Barcelona propone que la justicia local resuelva reclamaciones de hasta 900 euros y faltas penales

Resolver reclamaciones de cantidades inferiores a 900 euros, desahucios, conciliaciones en pleitos de familia, desórdenes públicos, daños a inmuebles públicos, amenazas y coacciones: forman parte de una larga lista de competencias que se proponen para los juzgados de proximidad, un instrumento que defiende la Carta Municipal de Barcelona para atender mejor los problemas más frecuentes de los ciudadanos. Ayer, los representantes del Ayuntamiento y del Parlament instaron a la urgente aprobación total de la Carta al margen de una futura ley de ciudades.

El modelo de justicia local que propone la Carta defiende que el perfil del juez de proximidad -o de distrito- sea el de un jurista con licenciatura en Derecho, con experiencia mínima de 15 años y sin límite de edad. 'Se persigue', concreta la propuesta, 'personas formadas y con experiencia que permanezcan durante todo el tiempo en el mismo destino para el que sean nombrados, ya que es la única forma de conocer el territorio'. El plazo en el mismo puesto se fija entre siete y nueve años, pero es prorrogable. En cuanto a su nombramiento, se propone que sea el Ayuntamiento -por mayoría cualificada- el que elabore una terna y que el nombramiento definitivo recaiga en el Tribunal Superior. Posteriormente, estos jueces se podrían integrar en una escala específica de de la carrera judicial. Dentro de ese esquema de justicia de proximidad, se estima que serían necesarios 20 jueces para atender unos 10.000 asuntos al año. Las funciones que podrían resolver los jueces de distrito se reparten en los distintos ámbitos del derecho. En materia civil, las reclamaciones de cantidad inferiores a 900 euros -unas 150.000 pesetas-, los desahucios por falta de pago, conciliaciones y algún tipo de medidas cautelares. En penal, los jueces de distrito estarían facultados para juzgar lesiones leves fuera del ámbito familiar , casos en que se deje de prestar asistencia a personas mayores o desvalidas, hurtos, amenazas y coacciones, daños a inmuebles públicos y desórdenes públicos, entre otros. Según esa propuesta, sería la Guardia Urbana la que actuaría como policía judicial para esos jueces.

Ayer fue la primera vez que los representantes de la ciudad y del Parlament defendían la Carta de Barcelona ante la Comisión de Entidades Locales del Senado, que invitó a los portavoces de los grupos municipales y autonómicos a explicar el proceso de la Carta, aprobada por unanimidad en la legislatura anterior. La Carta ya está parcialmente vigente en las materias de competencia del Gobierno catalán, pero requiere modificaciones de leyes generales en aspectos como la justicia local y la financiación. Esa parte se empezó a discutir hace cuatro años con los ministerios afectados y ahora todo parece indicar que el propósito del Gobierno central es aprobar una ley de grandes ciudades, en la que se incluiría la de Barcelona. Ayer, sin embargo, los representantes de la ciudad y del Parlament insistieron en sus intervenciones en la urgencia de aprobar la Carta de Barcelona con independencia de lo que posteriormente ocurra con la ley de grandes ciudades: 'Nos parece muy bien la ley de grandes ciudades, pero la de Barcelona ya es una realidad que existe', remachó Ppascual Maragall.