'En España hace falta más política social, y puede haber perfectamente más política social'

Pregunta. Usted siempre habla de 'cambio tranquilo', pero la verdad es que los sondeos han empezado a reflejar una subida del PSOE cuando ha empezado a hacer una oposición más firme, contra el decretazo o las reformas educativas.

Respuesta. El balance más importante de estos dos años es que hemos renovado el Partido Socialista y le hemos dado gran cohesión interna. En el Partido Socialista ya no se habla de barones, ni de aparato, ni de familias. Se habla de dirigentes, de políticas y de la expectativa de ser mayoría en la ciudadanía. Eso ha sido una parte fundamental del trabajo que hemos hecho. Antes me decían: 'Dales caña'. Ahora me dicen: 'No cambies'.

P. En los últimos tiempos ha anunciado que si gana las elecciones va a derogar unas cuantas leyes: la de reforma universitaria, la de calidad de la enseñanza; la reforma del desempleo...

'Lo que no cabe en este país es un recorte de becas, porque hipoteca el futuro'

R. El decretazo a lo mejor lo deroga el Gobierno y ya no hace falta que lo hagamos nosotros.

P. ¿Qué cambiaría del decretazo?

R. El decretazo contiene una filosofía de recorte de derechos, más allá de las concreciones, con la que estamos en desacuerdo. La filosofía del decretazo es aplicar al Estado del bienestar una concepción casi de beneficencia. Ésa es la clave de fondo de todo el debate. Si una persona cotiza al desempleo mientras trabaja, tiene derecho al desempleo, no puede estar sometida al arbitrio del INEM, a que le haga ofertas de trabajo que le supongan penalizar y castigar esos derechos.

P. ¿Sigue manteniendo que derogará la ley de universidades?

R. La LOU es una ley burocrática, que no contempla el futuro de la Universidad. La cambiaremos para hacer otra que tenga el consenso de la comunidad universitaria y que no sea un corsé organizativo y funcional.

Y también cambiaremos la ley de calidad de la enseñanza, si llega a aprobarse como está ahora. La derogaremos porque será la primera ley de la democracia en materia educativa que recorta derechos, establece un principio de segregación y se rinde ante el fracaso escolar, en vez de reforzar su prevención. Acabamos de presentar el texto alternativo, que contempla la participación activa de la familia en el destino educativo de los niños, de los adolescentes. Queremos reforzar, como se hace en centros concertados, los horarios por la tarde para aquellos alumnos que tengan más dificultades. Queremos una escuela pública que sea la que garantice la igualdad de oportunidades, de la máxima calidad, y volcada en la lucha contra el fracaso escolar.

P. Las dos reformas cuestan dinero...

R. En cinco años tenemos que acercarnos a la media de gasto europeo en educación. Ése es el compromiso, que significa subir casi un punto en términos de PIB.

P. Más de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas) en cinco años.

R. Sí, exactamente.

P. ¿Eso cabe con el sistema actual de impuestos?

R. Lo que no cabe en un país como España es que tengamos un recorte de becas. Lo que no cabe es que tengamos un 40% de precariedad en el empleo, un sistema de investigación y desarrollo que es el que menos financiación tiene en toda Europa. Eso es lo que no cabe, porque estamos hipotecando el futuro y porque tenemos necesidades sociales muy evidentes.

P. ¿Cuál es el compromiso en materia fiscal compatible con todo esto?

R. Es bastante sencillo: suficiencia para el Estado del bienestar, básicamente educación, sanidad, sistema público de pensiones y política de ayuda a las familias. En segundo lugar, un sistema que equilibre los ingresos entre el trabajo y el capital. Hay que cambiar la tendencia a perjudicar a las primeras y beneficiar a las segundas, algo que ha marcado claramente la política del PP. En tercer lugar, creemos que la fiscalidad verde es un elemento a incorporar en una fiscalidad moderna. Este país tiene riqueza suficiente para tener un desarrollo social más amplio, tiene ciudadanos suficientemente capacitados para ganar la batalla de la innovación tecnológica y de la formación. En este país la cultura de la estabilidad en el empleo puede volver a ser una cultura dominante en la sociedad y en las empresas.

P. Algunos piensan que puede usted tener dificultades para cumplir todo lo que promete.

R. Cuando llegue el momento de presentar el programa electoral, se podrá discutir a fondo nuestra oferta y su letra pequeña. Lo que estamos haciendo ahora es marcar un rumbo alternativo al de la política del Gobierno, denunciando lo que ha sido un abandono de muchas políticas públicas: en el caso de la seguridad ha sido manifiesta y evidente, y es la expresión de una política antisocial. Sólo en Madrid hay 1.000 policías nacionales menos, y 7.000 efectivos de seguridad privada más. En Madrid hay 211 empresas de seguridad privada y 27 comisarías de policía nacional. Este es el resultado de una política neoliberal en materia de seguridad.

