El Ejecutivo aduce en su recurso que la Ley de Partidos castiga conductas ya penadas

El Gobierno vasco interpuso formalmente el viernes, según comunicó ayer, el recurso que había anunciado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Partidos. Para el Ejecutivo autónomo dicha ley, que contiene 'un cúmulo de gravísimas infracciones', sitúa a Euskadi al borde de la excepcionalidad, ya que recorta derechos fundamentales y va más allá de la propia Constitución.

El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe presentó el recurso el mismo día en que el lehendakari explicaba en el Parlamento vasco su propuesta para superar el Estatuto y plantear la 'libre asociación' de Euskadi con España.

El recurso plantea entre sus argumentos jurídicos que la Ley de Partidos fuerza en extremo el principio de la separación de poderes y establece nuevas obligaciones y límites a la actuación de los partidos que no están fundamentados en la propia Constitución. Estas obligaciones y límites 'son contrarios al valor superior del pluralismo político' y 'se superponen y duplican a los ya establecidos en el Código Penal para toda clase de asociaciones', cita el recurso. Añade que la ley sanciona conductas ya castigadas como delito por el Código Penal, como la asociación ilícita, la apología del terrorismo o la colaboración con banda armada.

Tampoco se atiene la ley, según considera el Gobierno autónomo, al principio de legalidad penal y de proporcionalidad, 'que reclama la delimitación de un delito y que la sanción guarde una proporción con la amenaza, al definir la ilegalidad con formulaciones imprecisas y aparejando la misma sanción a conductas de distinta gravedad'.

Sin presunción

El Gobierno entiende igualmente en su recurso que la nueva legislación no garantiza el principio de la presunción de inocencia y todo ello afecta al derecho de tutela judicial efectiva. 'La ley adquiere un sesgo de medida de excepción al contravenir los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de retroactividad', plantean los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El Gobierno vasco cree evidente que el contenido de la ley no está dedicado a regular con carácter general la actividad de los partidos políticos, descuidando, por ejemplo, el aspecto de su financiación. El Ejecutivo cree que esta regulación pretende instalarse en un espacio inexistente entre la legislación penal y la norma constitucional, sacrificando el principio de legalidad penal, de seguridad jurídica y de retroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales.

Otro de los fundamentos jurídicos en los que se basa el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo de Ibarretxe es que se restringen derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y a nivel europeo, como los de asociación política, libertad ideológica y participación pública.