Un concejal colocó a su hija en una de las firmas del desfalco a Mercalicante

Juan Zaragoza, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, del PP, y vicepresidente de la empresa mixta Mercalicante, colocó a una de sus hijas en Tenos, una de las sociedades implicadas en el supuesto desfalco de tres millones de euros cometido por Emilio Clavero, ex gerente de la entidad. Mónica Zaragoza Blanco trabajó para Mercalicante en 1999 como auxiliar administrativo. Más adelante, fue contratada por Tenos y ahora trabaja para la empresa LAF, que factura para Mercalicante. El edil dijo ayer que, a su juicio, no es ilegal.

Juan Zaragoza, uno de los tres ediles del PP en el consejo de administración de Mercalicante, junto con el alcalde, Luis Díaz Alperi, y José María Rodríguez Galant, admitió ayer a EL PAÍS que su hija Mónica Zaragoza Blanco trabajó para una de las firmas implicadas en el supuesto desfalco de Mercalicante, en concreto la sociedad Tenos, encargada de desarrollar el proyecto de comercio electrónico de la entidad. Las otras tres empresas en las que supuestamente se apoyó el ex gerente para cometer el desfalco son Intercom, SL, Inver, SL, e Intermark, SL, con las que Mercalicante firmó contratos de arrendamiento de las naves frigoríficas. Mercalicante ha presentado una querella contra las cuatro firmas, basada en las conclusiones de una auditoría realizada por Pricewterhouse.

Zaragoza manifestó ayer que, en principio, fue ajeno a la entrada de su hija en Mercalicante. 'Cuando me enteré de que trabajaba allí [en Mercalicante] le comenté que tendría que dejarlo por mi condición política y cargo en la empresa', relató. Mónica dejó la plantilla de la entidad mixta, pero a continuación ingresó en la nómina de la sociedad Tenos, empresa en la que trabajó por espacio de unos seis meses. Tenos se estableció en Alicante en el año 2000, justo cuando Mercalicante le adjudicó el proyecto de comercio electrónico de la empresa.

El proyecto está también plagado de un sinfín de irregularidades, según el informe auditor. Entre las supuestas anomalías destaca el uso de las ayudas públicas, en concreto 1.310.970 euros otorgados por la Generalitat Valenciana para diversas fases del proyecto, que finalmente no se ejecutaron.

El concejal de Comercio dijo más adelante que, una vez descubiertas las supuestas irregularidades en la gestión de Clavero, aconsejó, de nuevo, a su hija que saliera de Tenos. Y Mónica fue contratada por la firma Logística Alicantina del Frío (LAF), que igualmente factura para Mercalicante, aunque en este caso no está implicada en irregularidades. LAF realquiló la nave de frigoconservación de Mercalicante a las sociedades Intercom, Inver e Intermak.

Zaragoza relativizó este currículo laboral de su hija Mónica en Mercalicante y otras empresas relacionadas con la entidad, porque, a su juicio, no ha incurrido en ninguna irregularidad ni ilegalidad. El edil popular abundó en que no hay responsabilidades políticas en el caso Mercalicante. Para Zaragoza, el supuesto desfalco fue producto de la 'habilidad' del ex gerente. 'Nos engañó a todos', aseveró.

El equipo de gobierno del PP, con el alcalde Díaz Alperi a la cabeza, insiste en rechazar responsabilidades políticas en el escándalo financiero de Mercalicante y apunta al ex gerente como máximo responsable. No obstante, Clavero no actuó en solitario, sino que se creó un entramado de empresas para enmascarar los balances de su gestión.

La dirección de Mercalicante no es ajena a este hecho y de ahí que haya ampliado la querella contra el ex gerente a los representantes de las cuatro sociedades en las que se apoyó Clavero. Según la auditoría de Pricewterhouse, uno de los pilares de la trama se urdió en torno a la construcción de una nave frigorífica que inauguró en 2000 el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Durante la ejecución de las obras, Mercalicante firmó tres contratos de arrendamiento de las instalaciones a las firmas Intercom, Inver e Intermark.

Los contratos vencen en 2025 y, según la auditoría, los ingresos que proporcionan son inferiores al coste de las naves. El informe señala que los primeros arrendatarios realquilaron a una cuarta firma, LAF, logrando un beneficio de 36 millones anuales y sin informar ni compensar a Mercalicante.