La nueva telefonía móvil asfixia a las empresas

El lastre financiero de la nueva telefonía móvil, la que permitirá en un futuro la transmisión de vídeos, va a tener unas consecuencias empresariales mucho más costosas de lo esperado. Un reciente informe encargado por la Comisión Europea revela que las compañías tardarán hasta 30 años en recuperar la inversión en el denominado UMTS; y algunas desaparecerán antes de conseguirlo.

Los ejecutivos hacían chanza con las siglas del UMTS ('Unlimited Money To Spend'), en referencia al crédito ilimitado que se les dio para conseguir licencias

El coste del UMTS en Europa asciende a 352.362 millones de euros, más de la mitad de todo el PIB español previsto para 2003

Una tecnología aún no disponible, pero que ha causado la destrucción de miles de empleos, deudas millonarias y agujeros a la banca

Cuando en 2000 comenzaron a subastarse las licencias que daban derecho a la explotación de la nueva telefonía móvil multimedia, en el sector hizo furor una chanza a propósito de las siglas del UMTS, originalmente Universal Mobile Telecom System. Los ejecutivos que se desplazaron a Londres y Francfort para pujar en las subastas de Reino Unido y de Alemania trastocaron la siglas en Unlimited Money To Spend (dinero ilimitado para gastar). El chiste hacía referencia al crédito ilimitado que parecía que se les había concedido para conseguir esas licencias. Los 109.085 millones de euros pagados por las 59 licencias otorgadas en la Unión Europea parecían darles la razón. Pero todo ese dinero era poco ante las expectativas de negocio que abría la nueva generación de móviles, llamada a causar una revolución sólo comparable a la popularización del PC a mediados de los ochenta. Lamentablemente la broma sobre las siglas UMTS se ha transformado en un epitafio para la mayor parte de las compañías poseedoras de licencias.

Y es que la hipoteca de la nueva telefonía móvil es mucho mayor de lo que se suponía. La Comisión Europea, alertada por los crecientes problemas financieros de operadores y fabricantes, encargó, a comienzos de este año, un informe a la consultora McKinsey para averiguar cuál era el verdadero coste del UMTS y cómo se podían paliar los efectos desastrosos que está teniendo la apuesta por una tecnología que, sin estar disponible comercialmente en ningún lugar de Europa, ya ha causado la destrucción de miles de empleos, deudas multimillonarias a las compañías y agujeros a las entidades bancarias que les prestaron el dinero.

Tras casi seis meses de trabajo, las conclusiones del informe que acaba de presentarse, realizado con la información suministrada por las propias compañías, son demoledoras, y mucho más pesimistas de lo que se pensaba. Para empezar, el coste total de la aventura del UMTS hasta 2010, bajo el supuesto de que todos los operadores cumplan las obligaciones de despliegue de red (cobertura mínima del 80% de la población) asciende a 352.362 millones de euros, más de la mitad del producto interior bruto (PIB) español para 2003. En esa cifra se incluye el pago de licencias y las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto en esta década. Sin tener en cuenta ese periodo, y sólo a día de hoy, el coste se eleva a 236.440 millones de euros. Y la pregunta es ahora ¿cuándo se recuperará ese dinero?

Dos escenarios

Para determinar el número de años necesario para recuperar ese gasto, el análisis dibuja dos escenarios. Uno, pesimista, que asume que el beneficio bruto (Ebitda) que generará el negocio del UMTS será alrededor del 30% que el que genera la actividad actual del móvil, con la tecnología actual de segunda generación (2G). El segundo escenario, mucho más optimista, asume que el 3G reportará a las compañías el mismo margen de beneficio que el 2G.

Y el resultado es descorazonador: en el escenario optimista los operadores de cuatro de los 15 Estados de la Unión Europea -Alemania, Reino Unido, Suecia y Holanda- no conseguirían cuadrar sus cuentas al final del periodo de concesión (entre 15 y 20 años); en el peor de los casos, la lista de países que vería a sus operadores enterrados en deudas por el UMTS se eleva a 12, y tan sólo se salvan Luxemburgo, Grecia y España. De esta forma, y bajo la hipótesis de que el UMTS tenga la misma rentabilidad que la actual telefonía móvil (GSM), harán falta hasta 30 años (caso alemán) para recuperar la inversión, un plazo que ni siquiera una concesión de autopista de peaje se atrevería a plantear a sus accionistas sin contrapartida alguna. En España el plazo para recobrar lo gastado se eleva a siete años, un periodo modesto si se compara con los 16 que necesitarán las compañías que operan en el Reino Unido o los 27 años que requerirán en Holanda.

