Rato atribuye a CiU la imposición del límite de edad para relevar a Vilarasau en La Caixa

El requisito que exige ser menor de 70 años para ser consejero de una caja de ahorros no se lo inventó el Partido Popular. Ha sido una insistente exigencia de los nacionalistas de Convergència i Unió al Gobierno, según ha reconocido el vicepresidente económico, Rodrigo Rato. El objetivo de la coalición que lidera Jordi Pujol -aunque no personalmente de éste, quien cuenta 72 años- es forzar el relevo del presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, de 71 años, quien no podría así ser reelegido. La medida impulsada por CiU recorta las competencias autonómicas.

La imposición del límite de 70 años de edad a los consejeros de las cajas, que fue anunciada por el secretario de Política Económica del PP, Vicente Martínez-Pujalte el pasado mes de febrero ha colocado en una seria incertidumbre jurídica a la cúpula de La Caixa. Con objeto de esclarecer el futuro institucional de la tercera entidad financiera española, el presidente de honor y miembro de la Comisión Ejecutiva, Juan Antonio Samaranch, ha mantenido durante los últimos meses diversos contactos con el presidente del Gobierno, José María Aznar, el vicepresidente económico Rodrigo Rato y el presidente de la Generalitat Jordi Pujol, según han señalado fuentes políticas y confirmado medios financieros.

Samaranch se entrevistó el pasado junio con el presidente del Gobierno, quien le manifestó que desconocía los detalles de la ley financiera y le remitió al ministro de Economía, Rodrigo Rato, para clarificar los contenidos de la misma. En el mes de julio, Samaranch y Rato trataron el tema en una conversación en la que el titular de Economía dejó claro que la limitación por edad era 'una petición de CiU'. Personas conocedoras de este encuentro precisan que Rato puntualizó que no tendría inconveniente en eliminar dicha limitación si así se lo pedían los nacionalistas, de quien había partido la propuesta.

Rato se ha manifestado en ese sentido en conversaciones no oficiales con la comunidad financiera. Los intentos realizados ayer por este periódico para recabar la opinión del titular de Economía resultaron infructuosos. Otros dos miembros del Gobierno se han mostrado conocedores de los requerimientos de CiU para impedir que Vilarasau siga en la presidencia de La Caixa ante una eventual pérdida de la Generalitat.

Una versión idéntica a la de Rato y los dos ministros es la mantenida por un diputado catalán del PP, quien ha ratificado a este periódico que la 'la limitación se introdujo como un favor a CiU'. El diputado prefirió no ser identificado. Durante los últimos meses Samaranch ha tratado el asunto con Jordi Pujol en varias reuniones, la última celebrada hace pocos días.

El presidente de la Generalitat ha mantenido una posición ambigua para no contradecir las iniciativas del conseller en cap, Artur Mas, impulsor de las medidas intervencionistas orientadas a limitar -en periodo preelectoral- la independencia de su cúpula. En medios de CiU se baraja la posibilidad de que al final prevalezaca el criterio liberal que Pujol ha mantenido y evite el intervencionismo político en la Caixa.

CiU con 'la patata caliente'

La situación es jurídicamente contradictoria. La última enmienda del PP a la Ley Financiera señala que 'los vocales del Consejo de Administración deberán ser menores de 70 años en el momento de la toma de posesión, salvo que la legislación de desarrollo de la presente Ley establezca un límite de edad distinto'. La expresión 'legislación de desarrollo' se refiere a la de las comunidades autónomas con competencias en este sector. El Gobierno y CiU quieren que esta enmienda sea básica, lo cual es inconstitucional, sostienen diversos juristas y la oposición socialista, porque invade competencias autonómicas. Estiman que si el Tribunal Constitucional consideró en 1988 no básico fijar el límite de edad del director general mucho menos lo sería para un consejero. Los expertos ven además incoherente calificar de básica una norma que en el mismo texto remite a otras legislaciones.

La patata caliente ha vuelto a manos de CiU. Si se aprueba la enmienda como norma básica y CiU no legisla, asume un recorte de competencias, a sabiendas de que la oposición recurrirá. Si legisla e impone el mismo límite que la ley del PP, la reclamación de la competencia es un sarcasmo. Una salida sería considerar la enmienda no básica y entonces regiría la norma autonómica que no fija límite. Otra, establecer un régimen transitorio.