Respuesta común

Al menos desde la cumbre de Tampere (Finlandia, 1999), que sirvió de pretexto al Gobierno español para promover su segunda Ley de Extranjería, la Unión Europea ha venido tomando conciencia de la necesidad de articular una política común sobre inmigración, principalmente en materia de control de fronteras y en el esbozo de una legislación básica contra las mafias que trafican con la inmigración ilegal. La cumbre de Sevilla, en junio pasado, dio un impulso a este propósito político, aprobando una serie de iniciativas conjuntas con calendario preciso.

Desde el 26 de septiembre, Gran Bretaña, Italia, Grecia y España han asumido el compromiso de realizar controles conjuntos contra la inmigración irregular en aguas del Mediterráneo. Y la Comisión Europea está a punto de aprobar una directiva con indicaciones precisas sobre la sanción penal que debe imponerse en la UE a los miembros de las mafias que trafican con seres humanos. Ambas medidas son congruentes con el propósito de reducir una inmigración clandestina que a menudo deja tras de sí un rastro de muerte. Pero el control común de la frontera exterior de la UE -habrá otras operaciones conjuntas en aguas del Báltico y del mar del Norte- exige, si quiere ser efectivo, la cooperación de los países de tránsito y de origen del inmigrante indocumentado, no sólo para dificultar su entrada, sino, sobre todo, para facilitar su repatriación. En el caso de España, ésta sería una razón más para normalizar cuanto antes las relaciones con Marruecos.

Pocas dudas caben sobre la necesidad de endurecer la legislación penal contra quienes trafican con seres humanos, sobre todo cuando se sabe que un altísimo porcentaje de la inmigración ilegal para por sus manos. La Comisión Europea propone una pena mínima de ocho años de cárcel para estos modernos negreros. En dos años, los Quince deberán reformar sus códigos penales, lo que en España supondrá cuadruplicar las actuales penas. Pero una política común sobre inmigración basada sólo en medidas policiales y de seguridad es una respuesta insuficiente a una de las cuestiones decisivas de nuestro tiempo. Las cumbres de la UE también contemplan medidas de acogida y de amparo legal al inmigrante, que deben formar parte cuanto antes de esa política común recién estrenada.