El Consell primará a las empresas con más discapacitados en nómina

La Generalitat se inclinará por la empresa privada que más discapacitados tenga en caso de empate en la concesión de subvenciones o de contratos. Éste es uno de los aspectos que incluye el anteproyecto de ley del Estatuto del Discapacitado que ultima el Consell, que también plantea la aprobación de un plan de cuatro años de duración para enfocar las inversiones públicas y privadas dirigidas a estas personas.

El consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, presentó ayer el Estatuto del Discapacitado ante una representación de las asociaciones de ayuda a disminuidos físicos y psíquicos valencianas, una ley cuyo objetivo será la 'integración social' de estas personas. Entre las medidas incluidas en el anteproyecto dirigidas a regular las competencias de la Generalitat se encuentra el compromiso de aprobar cada cuatro años el Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad, un programa con presupuesto propio 'que tendrá como objetivos orientar, consolidar y establecer en las actuaciones e inversiones públicas y privadas en la materia objeto' de la ley. Además reconoce a los discapacitados los derechos frente a la Administración de recibir 'un trato personalizado e individualizado' o 'acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos', entre otros.

El texto establece la obligatoriedad de todas las empresas que soliciten subvenciones o ayudas económicas -a menos que estén exentas- a la Administración de contar con 'la acreditación del cumplimiento sobre la normativa sobre integración laboral de personas con incapacidad'. El documento da un paso más en el terreno de la concesión de ayudas. En las convocatorias de ayudas y subvenciones destinadas a empresas, la ley obliga a la Generalitat a 'recoger la preferencia en la adjudicación en caso de empate en la puntuación final, de aquellas empresas que acrediten ocupar un porcentaje de trabajadores discapacitados superior respecto a la plantilla de la empresa'. Esta condición será válida también en las contrataciones administrativas con el Gobierno autonómico, como señala el artículo 9 de la ley.

El anteproyecto del Consell reconoce el derecho de la flexibilización del horario laboral de los trabajadores de la Generalitat que tengan a cargo a personas dependientes debido a una discapacidad. Esta posibilidad está permitida 'exclusivamente en los periodos comprendidos entre las 8.00 y 10.00 horas, las 13.00 y las 15.00 y las 16.00 y 19.00' siempre que se recuperen las horas en el horario de trabajo semanal. También incluye mandatos a las consejerías de Sanidad y Educación relativos a los programas de asistencia sanitaria y prevención de discapacidades, y medidas de actuación y derechos en materia educativa, respectivamente.

En materia de empleo público, la Generalitat 'reservará un cupo no inferior al 5%' de las plazas anuales convocadas para ser cubiertas por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. Otro aspecto incluido es el de las competencias de la iniciativa privada: 'Cuando los centros públicos no fueran suficientes para atender la demanda, la Administración, en colaboración con la iniciativa privada, promoverá la creación de nuevas plazas'. Además, hay una alusión a la participación de la iniciativa social. 'Especial atención recibirán las instituciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro' en la colaboración con la Administración, recoge el texto.