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El fraude en los cursos de la UGT de Málaga pasa a la Audiencia Nacional

El juzgado que investigaba el caso se ha inhibido a petición de la fiscalía

Las presuntas irregularidades en los cursos de formación organizados por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Málaga serán investigadas por la Audiencia nacional. El juzgado de instrucción número 9 de esta ciudad se ha inhibido en favor de la alta instancia judicial y ha remitido la causa a Madrid, como pedía la fiscalía. El auto argumenta que puede haber otros casos aparte del de esta provincia.

En las diligencias están imputados tres dirigentes de la federación y el director de una academia malagueña a los que se acusa de falsificar firmas para 'inflar' cursos y cobrar por más alumnos de los que en realidad existieron.

En su auto, el juzgado malagueño recuerda que hay abiertas diligencias similares en el juzgado central de instrucción número 3 de Madrid y que, como las irregularidades pueden abarcar 'otros territorios distintos al de la provincia de Málaga' y afectar 'a la economía nacional', procede su acumulación. Manos Limpias, el sindicato que denunció el presunto fraude a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que originó la investigación, pidió también la semana pasada que la causa se remitiera, junto con otra similar de Cádiz, a la Audiencia nacional.

Las diligencias se iniciaron en 2000 después de que la comisaría provincial constatara falsificaciones de firmas de alumnos e incluso cursos cobrados que ni siquiera se impartieron. De los casi 600 testigos a los que la policía tomó declaración, la mitad negó haber asistido a las clases.

El juzgado número 9 abrió una investigación por falsedad, apropiación indebida y malversación de fondos públicos centrándose en los cursos dictados entre los años 1997 y 1999. En la causa, fueron imputados el ahora ex secretario de la FSP, Francisco Povedano, otros dos dirigentes que por entonces ostentaban cargos de responsabilidad en la federación y el director de la academia Sustrebla donde se impartía la formación.

Cuando Povedano fue llamado a declarar en noviembre del año pasado, negó los cargos. Dijo que era la FSP andaluza la que supervisaba los cursos y recibía las subvenciones, y que la causa era 'un ajuste de cuentas interno del sindicato' derivado de los dos sectores en que estuvo dividida la UGT malagueña ante el congreso de 1998. También precisó que las hojas de asistencia eran remitidas en blanco a la academia y firmadas por cada alumno sin que nadie del centro o del sindicato estuviera presente. Povedano aseguró que el único control de las firmas lo hacía el profesor y que la subvención era la misma al margen del número de estudiantes del curso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de octubre de 2002