El Supremo inicia los trámites para llamar a declarar a Josu Ternera
El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, instructor de la causa abierta contra el parlamentario de Batasuna José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, reclamó ayer a la Audiencia Nacional el testimonio completo de la causa abierta por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, acción criminal que la fiscalía imputa al miembro del Parlamento vasco y ex dirigente etarra. Fuentes del Supremo indicaron que Soriano ha dictado una providencia solicitando la prueba documental que le requirió la fiscalía. Tras este trámite, el juez tendrá que citar a declarar a Urrutikoetxea, como también pide el ministerio público.
De acuerdo a la solicitud del fiscal, el magistrado instructor ha pedido que se aporten a la causa testimonios de diversas resoluciones judiciales, como los autos del Supremo de enero y febrero de 2000 que acordaron la puesta en libertad de Urrutikoetxea por el caso Sokoa, así como la sentencia del Tribunal Correccional de París de 26 de octubre de 1990, que condenó al ex dirigente etarra por asociación de malhechores. En cuanto a la Audiencia Nacional, le pide el testimonio completo de la causa así como la sentencia condenatoria contra el etarra Henri Parot.
El juez Soriano fue nombrado instructor de esta causa la semana pasada por el Tribunal Supremo, que se declaró competente para actuar contra Ternera al apreciar indicios de su participación, como presunto inductor, en el atentado cometido contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987. En ese atentado fallecieron 11 personas, 5 de ellas niñas.
Josu Ternera fue detenido en Bayona (Francia) el 11 de enero de 1989, y cumplió condena en Francia hasta el 4 de mayo de 1996, día en que fue entregado a España. En las cárceles españolas permaneció en prisión preventiva hasta el 14 de enero de 2000, cuando el Tribunal Supremo le excarceló por considerar que su condena en Francia incluía las acusaciones que se le formulaban en España por pertenencia a banda armada, en el caso Sokoa.
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