El Estado liquida sus últimas empresas

Ni siquiera el mal momento por el que atraviesan los mercados y el clima de desaceleración económica frenan los planes privatizadores del Gobierno. Con el nombramiento de PriceWaterhouseCoopers como valorador para la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la SEPI aborda la venta de la última gran empresa pública en manos del grupo.

Aunque aún no se ha tomado ninguna decisión oficial, la venta se realizará por el procedimiento de concurso-subasta, consistente en conjugar la mejor oferta industrial con la más ventajosa económicamente, y se prevén unos ingresos de unos 1.200 millones de euros, según fuentes próximas a la operación. La misma suerte correrá la aseguradora Musini, que ya se intentó vender en 2000, y por la que la SEPI espera obtener entre 300 y 350 millones de euros.

El método del concurso-subasta ha sido el utilizado en las dos últimas privatizaciones (la aceitera Coosur y la naviera Trasmediterránea), con buenos resultados. Coosur fue vendida el pasado mes de julio a la oferta presentada por Aceites del Sur por un importe de siete millones de euros. El plan de inversiones y el mantenimiento de la plantilla fueron los dos elementos determinantes para esta adjudicación de una empresa que pierde todavía seis millones de euros al año. Trasmediterránea se adjudicó al consorcio formado por la constructora Acciona, el Grupo Matutes y la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

La SEPI ingresará 259 millones de euros cuando el proceso de venta se cierre definitivamente, ya que aún esta pendiente de la autorizacion por el Tribunal de Defensa de la Competencia y por el Consejo de Privatizaciones. Esta venta fue muy criticada por los aspirantes a comprarla, como el grupo naviero Boluda, que vio la mano del ex ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno del PP Abel Matutes presente en la oferta ganadora.

La SEPI va a dar un acelerón a ese proceso privatizador y tiene previsto desprenderse de la mayor parte de las empresas públicas rentables que quedan por privatizar en el periodo de dos años. Para la próxima primavera habrán salido del organigrama tanto Musini como ENA y las únicas empresas de relevancia que quedarán en manos públicas son Infoinvest (empresa instrumental de la SEPI), Hunosa, la Agencia Efe y RTVE. Izar, la firma resultante de Bazán y de Astilleros Españoles (Aesa), que aborda actualmente un plan de reestructuración para alcanzar los números negros en 2005, se venderá posteriormente. El año pasado se vendieron Iberia, la mayor parte de Expasa (fincas agrícolas de la antigua Rumasa), la papelera Ence y la siderúrgica Babcock Wilcox.

El resto de las compañías que quedan bajo el paraguas público es muy reducido. Entre ellas hay que resaltar las que se incorporaron a la SEPI en mayo de 2001 procedentes del antiguo Patrimonio del Estado: Alicesa (aceites), Cetarsa (tabaco), Emgrisa (residuos industriales) y Minas de Almadén. Las privatizaciones no son una iniciativa del actual Gobierno. Los ejecutivos socialistas ya comenzaron este proceso, aunque se ha acelerado notablemente desde que José María Aznar accedió a la presidencia en mayo de 1996. Dos meses después, el entonces máximo responsable del grupo público, Pedro Ferreras, presentó a bombo y platillo el Plan de Modernización del Sector Público Empresarial, cuya filosofía era conseguir la viabilidad financiera de las empresas públicas pero traspasándolas a manos privadas. Desde entonces, la SEPI ha privatizado un total de 43 empresas con unos ingresos para las arcas públicas de 26.550 millones de euros (4,41 billones de pesetas). Las pluvalías generadas por estas ventas, que han contado con el viento de cara de los mercados bursátiles y en pleno ciclo económico alcista, han permitido eliminar la deuda histórica que arrastraba el antiguo INI, que heredó la SEPI. Además se ha dotado el fondo de pensiones de los trabajadores prejubilados en la reconversión de las empresas.

Otro de los elementos que resalta la SEPI es la labor de reindustrialización en las zonas que han perdido tejido industrial. En este sentido, la Oficina de Promoción de Inversiones (OPI) capta capital extranjero para la creación de parques industriales.

En los últimos años se han invertido más de 500 millones de euros en la puesta en marcha de estos parques, con una superficie total de más de 22 millones metros cuadrados, repartidos entre el País Vasco, Asturias, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

La principal asignatura de la SEPI es vender bien la que ha sido calificada como última joya de la corona. ENA, con casi 500 kilómetros de autopistas y unos ingresos de 144 millones de euros el pasado año, aborda un calendario de privatización que pretende finalizar en el mes de abril de 2003. La privatización de ENA es un aliciente para todas las empresas de autopistas privadas y para las grandes constructoras que dirimen en este momento una batalla por hacerse con el liderazgo del mercado. ENA está presente en Galicia (Autoestradas y Audasa), Asturias (Aucalsa) y Navarra (Audenasa), aunque también tiene alguna participación en tres de las futuras autopistas radiales de acceso a Madrid.

Por el momento ya se ha conformado un gran grupo en torno a la catalana Acesa (que se ha hecho con Aúrea e Iberpistas) y la portuguesa Brisa, que a buen seguro competirá con otros grupos encabezados por constructoras como Ferrovial y Acciona.