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Tribuna
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El mundo al revés

La política fiscal aplicada ha sido presentada por el Gobierno como principal causa de la buena marcha de la economía en los últimos años aunque hay otros factores con superior grado de influencia. Uno externo, el intenso crecimiento de Estados Unidos, y otro interno, el consenso social para no caer en los errores que desembocaron en la recesión de 1993. En la actualidad, no se dispone de ninguno de los dos. Los países desarrollados pasan por una crisis de causas no sólo coyunturales (fuerte endeudamiento de las familias y falta de credibilidad de las empresas) que harán la recuperación más lenta y menos intensa en ritmo de crecimiento de lo inicialmente esperado. Por otra parte, el Gobierno ha despreciado el valor del consenso interno renunciando unilateralmente al mismo con una decisión que beneficia a unos pocos.

Además, la economía española mantiene sus habituales limitaciones internas. La elevada inflación y el fuerte saldo negativo en la balanza de pagos son reflejo de la insuficiente capacidad del tejido productivo español para competir y crear empleo en el futuro. El presupuesto representa el grado de iniciativa pública en la economía y debe estar elaborado para solucionar, junto con las decisiones privadas, los problemas reales de los ciudadanos. En una situación de fuerte incertidumbre mundial, el Gobierno se inventa una realidad al borde de la fantasía (crecimiento del 3% en el PIB en 2003) para acomodar un presupuesto determinado previamente, cuyo único objetivo, más bien dogma, es alcanzar el equilibrio presupuestario con un gasto público inferior en ocho puntos del PIB a la media comunitaria (56.000 millones). Con esta decisión, se renuncia a mejorar las inversiones en infraestructuras e I + D, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos potenciando mejores servicios públicos y a apuntalar las políticas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. La sociedad española se ve obligada a renunciar al efecto multiplicador del gasto público en un momento de crisis, cuando más se necesita.

A cambio, se le ofrece una reforma del IRPF que con su nueva tarifa favorece 35 veces más a los que ingresan más de 67.000 euros al año y concentra las ventajas de las plusvalías en las rentas más elevadas (el 10% más rico acumula el 70% de las plusvalías). Las rebajas para la mayoría de la anterior reforma han sido efímeras, se las comió la inflación y, en contrapartida, las subidas en los impuestos sobre el consumo son permanentes y se amplían con la inflación. Resaltar una coincidencia: las rebajas del IRPF se aplican siempre próximas a elecciones y son objeto de manipulación en los medios de comunicación amigos sin posibilidad de respuesta crítica.

Por si fuera poco, los trabajadores ocupados asumen exclusivamente con las cuotas sociales, una parte de su salario, el pago de las políticas de empleo, además, de ejercer la solidaridad los desempleados. En pago a su esfuerzo, han visto recortados sus derechos, a la vez que abaratado y facilitado el despido.

En suma el mundo del revés, o ¿quizás estamos equivocados y la sociedad del Gobierno del PP es así? Una economía con un tejido productivo débil apoyado en bajos costes laborales y poca protección a los trabajadores que adolece de infraestructuras físicas y humanas para mejorar el valor añadido de los productos. Una sociedad con insuficiente protección social y seguridad ciudadana en la que buscarse la vida en los momentos de dificultad es una obligación estrictamente individual. Eso sí, luciendo con orgullo el equilibrio presupuestario, logrado, por cierto, con más trucos de los debidos. La misma táctica engañosa utilizada para publicitar una subida de los gastos sociales importante (+7,1%) cuando eliminados los trucos contables queda en un porcentaje muy reducido (+1% real).

Miguel Ángel García Díaz es responsable del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras.

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