De nuevo contra el 'decretazo'

El Consejo de Ministros aprobaba hace unos meses el Real Decreto Ley 5/2002 por el que se limitaban, entre otros, el acceso al desempleo a determinados colectivos con contratos precarios, y se eliminaban los salarios de tramitación en los despidos improcedentes. Aquel recorte premeditado de derechos básicos de los trabajadores fue contestado con una huelga general (20-J) que, más allá de las guerras de cifras, significó una clara respuesta de las trabajadoras y los trabajadores a una actuación parcial, por parte del Gobierno, contra sus intereses.

Ahora aquellas medidas tienen que ratificarse en el Parlamento, sin que en este periodo el Gobierno haya intentado reconducir esta situación. Es más, continúa anunciando, por boca de su nuevo ministro de Trabajo, otros posibles objetivos, como la disminución de la indemnización por despido o la reforma de la negociación colectiva. Por todo ello, este mismo sábado está convocada una concentración en Madrid, porque seguimos estando absolutamente en contra, en la forma y en el fondo, de estas medidas que atentan claramente contra los derechos básicos de las trabajadoras y los trabajadores.

'Estamos absolutamente en contra de medidas que atentan a los derechos de los trabajadores'

Las últimas declaraciones de Eduardo Zaplana condicionan la posible modificación de algunas medidas, por vía parlamentaria, a la existencia de una actitud flexible de los sindicatos. Declaraciones que hacen hincapié en los salarios de tramitación, y que no dejan de ser contradictorias, cuando dichas medidas precisamente se imponen de forma unilateral, sin negociación alguna, lo que, evidentemente, provoca una respuesta firme de los sindicatos frente a este recorte de derechos.

No conviene olvidar, y menos todavía en un momento en el que se está preparando la negociación colectiva para el próximo año, que esta actuación ha supuesto, 'por decreto' y de forma inmediata, una reducción del salario diferido de las trabajadoras y trabajadores y un cambio del entorno normativo del sistema de relaciones laborales, favorable a los intereses de los empresarios.

El sistema de protección por desempleo se financia con nuestras aportaciones (nos financiamos nuestro propio desempleo) y, en estos momentos, en los que presenta un claro superávit, se endurece el acceso a ciertos colectivos de trabajadoras y trabajadores (fijos discontinuos, desempleo rural...). Es más, la modificación de los salarios de tramitación supone no sólo una pérdida de salario (diferido) y cotizaciones, o un incentivo al despido improcedente, sino que conlleva una transferencia de rentas a los empresarios.

Y estas medidas se desarrollan, además, en un entorno de reducción del volumen de empleo, que además presenta elevadas tasas de temporalidad, y de un repunte de la tasa de inflación. Es decir, a la pérdida salarial directa y diferida que supone el decretazo, debemos unir, con el beneplácito del Gobierno, el crecimiento de los niveles de desempleo y de temporalidad. Todo ello es fruto no sólo de un proceso de ralentización económica, sino de estrategias empresariales a corto plazo que deterioran de forma constante las condiciones de trabajo, así como la pérdida de poder adquisitivo. Una pérdida que a su vez es consecuencia de un aumento en el nivel de los precios debido, entre otros, al comportamiento de ciertos grupos empresariales.

La negociación colectiva para el año 2003 deberá, por lo tanto, hacer frente a este nuevo entorno. Es necesaria una reflexión sobre el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2002 y de todos los factores que en este período han marcado la evolución del sistema de relaciones laborales. El acuerdo para la negociación colectiva del año 2002, firmado entre los sindicatos y las organizaciones empresariales, ha sido contestado por el Gobierno, sin negociación ni aviso, con un ataque unilateral a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Así han visto empeorada su situación en el mercado de trabajo y reorientado a favor de los empresarios el marco de relaciones laborales.

En cualquier caso, por seriedad, responsabilidad y coherencia, los sindicatos llevaremos a miles de manifestantes a Madrid para pedir la derogación o el cambio sustantivo de este Real Decreto, y más todavía, con las posibilidades de modificación que aparecen en la vía parlamentaria.

Joan Sifre Martínez es secretario general de CC OO-PV.