Y voy más allá: el deterioro de la seguridad pública, el deterioro de la educación pública y de los servicios públicos es malo para el Estado y para la cohesión de nuestro país. Los Estados cohesionan los países con políticas públicas solidarias. Para nosotros, la seguridad es la principal obligación de un Estado, la principal. Y la seguridad, además, es una de las ideas centrales de lo que denomino el socialismo de los ciudadanos: queremos que la gente se sienta segura en la calle y en el trabajo.

P. ¿Qué entiende por sentirse seguros en el trabajo?

R. Ese ha sido, precisamente, otro exponente de abandono de políticas públicas, de abandono de la inspección, de dejar a las empresas que hagan subcontratas como quieran, de dejar una parte de la economía sin control: 600 trabajadores muertos en los primeros seis meses de este año como consecuencia de accidentes laborales. Seguridad en el trabajo es también no tener un 40% de empleo precario.Estamos hablando de un país que todavía tiene dos, tres puntos por debajo del gasto público de la media europea, algunos de cuyos gobiernos están ocupados por la derecha desde hace mucho tiempo. En España hace falta más política social y puede haber más política social. Hace falta un Estado con buenos servicios públicos, servicios públicos capaces. Se puede conseguir perfectamente. Es una cuestión de vocación política y de voluntad política.

P. ¿Sigue siendo cierto que en la izquierda cabe la idea de bajar los impuestos?

R. En la izquierda nos parece progresista tratar bien las rentas del trabajo en comparación con las rentas del capital. Es injusto que un ciudadano, como consecuencia de su actividad laboral tenga que pagar más ingresando lo mismo que un ciudadano que obtenga su renta del capital o los beneficios del capital. Eso hay que equilibrarlo. Nosotros vamos a poner todo el empeño.

P. ¿El tipo único sigue siendo una propuesta posible?

R. Los sistemas fiscales en general, y tenemos frente a nosotros un deseable horizonte de armonización fiscal europea, caminan precisamente hacia la unificación de los tramos, hacia su reducción. Nosotros estamos con esa idea.

P. ¿Puede hacer algo un Gobierno frente al derrumbe de las bolsas?

R. Lo que debería haber es una explicación de Rato y de Montoro, dos personas que alentaron a los españoles para que invirtieran sus ahorros en Bolsa. Muchos de esos ciudadanos han quedado con la mitad de lo que invirtieron e incluso hay personas que pidieron créditos para invertir en grandes empresas privatizadas. ¿Por qué no explican Rato y Montoro qué ha pasado? ¿Por qué no explican que la caída de la Bolsa y de los valores de muchas de esas empresas la estamos teniendo que pagar todos los ciudadanos, por ejemplo con la subida de las tarifas de la luz y del teléfono? ¿Dónde está ese modelo de capitalismo popular? Todo ello al tiempo que la vivienda llegaba a precios absolutamente inaceptables.

P. Los precios de las viviendas están subiendo tanto en ciudades gobernadas por el PP como en las que gobierna el PSOE.

R. Yo creo que hay una diferencia sustancial: sólo hay que darse una vuelta por Fuenlabrada y ver qué porcentaje de viviendas de promoción pública se ha construido en estos años con un alcalde socialista y compararlo con lo que ha pasado en la ciudad de Madrid, con un alcalde del PP. Hay una diferencia muy clara. Pero más allá de eso hay una política de Estado que se tiene que notar. El Gobierno hasta ahora sólo ha hecho un decreto ley que en teoría serviría para bajar el precio de la vivienda y que en la práctica ha permitido que se multiplique por dos. Ha sido un fracaso estrepitoso: no sólo aumenta el precio de la vivienda, sino que cae la vivienda accesible, la vivienda pública accesible y social. Los pisos de promoción pública han caído prácticamente un tercio desde que gobierna el PP.

P. ¿La inmigración será tema de la próxima campaña electoral?

R. El Partido Socialista ha propuesto y mantiene como oferta electoral un gran acuerdo que debería incluir a partidos, sindicatos, comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG. Hay que fijar unas bases claras. En primer lugar, tiene que haber una inmigración legal y ordenada. Para ello tienen que funcionar mucho mejor tanto el control de fronteras como los cupos y los acuerdos con países de donde viene la inmigración. Segundo, tiene que haber una garantía de derechos fundamentales. Inmigración controlada, sí; pero sin olvidar nunca que los inmigrantes no son bienes sino seres humanos. Y tercero, tiene que haber un complemento de políticas sociales a favor de los ayuntamientos donde se produce una presencia mayor de inmigrantes.

