El Constitucional anula la suspensión de la ley de Archivos instada por el Gobierno

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de la vigencia y aplicación de dos artículos de la ley de Archivos y Documentos de Cataluña dictada el pasado mes de abril tras la presentación por el Gobierno central de un recurso de inconstitucionalidad. El Ejecutivo que preside José María Aznar sometió la norma a la consideración del citado tribunal al considerar que la inclusión del Archivo de la Corona de Aragón y de los archivos históricos provinciales en el llamado Sistema de Archivos de Cataluña vulneraba competencias exclusivas del Estado.

El Alto Tribunal ha levantado la suspensión al considerar que el Gobierno no ha demostrado que la aplicación de la ley vaya a producir cualquier perjuicio a los documentos tutelados por las citadas instituciones. Sin prejuzgar el fallo que se emitirá en su día, la resolución dictada el pasado día 1 de octubre por el pleno del tribunal señala que de la aplicación de la ley catalana 'no tendría que derivarse necesariamente un prejuicio en la gestión, administración y protección de los mencionados archivos o sus documentos, ni tampoco que, de poder existir, éste fuera verdaderamente irreparable o de muy difícil o imposible repación'. Y añade: 'En todo caso, el abogado del Estado, sobre quien recae la carga de razonar con detalle los argumentos que justifiquen el mantenimiento de la suspensión acordada inicialmente, se limita en este supuesto a enunciar un hipotético y abstracto perjuicio, que en ningún momento concreta ni justifica, lo que es absolutamente imprescindible'.

La Generalitat defendió la constitucionalidad de la ley aprobada por el Parlament asegurando que la inclusión del Archivo de la Corona de Aragón y de los archivos históricos provinciales -todos ellos radicados en Cataluña, pero de titularidad estatal- en el Sistema de Archivos de Cataluña les otorga la posibilidad de acceder a los medios que éste ofrece para el tratamiento y la conservación de los documentos y para la formación especializada del personal.

Polémica secular

Más allá de la disputa en el Constitucional, la gestión del Archivo de la Corona de Aragón es objeto de una polémica que se arrastra sin solución desde la creación del Estado autonómico. Nunca, desde principios de la década de 1980, ha podido constituirse el patronato que tiene que regir el archivo y en el que deben estar representadas, además de la Administración central, las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Baleares y Cataluña, como se señala en sus respectivos estatutos de autonomía. La falta de acuerdo sobre qué fondos pertenecen exclusivamente a Cataluña y cuáles conciernen al conjunto de los territorios mencionados es una de las causas que ha frenado hasta ahora la constitución del mencionado órgano rector.