Clima enrarecido

Con el acostumbrado preludio de la reunión del Grupo de los Siete (G-7) se inician las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en un clima económico doblemente enrarecido: por los efectos de las largas e intensas pérdidas de los mercados bursátiles y por las menos previsibles consecuencias de las tensiones bélicas que estos días dominan en Washington. En un contexto tal, el escepticismo acerca de las recién anunciadas previsiones económicas del FMI no es menor que el existente sobre los planes de reforma de esas instituciones multilaterales y de los procedimientos que gobiernan las finanzas internacionales.

La presunción de que a lo largo del próximo año la mayoría de las economías avanzadas asentarán su recuperación, aunque a ritmos significativamente inferiores a los previstos en el informe de abril del propio FMI, encuentra condicionantes que tienen poco que ver con la propia dinámica de las economías. La incertidumbre creada por la obsesión de la Administración de Bush de invadir Irak no hace sino reforzar la aversión al riesgo ya existente, en gran medida generada en la economía estadounidense, primero tras la explosión de la burbuja tecnológica y más tarde con la aparición de los sucesivos y variopintos escándalos empresariales. De esos dos grandes focos de incertidumbre y desconfianza son tributarias las economías del resto del mundo, poniendo de manifiesto la cara más adversa del proceso de integración económica internacional: la que subraya, ahora para mal, una intensa dependencia de la economía estadounidense.

Que el crecimiento del comercio y de los flujos de capital mundiales estén seriamente condicionados por lo que se decida al otro lado del Atlántico es consecuente con ese renovado liderazgo que la economía estadounidense ha ejercido a partir de la pasada década con su determinante contribución a la innovación tecnológica y al crecimiento económico. La grave convalecencia de Japón y la tortuosa integración europea ayudan también a explicar esa marcada hegemonía, que seguirá ejerciéndose en esta incierta transición hacia la recuperación económica. La confusión, cuando no la existencia de posiciones manifiestamente encontradas, en el seno de la Unión Europea acerca de las decisiones de política económica a adoptar en la situación actual, no favorecen precisamente la razonable aspiración a disponer de una presencia equivalente a la de EE UU en esas instituciones multilaterales.

La necesaria reforma del FMI y del Banco Mundial para hacer de estos organismos, junto a la Organización Mundial de Comercio (OMC), verdaderas instituciones de cooperación y gobierno del proceso de globalización, exige una Europa capaz de actuar de contrapeso de la influencia estadounidense. Y ello es equivalente a la disposición de un suficiente potencial de crecimiento, actualmente lastrado por la existencia de limitaciones estructurales en sus sistemas económicos y por políticas económicas poco propicias a estrechar esa brecha en bienestar económico. Impulsar las reformas de los mercados y fortalecer sobre bases más flexibles que las actuales la coordinación de las políticas presupuestarias son condiciones indispensables para contrarrestar las tentaciones unilateralistas, en lo económico y en lo político, de la actual Administración estadounidense.

La mayoría de los puntos incorporados a la agenda de esas reuniones, como la modificación de los procedimientos concursales en caso de crisis de pagos de los países en desarrollo, la limitación de la capacidad como prestamista del FMI, la lucha contra la pobreza o la instrumentación comercial de las ayudas al desarrollo, son enunciados válidos si los mecanismos de decisión lo fueran igualmente. Pero es dudoso que el carácter global que actualmente define a esas instituciones, en las que hoy están integrados 184 países, se corresponda con procedimentos de decisión establecidos cuando fueron creadas en la conferencia de Breton Woods en 1944, con la participación de apenas una cuarentena de países. La nueva situación exige, sin duda, una reforma de esas instituciones para hacerlas más democráticas.