¿Y cuáles son las causas de tamaño desastre? El informe detalla, en primer lugar, las desmesuradas expectativas creadas sobre la evolución del mercado cuando comenzaron a adjudicarse las concesiones, a finales de 1999 y comienzos de 2000, lo que hizo que los Gobiernos hincharan el precio de las mismas. En este sentido, y ya con la burbuja tecnológica completamente deshinchada, el UMTS Forum, el organismo internacional que agrupa a operadores, fabricantes y representantes de la Administración, afirma actualmente que el negocio de la telefonía multimedia ascenderá a más de un billón de euros en 2010, gracias a los 2.000 millones de usuarios que utilizarán esta tecnología en esa fecha en todo el mundo, cifras que no concuerdan en absoluto con el diagnóstico del informe encargado por la Comisión Europea (148.000 millones de euros para el conjunto del mercado europeo, el más importante)

Esas expectativas irreales de negocio motivaron también, según el informe, no sólo que los Gobiernos encarecieran el precio de las licencias, sino que concedieran un excesivo número de ellas, pasando de 47 a 59 operadores.

El otro gran planteamiento erróneo sobre el que llama la atención el informe es el dilema de 'ahora o nunca' bajo el que tuvieron lugar las concesiones, en lugar de esperar a que estuviera lista la tecnología y conceder gradualmente las frecuencias, lo que hubiera evitado los despilfarros que se produjeron en las subastas.

Analizados los costes y las causas, el informe es mucho más vago en la propuesta de soluciones, al punto que muchas de las compañías que han colaborado en la elaboración del mismo han criticado duramente esa indefinición.

Las recomendaciones a los reguladores se basan en cinco principios. El primero establece que hay que adecuar mejor el números de licencias a la realidad del mercado. La segunda medida persigue permitir la gradual introducción de la nueva tecnología limitando los riesgos. En este sentido, se baraja la concesión de una licencia 'neutra', es decir, que sirva de campo de pruebas a todos los operadores, antes de lanzarse a la competencia entre ellos.

Venta de frecuencias

La tercera receta de McKinsey, y una de las mejor acogidas por las empresas, busca remedar la dinámica de la irremediabilidad del proceso, evitando que las compañías sean 'prisioneras' de las licencias y de los lastres financieros que comportan. En este sentido, propone permitir, 'bajo ciertas condiciones', la venta del espectro radioeléctrico, es decir, de la reserva de frecuencias por las que discurre la telefonía.

Sin duda, en este momento, esa posibilidad es el eje del debate en la Unión Europea y en cada uno de los países para intentar paliar en parte el desastre financiero que les ha causado el pago de la licencias. Las operadoras entienden que si pudieran alquilar o vender las frecuencias a otros operadores o a terceros (bancos, en garantías de préstamos), éstas se convertirían en un activo, en lugar de una pesada carga que, hoy por hoy, no tiene ninguna utilidad. Se baraja incluso la posibilidad de titulizar el espacio radioeléctrico.

La dos últimas propuestas van encaminadas a aliviar las fuertes cargas financieras que pesan sobre las compañías. Se apuesta por uniformar las exigencias en todos los Estados y reducir, en la medida de lo posible las cargas iniciales (pago de los plazos de la licencia, impuestos, tarifas de interconexión, etcétera) con el objetivo de ayudar al rápido lanzamiento comercial del UMTS. Aunque la propuesta es muy atractiva sobre el papel, es prácticamente irrealizable si se tiene en cuenta la diferente manera en que fueron otorgadas las licencias en cada uno de los estados. Por poner un ejemplo de estas discrepancias, reconocido por la propia Comisión Europea: los países que optaron por el método de la subasta como Alemania, Reino Unido u Holanda, recaudaron 103.900 millones de euros, mientras que los que optaron por el concurso, como España, apenas ingresaron 5.200 millones.

