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Editorial:

El 'lehendakari' de la mitad de los vascos

El 'lehendakari' anunció ayer el inicio de un proceso de sustitución del actual marco estatutario vasco por otro que definió como 'estatus de libre asociación', que viene a ser una especie de independencia de hecho, pero manteniendo con España los vínculos mínimos necesarios para garantizar la permanencia de Euskadi en la Europa comunitaria. El supuesto nuevo 'pacto para la convivencia' es en realidad una propuesta de pacto interno de la comunidad nacionalista, que conduce a la exclusión de la mitad no nacionalista de la Cámara (y de la población). En la actual situación de falta de libertad de esa mitad acosada por el mundo etarra, Ibarretxe ha querido lanzar una propuesta destinada precisamente a la otra mitad de los vascos, y específicamente a quienes apoyan al terrorismo o consideran legítimo aprovecharlo para sacar rendimientos políticos.

No es extraño que en su discurso el terrorismo ocupara un lugar totalmente secundario, inferior al dedicado a las inversiones en I+D. Pero lo que hace años se presentó como concesiones para convencer a ETA se sabe ya que no sirve ni para que los terroristas desistan de matar ni para que Batasuna se separe de ETA. La propuesta fue presentada sin ánimo de convencer, como una declaración de intenciones a la que los demás deberían adherirse por su propio bien. Incluso se precisa que si no hay acuerdo con el Estado para la reforma del Estatuto, se someterá de todas formas a consulta popular. Es una especie de Lizarra sin tregua. El proceso habría de desarrollarse 'en un escenario de ausencia de violencia', aunque ninguna consecuencia se saca del hecho de que la situación real sea de presencia del terrorismo. Se hace abstracción, así, de que el único punto de partida en el que los nacionalistas podrían hacer un planteamiento secesionista con pretensiones de legitimidad como el que han hecho ahora sería una situación sin violencia y sin terrorismo, en la que todos los vascos tuvieran libertad para actuar y expresar libremente su voluntad. A Ibarretxe le preocupa mucho la identidad de la mitad de los vascos, incluidos los que matan, pero poco o nada la libertad y la vida de todos los vascos.

Algunas de las razones que presentó como evidencias indiscutibles son tópicos nacionalistas que nunca podrán ser la base para un acuerdo que comprenda a los vascos no nacionalistas. Y aunque dijo hablar 'desde el ámbito de decisión' de la Comunidad Autónoma Vasca, el sujeto de las propuestas del lehendakari es una definición de pueblo vasco que incluye a Navarra y los territorios vascofranceses. El estatus de libre asociación implicaría un poder judicial independiente y la capacidad para suscribir tratados internacionales, entre otras competencias nuevas. Pero implicaría sobre todo el reconocimiento expreso, en el nuevo Estatuto, del derecho unilateral de secesión. Afirmar que todo el proceso se plantea desde la legalidad constitucional cuando el contenido es claramente rupturista suena a sarcasmo: una especie de ruptura pactada en la que los no nacionalistas avalarían su propia marginación política, disolviéndose en la comunidad nacionalista.

Además, es poco realista. La reforma del Estatuto vasco requiere la aprobación de la mayoría absoluta del Parlamento vasco, la convalidación por esa misma mayoría de las Cortes y la ulterior ratificación en referéndum en Euskadi. El tripartito actual no alcanza esa mayoría, y es inverosímil que el Parlamento español pueda convalidar una reforma como la propuesta. La suma de votos de todos los partidos nacionalistas no ha alcanzado nunca el 50% del censo, ni en el conjunto de Euskadi ni en cualquiera de sus territorios. Mientras que el Estatuto de Gernika fue avalado por el 53,13% del censo (y el 90% de los votos válidos). Sustituir un consenso muy mayoritario por otro que excluya al menos a la mitad de la población es una pésima propuesta. Desde sectores del PNV se dijo que el error de Lizarra fue no haber asociado a los no nacionalistas, al menos a los socialistas, al proyecto. Pero ¿por qué iban a aceptar ahora sin tregua lo que ya rechazaron con tregua?

Que sea poco realista no significa que sea una propuesta inocua. Desestabiliza el Estado autonómico, al que somete a tensiones rupturistas, y a la sociedad vasca, al hacer imposible el consenso sobre el marco político. Y sobre todo, una propuesta tan extrema y desestabilizadora no contribuye a la unidad democrática contra ETA. Al contrario: ofrece pretextos nuevos a quienes llevan años justificando el recurso a la violencia como única forma de hacer entrar en razón a quienes se resisten a reconocer lo que el nacionalismo reclama como derechos indiscutibles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de septiembre de 2002