P. Esa es una de reivindicación permanente de Canarias.

R. Lo peor que puede pasar es que exista una competencia por ayuda social entre inmigrantes, que normalmente tienen un nivel de renta bajo, y ciudadanos españoles que tienen también niveles de renta modestos. En estos momentos hay ayuntamientos, en Madrid, en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, que tienen problemas serios, porque ha habido un incremento rápido de inmigrantes que necesitan ayudas de emergencia social, y que no pueden contar con mayor presupuesto. Lo que pasa es que los españoles con niveles más bajos de renta se ven privados de esas ayudas. Eso exige una respuesta inmediata. Tengo la seguridad de que los ciudadanos castigarán en las urnas a quienes utilicen la inmigración como arma electoral, porque es demagogia con seres humanos y con aspectos decisivos de la convivencia.

P. Volviendo al tema de la inseguridad, en este país se da una situación singular: los datos dicen que ha crecido mucho la delincuencia; nos hemos convertido en uno de los países con mayor índice de población reclusa, pero al mismo tiempo crece la sensación de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. ¿Cómo se combina todo esto?

R. Hay causas que lo explican: uno, la reducción de la Policía y de la Guardia Civil, primera causa del aumento de la delincuencia. Y dos, ausencia de políticas sociales en zonas de familias marginales. No hay más que coger el último informe de la Fiscalía General del Estado. El perfil medio del pequeño delincuente es fruto del fracaso escolar, nivel cultural y económico muy bajo.

La pregunta es por qué tenemos un número tan alto de personas en las prisiones: porque la justicia funciona mal y es lenta. Los detenidos en régimen preventivo están mucho tiempo en las cárceles. Otro dato que es absolutamente escandaloso, sacado de la memoria de la Fiscalía General del Estado, es que el número de juicios rápidos este año ha sido menor que el año anterior. El funcionamiento de la justicia necesita un impulso modernizador enorme. Por eso suscribimos el Pacto de la Justicia, que es un compromiso inversor en cuatro años. Veremos cuál es el balance y el resultado. La política de modificar las leyes no conduce habitualmente a resultados. Si funcionara la justicia, si funcionara la policía, no habría que modificar continuamente las leyes, proceso que genera debate y pérdida de tiempo.

P. ¿Está de acuerdo con que la reducción de penas se aplique sobre la condena completa y no sobre los 30 años de cumplimiento efectivo? En el caso de condenas muy largas, esa modificación supondría indirectamente el cumplimiento íntegro de los 30 años.

R. La Constitución establece que las penas tienen un fin de resocialización. La propuesta del PP no conduce a que haya menos delitos ni menos delincuentes. Es posible que haya necesidad de introducir alguna mejora técnica en el Código Penal, pero el problema de fondo es de política preventiva, de una justicia que funcione rápidamente y de unas Fuerzas de Seguridad del Estado bien dotadas en número y en medios.

P. ¿No cree prioritario endurecer el cumplimiento de las penas?

R. No es lo prioritario. No da un resultado mágico y puede suponer una contravención al principio de resocialización de las penas.

P. Usted habla a menudo de rearme ideológico de la izquierda. ¿A qué se refiere?

R. En primer lugar, una forma distinta de hacer política. Un estilo diferente, que es el que hemos practicado en la oposición y que me comprometo a hacer también si somos Gobierno. Eso significa reivindicar la política, dejar de lado la idea de que la política y el Parlamento son un campo de batalla de los partidos políticos. La política y el Parlamento deben ser, por el contrario, el espacio de los ciudadanos; eso obliga a hacer una política de estilo tolerante y de diálogo.

P. ¿Hablamos entonces de un talante?

R. No. Yo me propongo ganar sin crispación y gobernar con un estilo de diálogo y de tolerancia. Pero en segundo lugar, creo que la izquierda, para ganar, tiene que tener ideas que anticipen cambios sociales y que ensanchen el espacio de ciudadanía. No queremos simplemente cambiar de Gobierno, queremos cambiar muchas cosas en España, queremos cambiar la política, queremos cambiar las reglas del juego de la economía para que haya una competencia real, cambiar la realidad social de este país para llegar a los mismos niveles de promoción social que tiene Europa. Queremos llegar al Gobierno para cambiar la deriva que lleva este país en Europa y en el mundo.