El PP se apresura ahora a expulsar al ex alcalde condenado de Galapagar

Eugenio de Pablo, alcalde de Galapagar entre 1995 y 1999, y condenado por prevaricación en junio de 2001, será expulsado del PP 'en breve', según un comunicado del partido. No obstante, es la tercera vez que el PP anuncia esta expulsión, aunque nunca la ha llevado a cabo. Pero en esta ocasión, y a sólo ocho meses de las elecciones, y después de que se conociera la imputación de dos ediles del Ayuntamiento de Madrid y de un diputado en el caso funeraria, el PP está dispuesto a borrar a De Pablo de sus listas de militantes. De la regidora de Chinchón, también condenada, el PP no dice nada.

La dirección regional del PP de Madrid hizo público ayer, a través de un comunicado oficial, que 'en pocos días' expulsará del partido a Eugenio de Pablo, edil de Galapagar y ex alcalde de esta localidad. Según Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular, 'la expulsión de De Pablo ha sido propuesta por el instructor del expediente y será efectiva en muy pocos días, ya que se está únicamente a expensas del trámite burocrático que tiene que completarse'. El martes próximo, según fuentes del partido, De Pablo ya no será afiliado del PP.

Romero de Tejada añade: 'El PP acordó con el concejal que abandonaría su acta en un periodo de tiempo [en el verano de 2001] sin que esto se haya cumplido, y sentimos que haya defraudado nuestra confianza y no haya cumplido su palabra. Hemos sido todo lo flexibles que hemos podido, pero él no ha cumplido los plazos acordados, por lo que hemos precipitado esta decisión'.

Inhabilitado ocho años

De Pablo fue condenado por la Audiencia Provincial en junio de 2001 a ocho años de inhabilitación por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es). La Audiencia Provincial consideró que De Pablo y Fernando Rubio, otro anterior alcalde de la localidad, también del PP, otorgaron dos licencias urbanísticas que vulneraban la normativa municipal. La primera autorización permitió la construcción de 13 viviendas unifamiliares de cuatro alturas, cuando sólo se podían levantar dos plantas. En la segunda, ambos cargos concedieron irregularmente dos prórrogas para la edificación de 35 viviendas adosadas. Los dos casos ocurrieron en 1998, cuando Rubio era alcalde de Galapagar, y De Pablo, su primer teniente.

Ramón Losada, instructor nombrado por el PP para estudiar el caso de De Pablo, presentó hace varias semanas un pliego de cargos que el edil debía contestar en 15 días. Pero nunca obtuvo una respuesta. 'No consigo localizarle. Eugenio me prometió [por tercera ocasión] que iba a dimitir en septiembre; ha pasado el plazo y ni contesta a mis llamadas', se quejó Losada, que siempre confió en que De Pablo mantuviera su palabra y dimitiera.

De todas formas, la primera intención de Losada no era la expulsión del partido del concejal condenado. 'Él nunca se ha metido con el partido y yo realmente esperaba que cumpliera los plazos a los que se había comprometido para dejar su acta de concejal', sostiene el instructor.

Pero tras la imputación de dos concejales del Ayuntamiento de Madrid (Simón Viñals y Antonio Moreno) y un diputado (Luis María Huete) en el llamado caso funeraria, el PP ha decidido cambiar radicalmente su posición en el caso de Galapagar: expulsión inmediata de De Pablo. Viñals, Huete y Moreno están acusados de haber vendido el 49% de la funeraria municipal por 100 pesetas, por lo que el fiscal pide para ellos seis años de cárcel. El PP, además, les ha apartado de sus responsabilidades y han causado baja en el partido hasta el fin del juicio.

Varios purgatorios

Hace sólo dos meses, en la web de Nuevas Generaciones se definía a De Pablo (condenado por prevaricación) como un hombre que 'pasó por varios purgatorios mientras ejerció la alcaldía, al encontrarse el Ayuntamiento en un lamentable estado tras la etapa socialista, pero su serenidad y su trabajo constante le permitieron solventar las carencias más significativas del Ayuntamiento'.

La defensa que el PP ha hecho de De Pablo en el último año -ha permitido que el concejal se mantenga dentro del partido durante 15 meses alegando que tenía que recoger papeles- contrasta con la rapidez y dureza con que esta formación política ha tratado otros casos menos graves. En octubre del año pasado expulsó a cuatro de sus concejales en Sevilla la Nueva porque en septiembre habían apoyado una moción de censura contra el anterior alcalde, Ernesto Téllez, independiente.

La moción necesitaba el apoyo de un tránsfuga del PSOE, algo que vulneraba el pacto contra el transfuguismo suscrito por PP y PSOE. El PP tardó sólo un mes en echar a todos sus concejales, aunque eso le llevase directamente a la oposición. Pero en ese momento no hubo ningún tipo de prórrogas.