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TRIBUNA

El dilema de la política fiscal

Se acaban de presentar los quintos Presupuestos Generales del Estado de la era del euro en un entorno macroeconómico y financiero caracterizado por la incertidumbre. Casi todas las economías experimentan procesos de desaceleración no exentos de riesgos. Los mercados financieros, sobre todo el bursátil, están muy inquietos. Primero fue la microeconomía, como consecuencia de los decepcionantes resultados empresariales, intensificados por casos como el de Enron. Posteriormente la macro, reflejo de la preocupación por el crecimiento de EE.UU. y de Europa así como por las crisis en Latinoamérica. Finalmente, la guerra de Irak, y las incertidumbres políticas y económicas asociadas a la misma. En particular, con unos precios del petróleo que ya superan las expectativas, las perspectivas sobre el crecimiento y la inflación de las economías industrializadas se ensombrecen aún más.

Sin embargo, el hecho de que la economía española esté inmersa en un entorno internacional complicado, no debe desviar la atención de sus propios problemas. En este sentido, la cesión de la soberanía en política monetaria y cambiaria al Banco Central Europeo asociada a la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria (UEM) otorga un papel decisivo a la política fiscal para afrontar los problemas propios de cada país, ya que de los asuntos 'externos' se encargan, se supone que acertadamente, los bancos centrales respectivos y los organismos multilaterales, todo ello bajo la atenta mirada de unos mercados financieros globalizados.

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la herramienta básica del diseño de la política fiscal para 2003 y, por tanto, deberían intentar ofrecer una respuesta a los problemas propios de nuestra economía, entre los que destacan dos situaciones puntuales específicas. En primer lugar, una tasa de inflación que superará con creces el 4% al acabar este año, muy por encima de la de sus socios comerciales con los que mantiene un tipo de cambio fijo, con la consiguiente pérdida de competitividad y su impacto negativo sobre la actividad económica a largo plazo. En segundo lugar, una desaceleración de la actividad que probablemente conducirá a tasas de crecimiento en torno al 1,5% a finales de año, un punto por debajo del crecimiento potencial de la economía española y próximas al nivel crítico en el cual puede tener lugar una destrucción neta de empleo. El dilema de la política fiscal es decidir a cuál de estas situaciones deben atender prioritariamente los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Si se considera que es la primera, la inflación, se debería elaborar un presupuesto más bien restrictivo en los capítulos de gasto corriente, con una inversión pública destinada a eliminar los cuellos de botella por el lado de la oferta, orientado a implementar las nuevas tecnologías que abaraten los procesos de producción y distribución, generoso en medidas fiscales que estimulen el ahorro y dirigido a reforzar las instituciones encargadas de velar por la competencia y el buen funcionamiento de los mercados de trabajo y de bienes y de servicios. Si, por el contrario, se decide que la prioridad es el crecimiento generador de empleo, se debería optar por un presupuesto moderadamente expansivo, máxime cuando el margen de maniobra relativo a la situación fiscal de buena parte de los países de la UEM parece holgado: casi todos están relajando sus políticas fiscales y a la Comisión Europea no parece importarle demasiado.

En el fondo se trata de un dilema clásico de la política económica: optar entre actividad y empleo o inflación o, si se quiere, entre crecimiento a corto y a largo plazo. El presupuesto presentado no aclara el dilema. El déficit cero en una economía creciendo por debajo de su crecimiento potencial es, en apariencia, señal de un presupuesto restrictivo. Sin embargo, el recorte de impuestos destinado a estimular el consumo y la expansión de la obra civil sin medidas tendentes a atajar la inflación, son características de un presupuesto expansivo. El dilema no se aclara porque ni siquiera se plantea. Al fin y al cabo se basa en un escenario en el que la economía crece un 3%, por encima de su potencial, con una inflación de consumo en el 2%, menos de la mitad de la cifra con la que previsiblemente se cerrará este ejercicio. Ojalá se cumpla. Ojalá tampoco haya guerra.

Miguel Sebastián es economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de septiembre de 2002