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Medio Ambiente recuerda que su informe contrario al chalet de Ardanza es 'preceptivo'

La alcaldesa de Arteaga, partidaria de legalizar la obra, pide un nuevo dictamen jurídico

El Gobierno vasco enviará al Ayuntamiento de Arteaga el informe que considera ilegal el chalet que se ha construido el ex lehendakari y presidente de Euskaltel José Antonio Ardanza en plena reserva de la biosfera de Urdaibai. El Ejecutivo recuerda que su texto 'es preceptivo', según establece el plan de protección de la reserva. La alcaldesa de Arteaga, Arantza Madariaga (PNV), no acepta por ahora el informe y anuncia que pedirá un nuevo dictamen. Madariaga participó en la reunión del patronato que estudió el asunto y votó a favor de legalizar el chalet.

El expediente sobre la conclusión de la reforma de la vivienda promovida en la localidad vizcaína por Ardanza -un caserón edificado en los 60- no fue aceptado en la noche del miércoles por la comisión permanente del Patronato de Urdaibai, el órgano de gestión de la reserva de la biosfera. La permanente es un foro más restringido que el pleno, que cuenta con más de 20 participantes, y en ella están representados los ayuntamientos de la zona, la Diputación y el Gobierno vasco.

El patronato certificó la ilegalidad de la vivienda de Ardanza, cuyas obras concluyeron el pasado verano, en virtud de los informes técnicos que han constatado media docena de irregularidades (ver EL PAÍS de ayer). Entre ellas figura el aumento en un 68% de la superficie edificada, cuando el máximo autorizado en la reserva es del 25%. Los 634 metros cuadrados del proyecto original aprobado han aumenatado hasta 879. A ello, se une la superación de la altura del caserón en 1,20 metros y la construcción de una piscina. Estos aspectos no figuraban en el proyecto original presentado por la sociedad Construcciones Urasa, la solicitante del permiso de obra, a principios del pasado año.

'El informe es desfavorable por no adaptarse a las determinaciones establecidas por el Plan de Uso y Gestión de la reserva de Urdaibai', señaló ayer el Departamento de Medio Ambiente, en manos de EA. Esta normativa de protección, aprobada en 1993, establece que cualquier actuación urbanística en suelos no urbanos debe contar con el informe favorable del patronato.

Medio Ambiente señaló ayer que el patronato 'hace suyo el informe' y anunció que lo enviará al Ayuntamiento de Arteaga, 'la administración competente en materia urbanística'. La consejería recalcó que el informe del patronato 'es preceptivo', según detalla el artículo 131 del plan de protección.

Sin unanimidad

La aprobación del informe en la permanente no fue unánime. La alcaldesa de Arteaga, Arantza Madariaga, asistó a la reunión -los ayuntamientos de la zona tienen representantes rotatorios- y votó en contra, al igual que un representante de la Diputación de Vizcaya.

Madariaga no va a aceptar de inmediato el informe, pese a que hace cuatro meses afirmaba a este periódico que no iría 'en contra de lo que digan los técnicos de Urdaibai'. Aduce ahora que el informe técnico realizado por el arquitecto municipal consideraba que las modificaciones en el proyecto del chalet de Ardanza son 'legalizables'. Ante la existencia de dos estudios con conclusiones diferentes, la alcaldesa peneuvista ha pedido un nuevo dictamen jurídico.

El PP pidió ayer la comparecencia ante las Juntas Generales de Vizcaya de la diputada foral de Medio Ambiente, la peneuvista María Esther Solabarrieta, para que explique las medidas que se tomarán 'para restablecer el cumplimiento de la legislación'. El juntero popular Arturo Aldecoa señaló que la Diputación está 'obligada a exigir al Ayuntamiento de Arteaga que restablezca la legalidad pese a quien pese'.

El Taller de Ecología de Gernika, que denunció en mayo las irregularidades, consideró 'vergonzoso' que 'quien firmó la ley de Urdaibai cuando era la máxima autoridad [en referencia a Ardanza] se la salte cuando le afecta'. Un portavoz de este grupo afirmó que la alcaldesa 'está reiteradamente involucrada en casos de presunta prevaricación' y criticó 'una operación para subvertir la ley' y convertir esta zona de Arteaga 'en suelo urbano y escapar así del patronato'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de septiembre de 2002