A la vista de soluciones tan vagas, la única consecuencia con la que parecen estar de acuerdo operadores y fabricantes es la de que el UMTS va a provocar una importante criba -la primera de la telefonía móvil- en el número de operadores.

Lamentablemente, la realidad está confirmando este presagio como prueban los ejemplos de Xfera (España), Quam (Alemania) o Ipse (Italia), que han arrojado la toalla antes incluso de empezar a operar.

Cuando en 2000 comenzaron a subastarse las licencias que daban derecho a la explotación de la nueva telefonía móvil multimedia, en el sector hizo furor una chanza a propósito de las siglas del UMTS, originalmente Universal Mobile Telecom System. Los ejecutivos que se desplazaron a Londres y Francfort para pujar en las subastas de Reino Unido y de Alemania trastocaron la siglas en Unlimited Money To Spend (dinero ilimitado para gastar). El chiste hacía referencia al crédito ilimitado que parecía que se les había concedido para conseguir esas licencias. Los 109.085 millones de euros pagados por las 59 licencias otorgadas en la Unión Europea parecían darles la razón. Pero todo ese dinero era poco ante las expectativas de negocio que abría la nueva generación de móviles, llamada a causar una revolución sólo comparable a la popularización del PC a mediados de los ochenta. Lamentablemente la broma sobre las siglas UMTS se ha transformado en un epitafio para la mayor parte de las compañías poseedoras de licencias.

Y es que la hipoteca de la nueva telefonía móvil es mucho mayor de lo que se suponía. La Comisión Europea, alertada por los crecientes problemas financieros de operadores y fabricantes, encargó, a comienzos de este año, un informe a la consultora McKinsey para averiguar cuál era el verdadero coste del UMTS y cómo se podían paliar los efectos desastrosos que está teniendo la apuesta por una tecnología que, sin estar disponible comercialmente en ningún lugar de Europa, ya ha causado la destrucción de miles de empleos, deudas multimillonarias a las compañías y agujeros a las entidades bancarias que les prestaron el dinero.

Tras casi seis meses de trabajo, las conclusiones del informe que acaba de presentarse, realizado con la información suministrada por las propias compañías, son demoledoras, y mucho más pesimistas de lo que se pensaba. Para empezar, el coste total de la aventura del UMTS hasta 2010, bajo el supuesto de que todos los operadores cumplan las obligaciones de despliegue de red (cobertura mínima del 80% de la población) asciende a 352.362 millones de euros, más de la mitad del producto interior bruto (PIB) español para 2003. En esa cifra se incluye el pago de licencias y las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto en esta década. Sin tener en cuenta ese periodo, y sólo a día de hoy, el coste se eleva a 236.440 millones de euros. Y la pregunta es ahora ¿cuándo se recuperará ese dinero?

Dos escenarios

Para determinar el número de años necesario para recuperar ese gasto, el análisis dibuja dos escenarios. Uno, pesimista, que asume que el beneficio bruto (Ebitda) que generará el negocio del UMTS será alrededor del 30% que el que genera la actividad actual del móvil, con la tecnología actual de segunda generación (2G). El segundo escenario, mucho más optimista, asume que el 3G reportará a las compañías el mismo margen de beneficio que el 2G.

Y el resultado es descorazonador: en el escenario optimista los operadores de cuatro de los 15 Estados de la Unión Europea -Alemania, Reino Unido, Suecia y Holanda- no conseguirían cuadrar sus cuentas al final del periodo de concesión (entre 15 y 20 años); en el peor de los casos, la lista de países que vería a sus operadores enterrados en deudas por el UMTS se eleva a 12, y tan sólo se salvan Luxemburgo, Grecia y España. De esta forma, y bajo la hipótesis de que el UMTS tenga la misma rentabilidad que la actual telefonía móvil (GSM), harán falta hasta 30 años (caso alemán) para recuperar la inversión, un plazo que ni siquiera una concesión de autopista de peaje se atrevería a plantear a sus accionistas sin contrapartida alguna. En España el plazo para recobrar lo gastado se eleva a siete años, un periodo modesto si se compara con los 16 que necesitarán las compañías que operan en el Reino Unido o los 27 años que requerirán en Holanda.

