Medio Ambiente cierra 21 de las 1.240 granjas de cerdos que no han presentado el plan de purines

El Departamento de Medio Ambiente ordenó ayer el cierre de 21 granjas de Cataluña que aún no han presentado el plan de gestión de deyecciones, con el que se pretende hacer frente a la contaminación por nitratos. El cierre de las granjas, en firme y sin posibilidad de recurso, es visto por los ganaderos como un golpe de efecto destinado a presionar a las 1.240 explotaciones que aún no han presentado sus planes ni han mostrado disponibilidad para redactarlos. Los sindicatos señalaron que la medida es un durísismo golpe para el sector.

Fuentes de Medio Ambiente explicaron ayer que las granjas clausuradas son explotaciones intensivas de más de 2.000 cerdos, que necesitan autorización ambiental, o bien granjas que cuentan con algún expediente sancionador previo. De las 21 explotaciones cerradas, siete se encuentran en las comarcas de Girona, otras siete en las de Lleida, cuatro en Tarragona y tres en Barcelona.

Ramon Espadaler, consejero de Medio Ambiente, defendió la medida diciendo que no se puede premiar a los ganaderos que incumplen la ley. Negó que actuando contra los ganaderos que no tienen intención de cumplir la normativa medio ambiental se esté criminalizando a todo el sector, sino que se defiende a los que hacen las cosas bien. 'Hemos actuado contra las granjas que potencialmente son más contaminantes. Ayudaremos a todos los que lo soliciten, pero no podemos premiar la competencia desleal de una minoría de ganaderos que hacen las cosas mal', dijo el responsable de Medio Ambiente.

Agravio comparativo

Joan Caball, coordinador de Unió de Pagesos, opina que la vía de las sanciones es un error y la ve como un paso más en una dinámica 'más mediática y de declaraciones que de soluciones efectivas'. El responsable sectorial del porcino de Unió de Pagesos, Josep Puigpelat, considera que la clausura de las 21 granjas es un grave error y un ataque a la ganadería catalana. Puigpelat ha acusado a Espadaler de no tratar a otros sectores industriales con la misma inflexibilidad. 'El consejero parece tener fobia al sector agrario y ganadero', señaló Puigpelat. El dirigente sindical afirmó que el sector no descarta organizar movilizaciones si la Generalitat continúa por la misma línea. UP ha anunciado que convocará asambleas de ganaderos en cada provincia para analizar la situación.

Medio Ambiente asegura que las granjas sancionadas únicamente podrán terminar el actual ciclo de engorde y después no podrán adquirir ganado hasta que validen de nuevo toda la explotación. Esto supone que deberán llevar a cabo unos largos trámites en los que intervienen la Administración municipal y la autonómica, y adecuar sus instalaciones a lo que disponen las nuevas leyes.

Un decreto de 1 de agosto obliga a las granjas de las zonas vulnerables -donde los acuíferos han sido contaminados por nitratos- a presentar planes, individuales o conjuntos, que acrediten que gestionan correctamente las deyecciones de sus animales. El decreto establece el uso de un libro de gestión, donde se anota el volumen de purines en función de las reses y el destino que se dará a esta sustancia. Estos purines pueden arrojarse a campos alejados de la granja mediante transportes autorizados o en los propios cultivos respetando una proporcionalidad.

Caball asegura que, además de mostrar 'mano dura', la Generalitat debería buscar una salida para las explotaciones que por algún motivo no puedan legalizarse. 'No puede ser que con tan poco margen de reacción se les diga que no están en la legalidad. Hacía falta un periodo transitorio', asegura Caball. El coordinador de Unió de Pagesos alerta de que un considerable número de pequeñas explotaciones que podrían cumplir con el plan porque disponen de campos de cereales donde arrojar los purines corren el riesgo de desaparecer porque los gastos les resultan inasumibles. Por el contrario, señala Caball, las explotaciones en régimen de integración, que son las grandes contaminantes, han comprado parcelas que usarán sólo para arrojar los purines.

Según los datos de Medio Ambiente, en Cataluña hay 4.665 explotaciones en zonas vulnerables. De éstas, 848 han cumplimentado su plan de gestión, otras 1.000 lo están preparando y 1.577 han solicitado una prórroga. Las explotaciones cerradas corresponden a las 1.240 que han permanecido al margen del decreto.

Medio Ambiente ha anunciado que continuará inspeccionando el resto de las granjas que tienen la obligación de presentar el plan de gestión de deyecciones ganaderas.