Un subsidio que no sale caro

El subsidio agrario no sale caro a las arcas públicas. Ésa es al menos la conclusión de los sindicatos, que no encuentran razones económicas para que el Gobierno central mantenga su intención de eliminar a medio plazo este sistema de prestaciones específico para los jornaleros andaluces y extremeños. Al presentar el decretazo, el Ministerio de Trabajo hizo especial hincapié en que la extinción del subsidio no iba 'a afectar al gasto público'. Pero, a continuación, en ese primer documento dado a conocer en mayo expuso razones que apuntaban a un exceso de gasto -'el número de perceptores ha crecido en más de 65.000 personas entre 1984 y 2001'-. Y sobre todo, recalcaba que el sistema 'frena toda iniciativa personal y empresarial, creando una cultura de subsidio que impide un desarrollo competitivo'.

En los presupuestos de 2002 hay 985 millones de euros para el subsidio; en 2003, 925

Frente a lo dicho por el Ministerio, la entrada en vigor del decretazo sí va a significar una reducción del gasto público, que se aprecia en los Presupuestos de 2003. Si este año había previstos 985 millones de euros para el subsidio agrario, el próximo año habrá 925, un descenso del 6,2% que refleja ya los efectos de la decisión del Gobierno: según el Sindicato de Obreros del Campo, más de 4.000 jornaleros que han echado en estos cuatro últimos meses las 35 peonadas que se exigen para cobrar el subsidio no podrán acceder a esta prestación por haber quedado fuera del sistema.

El Ejecutivo expulsa del sistema a todos aquellos jornaleros que no lo habían cobrado en alguno de los tres últimos años. Para ellos, y para los jornaleros del resto de España, ha diseñado un modelo alternativo (un mínimo de 360 peonadas para tener derecho a tres meses de prestación), que ningún jornalero estará en disposición de cumplir este año.

Los jornaleros del subsidio agrario están ligados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, específico para Andalucía y Extremadura (que concentran el 75% de los jornaleros españoles), y que tiene dados de alta a casi 600.000 trabajadores. De ellos, según los cálculos de UGT y CC OO, sólo han recibido el subsidio agrario unas 233.000 personas. El subsidio da derecho a cobrar 325 euros mensuales durante medio año si se presentan las 35 peonadas; pero la media es de menos de cinco meses (1.625 euros por jornalero y año).

Los sindicatos recuerdan, además, que este subsidio no es una ayuda directa del Estado. Como cualquier prestación de la Seguridad Social (que tendrá un superávit de 3.000 millones este año), se corresponde con una cotización del trabajador.

En el caso del Régimen Especial Agrario, los 600.000 jornaleros deben pagar una cartilla agrícola (66 euros mensuales), que también da derecho a una pensión de jubilación mínima. Según los cálculos de los técnicos de UGT y CC OO 'este régimen sólo beneficia a los empresarios agrarios, quienes aportan una cotización inferior al 50% de la habitual en el régimen general, mientras que los jornaleros cotizan un 150% más con relación a lo cotizado con el mismo salario en el régimen general'.

Así pues, los sindicatos, que no ven lógico que, a partir de las 35 peonadas, todos los jornaleros reciban el mismo subsidio independientemente de los días trabajados (40 o seis meses), también quieren la reforma del subsidio agrario, pero de otro modo. UGT y CC OO abogan por un sistema alternativo y voluntario, con un régimen de cotización similar al general, pero mucho más equilibrado que el propuesto por el Gobierno, que consideran irrealizable: para juntar 360 peonadas y cobrar tres meses de paro, los jornaleros tendrían que pasar varios años sin derecho a prestación durante los meses que no hay cosecha, lo que, según su criterio, causaría un nuevo éxodo rural.

Algunas otras decisiones de gasto público, por comparación, cuestionan la importancia estratégica del subsidio agrario para las arcas públicas. El SOC llama la atención sobre la enorme inyección de recursos que reciben los propietarios agrícolas (los empleadores de los jornaleros) de las arcas comunitarias sin ninguna exigencia sobre la generación de empleo: unos 250.000 propietarios andaluces reciben cada año más de 1.500 millones de euros de subvención directa, una cifra que supera holgadamente los 6.000 millones en todo el territorio español.

En su última concentración, ante la sede del Partido Popular andaluz, los jornaleros del SOC también recordaron la diferencia en el trato con otros colectivos, como los trabajadores de la empresa minera Hunosa, habitual de las ayudas públicas, en la que el Gobierno central acaba de invertir 420 millones de euros para saldar su deuda y garantizar así el mantenimiento de 3.000 puestos de trabajo. O los 540 millones empleados en reflotar la empresa vasca BWE en 2000 para venderla a una firma alemana, a los que se añadieron otros 144 para prejubilar a 500 trabajadores.

El sector industrial atesora otros ejemplos, como los 276 millones de euros inyectados por el Gobierno a Seat para remontar la crisis de 1993, de los que se benefició Volkswagen, o los 240 en los que la Junta cifró su plan para Santana Motor, que quedó con menos de medio millar de trabajadores. Y recientemente, ambas Administraciones se comprometieron a poner 30 millones para el plan de prejubilaciones de 300 mineros de Boliden.