México afronta los primeros juicios a militares por los años de represión

La Procuraduría General de Justicia Militar, la fiscalía castrense, imputó a dos generales el asesinato de 140 disidentes durante la guerra sucia de los años setenta. Por primera vez, el Ejército actúa contra sus propios jefes por delitos de este tipo. Otros 22 generales y más de 40 funcionarios serán citados a declarar por una fiscalía especial creada por el Gobierno, que también investiga la matanza del 2 octubre de 1968 en la capital federal.

Cautamente, sin la contundencia reclamada por los deudos y activistas de derechos humanos, la compleja transición mexicana revisa el pasado.

El general de división Francisco Quirós y el general de brigada Arturo Acosta participaron en las torturas y muertes perpetradas en el cuartel Pie de la Cuesta, entre los años 1971 y 1978, en el Estado de Guerrero, según los cargos, cuya pena máxima son 40 años de cárcel. Los cadáveres fueron arrojados al mar. Un tercer involucrado es el comandante retirado Francisco Javier Barquín.

Sus expedientes delictivos no se agotan en la represión registrada durante el periodo más violento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derrotado electoralmente hace dos años, después de siete decenios de hegemonía: los dos generales forjaron después complicidades con el cartel de Juárez y fueron encarcelados en el año 2000.

Ambos ocuparon mandos importantes en los cuerpos de seguridad que combatieron a las guerrillas y organizaciones civiles alzados contra el PRI durante la guerra fría. Integraron la temible Brigada Blanca, paramilitar, y los grupos de choque que descabezaron a sangre y fuego la guerrilla del profesor rural Lucio Cabañas, en el Estado de Guerrero. El general Acosta fue alumno de la Escuela de las Américas, organizada por Estados Unidos para adoctrinar a las dictaduras cívico-militares latinoamericanas contra la subversión. Previsiblemente, el coronel Luis García, magistrado castrense, decidirá esta semana si lleva a juicio a los dos generales.

Rechazo a la justicia militar

'Yo, como santo Tomás, hasta no ver justicia...', reaccionó Pablo Cabañas, hermano del desaparecido guerrillero. 'Hay que ver con sospecha a los milicos. No vaya a ser que estén tratando de ocultar algo', advirtió Mario Rechy, ex guerrillero. Los familiares de las víctimas y sus apoyos sociales rechazan la intervención de la justicia militar en barbaridades que consideran del fuero común. Las indagaciones se efectúan en varios frentes. El ex presidente Luis Echeverría, que fue ministro del Interior durante la cruenta represión de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, en la capital federal, se negó a declarar ante la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, promovida por el Gobierno de Vicente Fox.

Las intentonas subversivas de aquellos años fueron sofocadas sin contemplaciones. Durante una de las batidas, todas las viviendas de la población Rincón de las Parotas, en Guerrero, fueron allanadas a patadas y culatazos.

Un resumen de las averiguaciones de la fiscalía militar, que aprovechó las pesquisas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será remitido a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General. Igualmente lo recibirá la fiscalía especial para facilitar, según fuentes oficiales, la eventual persecución de los responsables de la Dirección Federal de Seguridad implicados en los asesinatos del Estado de Guerrero, de la plaza de las Tres Culturas o de otros lugares. En cualquier caso, los testimonios de las tropelías son abundantes.