La regidora de Chinchón aún sigue en el cargo

La historia judicial de Ana María Magallares Buitrago, alcaldesa de Chinchón (3.900 habitantes), condenada a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, arranca el 30 de diciembre de 1997. Aquel día, una fuerte división interna del PP local impidió la aprobación del presupuesto municipal. Tres de sus concejales se abstuvieron en el pleno por considerar que los 471 millones de pesetas presupuestados estaban inflados y que el presupuesto real ascendía sólo a 271 millones.

Las cuentas municipales fueron así rechazadas y Magallares tuvo que gobernar con los presupuestos prorrogados de 1996. La crisis del partido se cerró con el paso al Grupo Mixto de los tres concejales díscolos del PP. Tres meses más tarde, el 20 de marzo de 1998, el PSOE de Chinchón elevó al pleno una moción para crear una comisión de cuentas que investigara la gestión del presupuesto durante los años 1996 y 1997. Con la mayoría de los votos en manos de la oposición, la comisión fue aprobada, pero entonces no fue constituida.

El PSOE denunció por esto a Magallares. Años más tarde, el 23 de febrero de 2000, la Audiencia de Madrid condenó a la alcaldesa por un delito de prevaricación y la inhabilitó por un periodo de ocho años para ejercer cargo público alguno.

Los jueces estimaron que Magallares no creó la comisión de cuentas aun sabiendo que esa decisión era ilegal, al incumplir un acuerdo del pleno. La regidora recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, pero los jueces no estimaron el recurso y el pasado 17 de julio confirmaron la sentencia dictada en su día por la Audiencia.

En agosto pasado, el número dos del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, pidió a Magallares que presentara su dimisión 'para no causar problemas al partido'. Pero ésta anunció que seguiría en el cargo, 'porque pensaba recurrir el fallo en amparo ante el Constitucional'.

Sin embargo, aún no existe constancia de que tal recurso haya sido presentado. Lejos de dimitir, la alcaldesa ha preferido delegar competencias en otro edil por 'ausencia vacacional', una delegación que ya ha prorrogado en tres ocasiones: del 30 de julio al 10 de septiembre, del 11 de septiembre al 30 del mismo mes y, la más reciente, del 1 al 15 de octubre.

Sus problemas con la justicia, sin embargo, aún no se han cerrado. La alcadesa abonó a sus abogados la minuta de este proceso judicial con dinero procedente de las arcas municipales de Chinchón, por entender que la acusación de prevaricación que pesaba sobre ella 'era imputable a su cargo de alcalde' y que, por tanto, 'el Ayuntamiento debería correr con los gastos de la defensa'.

Pero bien distinto lo debió ver el PSOE, al considerar que esos gastos debería abonarlos Magallares. Y volvió a denunciar a la alcaldesa, esta vez por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Este proceso aún está abierto.