Insulto a la inteligencia

La rectificación del decretazo ha sido la noticia de la semana política en toda España y, en consecuencia, también en Andalucía (y en Extremadura). Pero en nuestra comunidad lo ha sido de manera distinta. En términos jurídicos podríamos decir que en el resto del Estado se ha puesto fin al pleito entre el Gobierno y los sindicatos por el desistimiento de una de las partes. El Gobierno ha renunciado a seguir adelante con su reforma, parcial pero importantísima, del mercado de trabajo, retornándose con ello a la situación jurídica en la que se encontraban los trabajadores antes del decretazo, que es lo que los sindicatos habían venido reivindicando desde el momento de su aprobación.

Al rectificar casi en su integridad el 'decretazo', el Gobierno se ha quedado sin argumentos para justificar por qué no ha rectificado en lo relativo al subsidio agrario

En Andalucía, por el contrario, el pleito sigue vivo. Parcialmente, pero vivo, ya que la posición jurídica de los trabajadores del campo andaluz y extremeño no ha retornado al momento anterior al decretazo. Éste es el único punto en el que no se ha producido la rectificación del Gobierno.

Por qué ha sido así es algo que no resulta fácilmente explicable y que, en todo caso, no ha sido explicado. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, afirmó que se había llegado en la rectificación todo lo lejos que se podía llegar, pero no explicó por qué a lo único que no se podía llegar era a rectificar la supresión del subsidio agrario y el PER. No se ha dado ninguna razón, ni cuantitativa ni cualitativa, que nos permita entender por qué es así. ¿Es el volumen de recursos que consumen el subsidio agrario y el PER lo que los hace insoportables? ¿Es que son un obstáculo para la modernización del campo andaluz y extremeño que los condena a permanecer para siempre en la situación en la que se encuentran? ¿O es la existencia de un accidente geográfico, como Despeñaperros, lo que justifica la decisión?

Es de suponer que el Gobierno dispondrá de algún argumento con el que justificar la supresión, pero ni lo conocimos en el momento de la aprobación del decretazo ni lo hemos conocido tampoco tras su rectificación. La medida se ha tomado porque sí, porque se dispone de la mayoría parlamentaria para adoptarla y para mantenerla. Para los trabajadores del campo andaluz y extremeño se ha hecho gala por parte del Gobierno del mismo autoritarismo en el momento de la aprobación que en el de la rectificación.

La irritación que provoca la parcialidad territorial de la decisión del Gobierno es difícilmente soportable. Hubo un plus de agresión a Andalucía y Extremadura en el momento de la aprobación del decretazo, en la medida en que al recorte de derechos general en el conjunto del Estado se añadía un recorte particular para los trabajadores del campo andaluces y extremeños y ha vuelto a haber, no ya un plus de agresión en el momento de la rectificación, sino una concentración de la agresión en estas dos comunidades autónomas. Se pone fin al contencioso y se alcanza una pacificación en el resto del Estado, mientras que se mantiene la agresión y se impone la continuación del conflicto en Andalucía y Extremadura.

¿Por qué? ¿Por qué esta concentración territorial de la agresión? ¿Por qué este ensañamiento con una parte de la población trabajadora que se concentra en dos comunidades autónomas?

No hay que ser ningún experto en economía para darse cuenta de que el mantenimiento de la supresión exclusivamente del subsidio agrario y el PER carece de toda racionalidad. Es discutible si el conjunto de medidas contenidas en el decretazo podían suponer una mejora de nuestro mercado de trabajo y podían, en consecuencia, mejorar el empleo en nuestro país, como argumentó el Gobierno en su momento. Pero lo que no es discutible es que ninguna mejora cabe esperar de la retirada de todas las medidas y el mantenimiento de una de ellas exclusivamente.La supresión del subsidio agrario y el PER podía tener sentido como una pieza más dentro del conjunto de medidas contenidas en el decretazo, pero carece de todo sentido como una pieza única de reforma del mercado de trabajo. Afirmar que se puede llegar a rectificar todo, desde los salarios de tramitación al tratamiento de los fijos discontinuos, pero que no se puede llegar a rectificar el subsidio agrario y el PER, es un insulto a la inteligencia.

Al rectificar casi en su integridad el decretazo, el Gobierno se ha quedado sin argumentos para justificar por qué no ha rectificado en lo relativo al subsidio agrario y el PER. La supresión de estos últimos no era, ni de lejos, lo más importante del decretazo. Era una medida particular 'complementaria' de una reforma de carácter general, que nunca se habría adoptado al margen de ella. ¿Por qué corregida la reforma general se mantiene la medida particular? ¿Por qué se puede corregir el todo, pero no una de sus partes, que no era ni siquiera la más significativa?

Los interrogantes de esta índole podrían multiplicarse y no hay forma de responderlos con una racionalidad objetiva, esto es, de naturaleza económico-laboral. El efecto de la supresión del subsidio agrario y el PER es insignificante en la economía española y en el mercado de trabajo español. No tiene ningún sentido decir que no se rectifica en esto porque no se puede.

La no rectificación en este aspecto del decretazo tiene toda la pinta de un 'castigo' a unas comunidades 'rebeldes', parecido al que supuso el no reconocimiento del censo a efectos de financiación o el impago del 2% en la liquidación final de la participación en los ingresos del Estado en los últimos cinco años.