¿Y cuáles son las causas de tamaño desastre? El informe detalla, en primer lugar, las desmesuradas expectativas creadas sobre la evolución del mercado cuando comenzaron a adjudicarse las concesiones, a finales de 1999 y comienzos de 2000, lo que hizo que los Gobiernos hincharan el precio de las mismas. En este sentido, y ya con la burbuja tecnológica completamente deshinchada, el UMTS Forum, el organismo internacional que agrupa a operadores, fabricantes y representantes de la Administración, afirma actualmente que el negocio de la telefonía multimedia ascenderá a más de un billón de euros en 2010, gracias a los 2.000 millones de usuarios que utilizarán esta tecnología en esa fecha en todo el mundo, cifras que no concuerdan en absoluto con el diagnóstico del informe encargado por la Comisión Europea (148.000 millones de euros para el conjunto del mercado europeo, el más importante)

Esas expectativas irreales de negocio motivaron también, según el informe, no sólo que los Gobiernos encarecieran el precio de las licencias, sino que concedieran un excesivo número de ellas, pasando de 47 a 59 operadores.

El otro gran planteamiento erróneo sobre el que llama la atención el informe es el dilema de 'ahora o nunca' bajo el que tuvieron lugar las concesiones, en lugar de esperar a que estuviera lista la tecnología y conceder gradualmente las frecuencias, lo que hubiera evitado los despilfarros que se produjeron en las subastas.

Analizados los costes y las causas, el informe es mucho más vago en la propuesta de soluciones, al punto que muchas de las compañías que han colaborado en la elaboración del mismo han criticado duramente esa indefinición.

Las recomendaciones a los reguladores se basan en cinco principios. El primero establece que hay que adecuar mejor el números de licencias a la realidad del mercado. La segunda medida persigue permitir la gradual introducción de la nueva tecnología limitando los riesgos. En este sentido, se baraja la concesión de una licencia 'neutra', es decir, que sirva de campo de pruebas a todos los operadores, antes de lanzarse a la competencia entre ellos.

Venta de frecuencias

La tercera receta de McKinsey, y una de las mejor acogidas por las empresas, busca remedar la dinámica de la irremediabilidad del proceso, evitando que las compañías sean 'prisioneras' de las licencias y de los lastres financieros que comportan. En este sentido, propone permitir, 'bajo ciertas condiciones', la venta del espectro radioeléctrico, es decir, de la reserva de frecuencias por las que discurre la telefonía.

Sin duda, en este momento, esa posibilidad es el eje del debate en la Unión Europea y en cada uno de los países para intentar paliar en parte el desastre financiero que les ha causado el pago de la licencias. Las operadoras entienden que si pudieran alquilar o vender las frecuencias a otros operadores o a terceros (bancos, en garantías de préstamos), éstas se convertirían en un activo, en lugar de una pesada carga que, hoy por hoy, no tiene ninguna utilidad. Se baraja incluso la posibilidad de titulizar el espacio radioeléctrico.

La dos últimas propuestas van encaminadas a aliviar las fuertes cargas financieras que pesan sobre las compañías. Se apuesta por uniformar las exigencias en todos los Estados y reducir, en la medida de lo posible las cargas iniciales (pago de los plazos de la licencia, impuestos, tarifas de interconexión, etcétera) con el objetivo de ayudar al rápido lanzamiento comercial del UMTS. Aunque la propuesta es muy atractiva sobre el papel, es prácticamente irrealizable si se tiene en cuenta la diferente manera en que fueron otorgadas las licencias en cada uno de los estados. Por poner un ejemplo de estas discrepancias, reconocido por la propia Comisión Europea: los países que optaron por el método de la subasta como Alemania, Reino Unido u Holanda, recaudaron 103.900 millones de euros, mientras que los que optaron por el concurso, como España, apenas ingresaron 5.200 millones.

A la vista de soluciones tan vagas, la única consecuencia con la que parecen estar de acuerdo operadores y fabricantes es la de que el UMTS va a provocar una importante criba -la primera de la telefonía móvil- en el número de operadores.

Lamentablemente, la realidad está confirmando este presagio como prueban los ejemplos de Xfera (España), Quam (Alemania) o Ipse (Italia), que han arrojado la toalla antes incluso de empezar a operar.