El Gobierno garantiza al PSOE que no tomará medidas excepcionales contra el Ejecutivo vasco

El Gobierno garantizó ayer al PSOE que no tomará medidas excepcionales contra el Ejecutivo vasco. El almuerzo celebrado ayer en La Moncloa entre representantes del Ejecutivo y del PSOE reveló la coincidencia sustancial de análisis sobre la situación vasca y la respuesta del PNV al proceso de ilegalización de Batasuna. 'No se va a alterar la línea marcada en la Ley de Partidos. No se va a caer en las provocaciones de Batasuna ni del PNV'. Fue la respuesta del Gobierno a interrogantes del PSOE. Los reunidos aprobaron un fondo público de ayuda económica los ediles amenazados.

La importancia política del encuentro, que sirvió para aunar posiciones en el marco del Pacto Antiterrorista sobre el proceso abierto en el País Vasco tras la aprobación de la Ley de Partidos y la puesta en marcha de la vía penal de ilegalización del juez Baltasar Garzón, se reflejó en la composición de sus miembros: el vicepresidente primero, Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Angel Acebes; el de Administraciones Públicas, Javier Arenas; el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; el secretario de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga; el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera; los ejecutivos socialistas, Carme Chacon y Alvaro Cuesta, y el ex ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En las casi tres horas de reunión, ambas delegaciones coincidieron en dos aspectos básicos: la ilegalización de Batasuna 'no va dirigida contra el nacionalismo sino contra el terrorismo' y en 'no sobrevalorar el desafío del PNV desde las instituciones vascas a los poderes del Estado'. En este sentido, el Gobierno aclaró que no se plantea medidas excepcionales frente al desafío nacionalista, como la suspensión de la autonomía recogida en el artículo 155 de la Constitución. 'Ni se citó en la reunión', señaló uno de los asistentes.

El Gobierno también garantizó a los socialistas que la ilegalización de Batasuna sólo 'va dirigida contra el terrorismo'. 'Hay que seguir adelante con el proceso abierto por la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna. No hay que vacilar por las reacciones del nacionalismo al proceso ni tampoco tomar medidas precipitadas. Hay que guardar la calma. Y responder a los desafíos institucionales del nacionalismo con el Estado de Derecho, con el respeto a las reglas del juego', señalaba ayer otro de los asistentes.

Ambas delegaciones reafirmaron su decisión por los resultados que arrojan las encuestas, coincidentes en que las medidas adoptadas por la ilegalización de Batasuna están teniendo un 'enorme apoyo social en toda España y que está creciendo en el País Vasco'.

Hubo coincidencia en el diagnóstico sobre la ausencia de reacción del entorno de Batasuna durante los primeros días ante la clausura de sus sedes y sobre el comportamiento del PNV. La representación gubernamental resaltó cómo 'cada vez que ETA y su entorno están en apuros, igual que sucedió en julio de 1997, tras el asesinato del concejal del PP, Miguel Angel Blanco, en Ermua, va el PNV y les echa una mano'.

La dura reacción del PNV contra el juez Garzón limitó, en esta ocasión, la tradicional defensa que el PSOE hace ante el Gobierno a favor de buscar puentes con las instituciones vascas. Sin embargo, la delegación socialista sí reprochó al Gobierno el frecuente uso partidista que hace de la lucha antiterrorista para presentar al PSOE como un partido indeciso y lo beneficioso que para el entorno de ETA resulta la división de los partidos democráticos.

El desconocimiento que aún existe en el exterior de España sobre la naturaleza de Batasuna, como brazo político de ETA, y de la Ley de Partidos, les llevó a un acuerdo para enviar una delegación del Pacto Antiterrorista a las instituciones europeas para explicarles el proceso de ilegalización de Batasuna.

La reunión cerró también un viejo contencioso entre el Gobierno y PSOE: la creación de un fondo público para la protección de concejales, reclamado desde hace meses por los socialistas, que lo pretendían incluir en la Ley de Presupuestos mientras el Ejecutivo se inclinaba por que el fondo lo financiarán las fundaciones privadas. La fórmula final se materializará en que la reforma de la Ley de Régimen Electoral recogerá el reconocimiento de dicho fondo. El presupuesto anual del fondo está calculado en torno a los 2,5 millones de euros y tendrá los siguientes fines:

-Blindaje de sedes del partido en las comunidades vasca y navarra.

-Blindaje de domicilios particulares de concejales.

-Elementos de seguridad en las sedes para filtrar la correspondencia.

-Personal especialista y coordinador en seguridad.

-Financiación con fondos públicos de ausencias laborales obligadas para concejales amenazados.

El conjunto de medidas de protección de concejales -que obligará a reformar seis leyes- se tramitará a través de una proposición de ley, con la pretensión de que, en su tramitación y por la vía de las enmiendas, cuente con el respaldo de todos los partidos.