La Asociación Americana de Juristas de Derecho Canónico desaprueba la política de 'tolerancia cero'

La Asociación Americana de Juristas de Derecho Canónico (integrada tanto por juristas de la Iglesia como laicos) concluyó este fin de semana que la política de tolerancia cero aprobada por el Sínodo Episcopal de EEUU en junio contradice los preceptos legales eclesiásticos e 'inevitablemente conducirá a una violación de los derechos de los sacerdotes acusados'. Los juristas señalaron en la reunión celebrada en Cincinnati que la urgencia con que los obispos actuaron para aplacar el escándalo de pederastia les ha puesto en 'rumbo de colisión' con el derecho canónico.

La Asociación de Juristas de Derecho Canónico opina que la premisa central de la política de tolerancia cero -según la cual un sacerdote acusado de 'un solo acto creíble de abuso sexual será suspendido sin importar si sucedió hace 40 años'- viola el principio sobre prescripción de delitos, recogido tanto en el derecho canónico como en el civil.

También sostienen que el Sínodo Episcopal de EE UU se ha atribuido la potestad de suspender permanentemente a un sacerdote que, de acuerdo con el derecho canónico, sólo le corresponde al Vaticano, salvo en casos en los que exista un proceso judicial. El tercer punto de la nueva normativa que los juristas consideran errado es la divulgación de los nombres de los acusados, a los que el derecho canónico les garantiza la confidencialidad mientras no se demuestre su culpabilidad. 'Nuestra primera preocupación son las víctimas, pero en todo esto hay otro grupo de víctimas que son los sacerdotes falsamente acusados, a los que se les están negando las garantías procesales. E incluso los que están correctamente acusados deben estar protegidos por el derecho a la defensa', expuso Charles Guarino durante la reunión.

Otros juristas subrayaron que, mientras en el derecho canónico la suspensión es la última opción, en la política adoptada por los obispos de EE UU es la 'única medida de castigo' que se aplica de forma automática cuando se producen alegatos. Y mientras que las leyes de la Iglesia otorgan a los acusados el derecho a responder y a tener representación legal, desde que se desató el escándalo, raramente se han observado esas garantías. 'El Sínodo Episcopal reaccionó de una forma refleja a la furia de la sociedad', afirmó Guarino.

El detonante del escándalo de pederastia que la Iglesia católica de EE UU ha vivido este año fue el caso de ex sacerdote John Geoghan, acusado de abusar de más de 130 niños en parroquias de Massachusetts. El diario The Boston Globe lo destapó en enero y, desde entonces, no cesaron de aparecer nuevas acusaciones contra otros sacerdotes tanto en Boston como en el resto del país.