El Consell endurecerá los controles de la tesorería y el gasto de sanidad

Los presupuestos públicos necesitan más control del gasto. El Consell tiene previsto endurecer su control sobre el gasto sanitario y las operaciones de tesorería de las consejerías y empresas públicas, según el anteproyecto de ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de 2003. El texto -en fase de trámite- flexibilizará la capacidad de endeudamiento de RTVV, que arrastra unas deudas de 300 millones de euros.

La sanidad valenciana consume más de un tercio de los presupuestos autonómicos y a tenor del anteproyecto de ley de acompañamiento elaborado por el Consell necesita medidas más severas de control de la gestión y el gasto. Según el proyecto de ley, al que ha tenido acceso este diario, el Consell tiene previsto modificar la norma de Hacienda Pública con el propósito de tener 'un control permanente económico-financiero' de la Administración sanitaria.

Con la modificación, el gobierno popular pretende 'verificar que la contabilidad económico-financiera, patrimonial y presupuestaria se adecua a las disposiciones y principios aplicables', reza el texto. Estos informes se rendirán al consejero de Economía, Vicente Rambla, que posteriormente reenviará a la Consejería de Sanidad 'a fin de que se adopten las medidas correctoras necesarias'.

También se endurece el papel de la Tesorería de la Generalitat, que amplía su control sobre las empresas públicas, que deberán enviar a este departamento un presupuesto monetario con previsiones de gastos e ingresos. El consejero de Economía podrá controlar directamente la tesorería de estas empresas -CACSA, Parque Temático de Alicante ...- si lo considera necesario. Se trata de endurecer los controles internos para que 'la Generalitat disponga de toda la información en flujos financieros que afectan al sector público valenciano'.

La adopción de ambas medidas coincide con la entrada en vigor en 2003 de la ley de estabilidad presupuestaria, con la que el Gobierno de José María Aznar pretende imponer el déficit cero en todas las administraciones públicas, incluida la Generalitat.

La Administración valenciana liquidó las cuentas públicas de 2001 con un déficit de 35,5 millones de euros, y, según el último balance trimestral del Banco de España, ha incrementado su deuda pública un 6,5% en el segundo trimestre de este año.

El anteproyecto de ley -todavía en fase de estudio- incorpora además a las tareas propias de la Sindicatura de Comptes la fiscalización de las cuentas de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones). Éstas están obligadas a partir del año próximo a presentar sus cuentas generales a la sindicatura antes del 31 de octubre del año siguiente. El texto limita además las condiciones para acceder al cargo de síndico. No podrán ser designados los que durante el año anterior a su nombramiento gestionasen ingresos o gastos del sector público valenciano, ni tampoco los beneficiarios de subvenciones avales o exenciones fiscales directas o personales.

La política de control de tesorería que propugna el Consell en este anteproyecto encuentra su excepción en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). De aprobarse el documento, el ente autonómico, que arrastra una deuda de 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas), podrá, con carácter extraordinario y previa aprobación del consejo de administración, endeudarse a corto plazo por un plazo de doce meses en lugar de los seis a los que estaba limitado en la actualidad.

La ley de acompañamiento prevé también la creación de las agencias de Cooperación y de Ciencia y Tecnología, e introduce cuatro nuevas deducciones en la cuota autonómica del IRPF, de la que se beneficiarán las familias con dos o más hijos y los minusválidos.