De la Torre vuelve a asumir el coste del convenio laboral de Limasa

Por segundo año consecutivo, el equipo municipal de gobierno en Málaga que preside Francisco de la Torre (PP) ha decidido asumir el coste de las mejoras laborales para la plantilla de trabajadores de Limasa, la empresa que gestiona el servicio de limpieza en la ciudad y donde el capital privado es mayoritario. De la Torre anunció ayer que compensará a la adjudicataria del servicio -participada por las constructoras FCC, Urbaser y Sando- con 709.000 euros por el incremento del coste que va a suponer la aplicación del laudo dictado por un mediador designado por la Junta de Andalucía para resolver el conflicto en la negociación del convenio colectivo, un bloqueo que motivó una dura huelga de los trabajadores que acabó con graves desordenes públicos en la ciudad y las calles atestadas de residuos.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida pusieron ayer el grito en el cielo ante esta decisión del gobierno del PP, al considerar que este incremento del coste puede ser asumido por la parte privada, ya que tan sólo en los ocho primeros meses de funcionamiento de la concesión la empresa obtuvo beneficios de más de tres millones de euros.

El portavoz adjunto de IU, José Luis Portillo, pidió la rescisión del contrato, mientras el concejal del PSOE, Francisco Triguero, calificó de 'escandalosa y preocupante' la actuación municipal.

Equilibrio financiero

La concejal de Medio Ambiente, Carolina España, justificó ayer la intervención en la necesidad de 'reestablecer el equilibrio económico y financiero de la contrata', y después que la parte privada y los trabajadores no llegaran a un acuerdo en el seno del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA). A esta organismo acordaron acudir ambas partes, después de que entendieran que era imposible cumplir el laudo dictado por el árbrito designado por la Junta, el catedrático de Derecho del Trabajo, Jesús Cruz Villalón.

El desencuentro partía del segundo día de descanso aprobado para los trabajadores, que reclamaban el sábado y que la empresa aducía que elevaba los costes del servicio. Según el Ayuntamiento, el contrato establecido con la parte privada incluye una cláusula de revisión de precios anuales que no podía superar el IPC, por lo que la empresa se negaba a asumir el sobrecoste de la aplicación de estas mejoras salariales, que establecía además un incremento salarial del 3,9% para este ejercicio y de un punto y medio sobre el IPC en 2003.

Una vez que De la Torre ha decidido asumir, por segunda vez, el coste del acuerdo, ambas partes han logrado firmar un convenio con una duración de dos años. España admitió ayer que el próximo ejercicio se podría dar una situación similar, por lo que no descartó que de nuevo el Ayuntamiento tuviera que compensar a la parte privada.