejo de Ministros dos decretos: uno con pensiones y el escudo social, y otro solo con la moratoria antidesahucios, que daba más problemas políticos. Así estaba formulado en el índice del propio Consejo, pero Sumar presionó porque entendía que, si iba sola en un decreto aparte, la protección contra los desahucios iba a caer definitivamente en cuanto llegara al Congreso. La decisión se tomó justo antes de empezar el Consejo de Ministros, en una sala contigua en la que suelen tomar café los ministros antes de entrar a su cita semanal y con el presidente, Pedro Sánchez, de viaje en Dubai. Félix Bolaños (Presidencia), María Jesús Montero (Hacienda) e Isabel Rodríguez (Vivienda), del PSOE, negociaron con Yolanda Díaz (Trabajo), Ernest Urtasun (Cultura) y Pablo Bustiduy (Derechos Sociales), de Sumar, y cerraron este cambio para que el escudo antidesahucios fuera con el resto del paquete social.

“Hemos sufrido presiones, pero llevarlo separado era facilitarle a la derecha votar en contra”, ha justificado el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, en declaraciones a los medios en el Congreso. Ahora, al ir con otras medidas relevantes del escudo social, incluidas ayudas a la dana, por ejemplo, creen que será más fácil convencer a Junts de que lo apruebe.

El escudo antidesahucios se ha suavizado para dejar fuera a los pequeños propietarios, los que solo tienen dos viviendas y alquilan una de ellas como complemento de su sueldo o pensión. Es una reforma pactada con el PNV, pero no con Junts, que no ha querido cerrar ningún acuerdo. Aun así, es un gesto en la línea de lo que reclamaban los independentistas catalanes, y podría facilitar su acercamiento. La portavoz parlamentaria en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado en una entrevista en La Sexta que tendrán que “ver la letra pequeña”. A primera hora, el PNV había anunciado ese acuerdo con el Gobierno para eximir a los caseros con una única vivienda en alquiler en caso de impago. El pacto recoge que las “personas propietarias de una o dos viviendas (o en situación de vulnerabilidad) no se verán afectadas por la prórroga del escudo social y, en tal caso, no se suspenderá el lanzamiento: corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”.

El Ejecutivo también necesita a Podemos, y su secretaria general, Ione Belarra, ha rechazado en redes el acuerdo con los nacionalistas vascos. “Asco absoluto”, ha sentenciado. Urtasun ha defendido que el recorte del escudo antidesahucios afecta a una parte muy pequeña del mercado inmobiliario y que el decreto contempla que las personas desahuciadas tengan este acceso prioritario a una vivienda de protección social.

“El Partido Popular ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia. En Sumar hemos dicho que los derechos no compiten entre sí. No hay derechos de primera o de segunda. Queremos sacarlo todo y demostrar que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país”, han afirmado por la mañana fuentes del socio minoritario de la coalición.

El decreto del escudo incluye las ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar a decenas de miles de familias vulnerables y cortarles los suministros básicos.

El PNV, por su parte, se ha mostrado satisfecho en un comunicado después de que el Gobierno haya ampliado el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, “dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad”.

“Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que “sólo” tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha criticado en un tono muy duro Belarra en X. Más tarde, en declaraciones desde Zaragoza —donde la dirigente ha acompañado a su candidata para las elecciones de este domingo en Aragón, María Goikoetxea— la líder de Podemos ha calificado el pacto de “criminal”.

“Primero pediría calma y ahorrarse las palabras gruesas. Aprobamos cosas que tienen contraprestaciones. Lo estamos viendo en política migratoria”, ha respondido el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Yo no comparto y me parece reprochable socialmente el que haya que excluir a algunos propietarios. Pero hay que ser conscientes de la aritmética parlamentaria. No habrá beneficios fiscales para los caseros y protegeremos a la mayoría de familias que podrían ser desahuciadas”, ha contrapuesto sobre el contenido del decreto.

Agustín Santos, también diputado de Sumar, ha insistido en la Cámara baja en que el “gran problema no está en los pequeños propietarios” y que se debe buscar cómo hacer compatibles los derechos de unos y otros, mientras que para la parlamentaria de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, “no es comparable la situación de un gran tenedor con la de una persona con una vivienda alquilada”. La diputada ha reclamado al Gobierno que garantice que nadie sea desahuciado. Yendo un paso más lejos, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha pedido que parte de las medidas contempladas en el decreto pasen a ser estructurales. “Lo que no puede ser es que estemos todos los años con esta agonía de si se aprueba o no se aprueba. Hace falta establecer los mecanismos de forma estable en la ley. No es entendible que este debate tenga que reproducirse cada año”, ha defendido.