España aplaude que la UE indague las ventajas fiscales en Gibraltar
Bruselas considera que el paraíso fiscal requiere una investigación 'completa'
A la Comisión Europea no le gusta ni el sistema fiscal que impera ahora en Gibraltar ni el que Londres planea para evitar problemas con Bruselas. Las firmas gibraltareñas, que disfrutan de unas exenciones que están bajo la lupa comunitaria, pagarían en el futuro un máximo del 15% de sus beneficios, lo que mantendría su clara ventaja respecto a las establecidas en el Reino Unido. De ahí que el comisario de la Competencia, Mario Monti, anunciara ayer formalmente la apertura de una investigación que requiere ser 'completa' y que España sigue con 'mucho interés', en expresión de la ministra de Exteriores, Ana Palacio.
Las anteriores llamadas de atención desde Bruselas sobre el sistema fiscal de Gibraltar y, sobre todo, el procedimiento abierto en julio del año pasado, han llevado al Reino Unido a proponer una alternativa que tampoco convence a la Comisión Europea porque pueden suponer ayudas de Estado que dificultan el mercado único. Dicha alternativa consiste en obligar a las empresas a pagar un impuesto de 3.000 libras por empleado y año y a un impuesto sobre la superficie ocupada. El impuesto total, sumando ambos conceptos, no excedería del 15% de los beneficios de las sociedades ni sería superior a las 500.000 libras (750.000 euros).
Tales limitaciones al impuesto de sociedades es lo que plantea serias dudas a los servicios de la Competencia en Bruselas, que ven cómo las sociedades gibraltareñas (29.000) disfrutarían de ventajas que no tienen ni siquiera las sociedades radicadas en el Reino Unido, donde dicho impuesto es del 30%. En otros países, como España, dicho impuesto se eleva hasta el 35% de los beneficios. En el caso gibraltareño y bajo el nuevo esquema, este tope del 35% sólo lo pagarían las empresas de servicios públicos (telecomunicaciones, agua, saneamiento, electricidad, petróleo).
Datos oficiales españoles confirman que Gibraltar es un auténtico paraíso fiscal: el Peñón es el quinto inversor en Rusia, por ejemplo, sólo por detrás de Estados Unidos, Chipre, Alemania y Holanda y por delante de España o Italia.
Fuentes oficiales españoles acogieron con satisfacción la iniciativa de Bruselas. La ministra Ana Palacio afirmó en la comisión de Exteriores del Senado que España sigue con 'mucho interés' este asunto. España ha denunciada reiteradamente a Gibraltar como centro internacional de contrabando y blanqueo de dinero. 'Da igual que la investigación no se haya iniciado antes', decía ayer el eurodiputado socialista Luis Berenguer. 'Lo importante es que se haya empezado ya y que, desde luego, ésta es una buena fórmula para luchar contra los paraísos fiscales'.
En esta guerra abierta a los paraísos fiscales que ha puesto en marcha el comisario de la Competencia Mario Monti, Bruselas declaró también ayer ilegales los regímenes fiscales especiales de Luxemburgo en favor de los centros de coordinación y las sociedades financieras. Aunque tales regímenes fueron suprimidos en 1996, Bruselas mantiene que un cierto número de sociedades luxemburguesas siguieron beneficiándose hasta finales de 2001.
Respecto a la investigación sobre el nuevo régimen fiscal gibraltareño, el Reino Unido puede ahora hacer sus alegaciones, al igual que otros países miembros de la UE que, como España, consideren que tal sistema les perjudica. Aunque las propuestas de Londres planteen dudas, Mario Monti valoró el hecho de que Londres haya tomado la iniciativa de revisar el sistema tributario.
Por otro lado, la Comisión Europea autorizó también ayer dos importantes ayudas de Estado concedidas en España. La primera procede de Asturias, que ha decidido bonificar la creación de puestos de trabajo en el sector del transporte durante 2001 y 2002 y la segunda es la ayuda del gobierno autónomo vasco, de 3,1 millones de euros otorgados al grupo vasco Alfa Lan, dedicado a la microfusión de aluminio, la fusión de precisión de acero y maquinaria agrícola, entre otras actividades. Para la Comisión Europea, ambas iniciativas respetan las normas comunitarias y van a favorecer el empleo.
Sin vínculo con la soberanía
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, insistió ayer en la necesidad de separar absolutamente la investigación de la Comisión Europea sobre las exenciones fiscales en Gibraltar de las negociaciones que se mantienen con Londres para acordar un estatuto político diferente para la colonia británica. A este respecto Palacio señaló que la competencia sobre las fiscalidad en el Peñón corresponde a la Unión Europea y que lo que se negocia entre Londres y Madrid en el llamado Proceso de Bruselas está 'muy acotado'. El objetivo de los gobiernos español y británico es 'resolver un contencioso histórico que ya es suficientemente complejo'.
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