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Los socialistas demandan al alcalde de Madrid por uso indebido de 384.000 euros de una cuenta restringida

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una demanda del PSOE contra el uso por el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (del Partido Popular), de una cuenta restringida municipal entre los años 1992 y 2000, y que, según el escrito, utilizó como 'caja b' para disponer sin control, 'libérrimamente e ilegalmente', de la cantidad de 384.000 euros de fondos públicos. El PSOE discrepa del informe de un letrado del Tribunal de Cuentas, que minimizó los daños al erario público.

El letrado del tribunal que investigó la denuncia inicial del PSOE dio por buenos el pasado abril la mayoría de los pagos, pese a que diagnosticó una 'clara irregularidad en la gestión del gasto' de la cuenta, al eludir el 'control interno preceptivo'. Aunque el alcalde donó 18.000 euros sin factura, el instructor sólo le pidió reintegrar a las arcas municipales 406 euros por un viaje privado a la boda de un hijo del ex diputado del PP Luis Ramallo en Badajoz.

Le reprochó también, 'por razones de austeridad', que gastase 25.000 euros en viajes de su esposa, sin estatus oficial alguno, pero no pidió su reintegro. El instructor admitió, incluso, 'el riesgo de que las cantidades pagadas fueran destinadas a cualquier fin sin el preceptivo control de la intervención'.

El PSOE rechaza tan 'benévolo' juicio, por entender que la propia investigación evidenció que tal riesgo se consumó y se materializó en múltiples pagos irregulares que violaron todas las normas de control presupuestario. Por ello, el PSOE insta ahora al Tribunal de Cuentas a que se pronuncie 'sobre la legalidad del procedimiento de gestión' de la cuenta restringida del alcalde de Madrid durante todo el periodo en que la utilizó sin control (entre los años 1992 a 2000), y no sólo sobre el periodo que enjuició el instructor (entre 1995 y 1999).

Vaciamiento de la normativa

El PSOE considera en su escrito de demanda contra Álvarez del Manzano que, 'de aceptar la legalidad de estas actuaciones, negando la existencia de alcance [saldo deudor injustificado en una cuenta pública o falta de justificación sobre su gasto], el Tribunal de Cuentas estará vaciando de contenido toda la normativa presupuestaria, pues sería imposible asegurar el cumplimiento de los fines a los que dicha normativa sirve'.

'Si se aceptara la realización de gastos carentes de la mínima justificación', añade, 'se estaría posibilitando que cada alcalde destinara dinero público a la financiación de actividades que, según su opinión personal e incontrolada, merecieran especial protección, lo que posibilitaría el pago de sobresueldos a funcionarios, la realización de donativos a partidos políticos, la realización de compras al margen de los procedimientos de contratación pública o cualquier otra utilización'.

La denuncia enumera los pagos supuestamente irregulares y cifra el daño al erario público, 'como mínimo', en 183.000 euros. Los principales capítulos son viajes privados del alcalde y familia (636 euros), viajes de la esposa del alcalde en desplazamientos oficiales de éste (24.000 euros), compra de joyas (2.000 euros), donativos a una costurera (2.600 euros), donativos a entidades religiosas (75.000 euros) y donativos a receptores no identificados (18.000 euros).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de octubre de 2002