'Exigimos justicia y que no se burlen'

Los afectados del síndrome Ardystil, que causó la muerte de seis trabajadores y afecciones pulmonares a 70 operarios del sector de la aerografía textil, han recibido como una mazazo la decisión de la Audiencia de Alicante de devolver el sumario al juzgado de Alcoy, al descubrirse que faltan los escritos de defensa de varias empresas imputadas en una instrucción judicial que ha durado una década.

El colectivo pide justicia y se muestra indignado ante los constantes retrasos en el sumario judicial. El testimonio de algunos de los implicados es estremecedor. Las dos hijas de Consuelo Raués, Yovana y Soraya, se dejaron la vida trabajando en Ardystil. Tenían 20 y 18 años y fallecieron hace 10 años en un hospital de Valencia, lejos de casa y como consecuencia de la fibrosis pulmonar que desarrollaron tras varios meses de trabajo en la empresa Ardystil. Consuelo, su madre, apenas pudo despedirse de ellas. 'Todo fue muy rápido, en menos de una semana las perdí a las dos', recordaba ayer entre la lucidez y la ira. Consuelo quiere que sus hijas descansen en paz de una vez por todas y que los imputados -empresas de aerografía textil y un inspector de Trabajo- se sienten en el banquillo de los acusados, que alguien pague por el daño que causó el síndrome Ardystil en su familia y en otras tantas de las localidades de Cocentaina y Alcoy. 'Yo creo que quien tenga hijos entenderá mi impotencia, sea juez, abogado o fiscal', explicaba la madre. Consuelo se refería a la indignación que le supuso el pasado viernes conocer que un fallo en la documentación aportada por las defensas en los últimos diez años y detectado por la Audiencia de Alicante estos días ha provocado la devolución del sumario del caso al juzgado de Alcoy esta misma semana.

'Creo que quien tenga hijos entenderá mi impotencia, sea juez, abogado o fiscal'

'Llegamos a pensar que hay alguien interesado en que este tema no se esclarezca'

Esta indignación la compartió ayer junto a otras afectadas, Gemma Martínez, compañera de sus hijas, Maria del Carmen Figuerola, Chelo Valls y José Díaz, hijo de Josefa Parra, otra de las seis víctimas que causó el síndrome Ardystil. No lo han tenido fácil, en estos 10 años les han llegado más noticias negativas que positivas en torno a este caso.

Tras pasar el mal trago de las muertes y el largo tratamiento, los afectados supieron que el National Institute of Security and Health (NIOSH), al que la Generalitat Valenciana encargó la investigación, no logró dar con el agente causal. La investigación se cerró y con ello las esperanzas de los afectados por conocer qué productos fueron los que mataron y enfermaron a sus hijos y compañeros. Los afectados tuvieron que esperar cuatro años para que la juez, que abrió diligencias en 1992 por negligencia, imprudencia y delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, empezara a llamar a declarar a los primeros imputados por el caso Ardystil.

En medio del negro panorama, se abrieron nuevas esperanzas al conocer que un juzgado de lo Social de Alicante reconocía el síndrome Ardystil como enfermedad laboral y determinaba las prestaciones económicas para los afectados que quedaron inútiles para trabajar. Gemma Martínez tenía entonces 17 años. Ahora la mantienen 'entretenida' como secretaria de una empresa familiar. Aun así se considera afortunada porque salvó la vida: 'Desde que salí de Ardystil no he vuelto a hacer nada. No puedo intentar esfuerzos. Pronto me agoto y me canso enseguida'. Como Gemma, otros afectados comenzaron a notar las consecuencias del síndrome y su medicación, y denuncian que sufren secuelas.

'Eso sin contar el daño moral que nos han causado estos diez años sin visos de solución', protestaba Chelo Valls. 'Ha habido seis muertos, un trasplante pulmonar y decenas de afectados. ¿No demuestra eso nuestro sufrimiento? Pedimos justicia por las víctimas', decía ayer y pedía, al igual que Consuelo Raués, a las autoridades 'que no se burlen más de ellos con tanto problema y retraso'.

Chelo Valls fue compañera de Josefa Parra, que en 1992 dejó huérfano a José Díaz. El joven no llega a comprender la razón por la que el caso no deja de deambular de un juzgado a otro y cree aquella la justicia que tiene que ver con los ricos y famosos va más rápida que la que pide la gente sin dinero.

Consuelo le explica que todo se reduce a una clara 'falta de interés, pero nosotros no pararemos'. Ella fue personalmente a hablar con el último de los tres jueces instructores que ha tenido el caso Ardystil en Alcoy para solicitarle ayuda en la conclusión del caso. 'Nos pidió paciencia para completar todo el sumario y evitar que invalidasen el juicio por falta de documentación. De poco sirvió', concluyó. Menos contentos están los afectados con el trato de sus abogados. 'Nosotros no sabemos de leyes. Confiamos ciegamente en ellos pero no nos han aportado una solución'. Su impotencia les llevó a solicitar el traslado del caso a un despacho de Valencia, que según explican, le ha dado un nuevo impulso.

Aseguran que los impedimentos les han hecho fuertes en su lucha. 'Hemos llegado a pensar que hay alguien interesado en que este asunto no se esclarezca. Si creen que retrasando las cosas nos van a desanimar están equivocados. No vamos a parar y mientras podamos seguiremos luchando por nuestros hijos. Si es necesario, volveremos a salir a la calle', concluyó Consuelo Raués.