Las cajas obligan al Gobierno a cambiar la Ley Financiera para evitar su privatización

El sector de las cajas de ahorro al completo, incluidas las controladas por el Partido Popular, ha conseguido que el Gobierno dé marcha atrás en la Ley Financiera y acepte que las cuotas participativas no sean una llave para su privatización, como pedía la oposición. En un principio, el PP dejó abierta la posibilidad de que los titulares de estas cuotas -presumiblemente los bancos- pudieran tener acceso a los órganos de control de las cajas. Finalmente, el PP ha buscado el consenso político para dar estabilidad a las cajas, que representan la mitad del sistema financiero español.

Tras casi dos años de tiras y aflojas con la Ley Financiera, partidos políticos, órganos de gobierno de las cajas y sindicatos parecen haber encontrado posiciones comunes para el consenso. Tras presentar las enmiendas de los diferentes partidos, la ley podría quedar aprobada en poco más de un mes y entrar en vigor en noviembre.

Para las cajas de ahorro, el principal escollo que tenía la nueva ley era la posición del Gobierno y del Partido Popular sobre las cuotas participativas. Según fuentes del sector, tal y como estaba redactado el texto inicial, 'era posible que se utilizaran las cuotas como una puerta para su privatización si los bancos, por ejemplo, se hacían con un buen número de cuotas y llegaban hasta los órganos de gobierno de las cajas'.

Malestar en el PP

Las cajas gobernadas por el PP han trasladado, en estos últimos días, su malestar por esta cuestión hasta la dirección de este partido, y éste ha rectificado. En sus propuestas en el Senado, el PP ha aceptado retirar algunos derechos que otorgaba a los propietarios de cuotas participativas, con lo que se ha terminado el fantasma de la privatización de las cajas.

El portavoz del PP de economía, Vicente Martínez-Pujalte, señaló ayer que las cajas necesitan recursos propios porque están en proceso de renovación y expansión. En ese sentido, añadió: 'Por eso hemos modificado el marco jurídico de las cuotas participativas. En el Senado, el PP ha eliminado aquellas objeciones que se nos ponían desde sectores sociales que podían interpretar que las cuotas tenían derechos políticos'. Pujalte aseguró que 'el PP quiere que las cajas tengan recursos propios, pero no derechos políticos'.

Además de las cajas afines al PP, el partido del Gobierno ha escuchado las discrepancias que le presentaron los sindicatos, principalmente Comisiones Obreras. Este sindicato, mayoritario en las cajas, ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para regular las participativas. En este sentido, CCOO ha hecho público un comunicado en el que exige 'la eliminación de cualquier referencia a la presencia, cierta o posible, de los titulares de cuotas en los órganos de gobierno y la exclusión de derechos políticos'. Asimismo, Comisiones sigue considerando que las cajas de ahorro son entidades solventes por la calidad de sus balances y la fortaleza de sus recursos propios, 'con lo que la emisión de cuotas participativas es dar una solución interesada a un problema inexistente'.

El PSOE también manifestó su frontal enfrentamiento con el planteamiento del PP. Jordi Sevilla, portavoz de la Comisión de Economía, anunció una serie de medidas que, ante las nuevas posiciones del PP, se han anulado. Entre estas iniciativas había dos relevantes: la primera de ellas es que los representantes socialistas en los órganos de las cajas propusieran un debate interno en cada entidad. Además, convocaron una reunión en Madrid de todos los representantes socialistas en las asambleas de cajas para realizar diferentes actos públicos.

Por si esta oposición no fuera suficiente, el PP también percibió que su posición no coincidía con la de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), a la que le realizó consultas en diferentes ocasiones.

Con este panorama, el PP era consciente de que era imposible aprobar la Ley Financiera con amplio consenso, como pretendía en principio. Ayer, Martínez-Pujalte admitió que el PP 'busca el mayor grado de acuerdo posible con todo el mundo, porque lo que nos importa es mejorar las posibilidades de desarrollo de estas entidades'.

En un aspecto en el que el acuerdo es total entre el PP y el PSOE es que la retribución de las cuotas sea variable y esté referenciada a los beneficios.

En cuanto al límite de la edad de los consejeros, la nueva ley establece la limitación de 70 años de edad para los consejeros salvo que las autonomías regulen lo contrario. Martínez-Pujalte dijo ayer que 'se ha llegado a un acuerdo con CiU para que el marco competencial no tenga ningún roce'. Este artículo ha sido especialmente polémico, porque si la Generalitat impone el límite de los 70 años, Josep Vilarasau, presidente de La Caixa, debería dejar su puesto este ejercicio.

El presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rosell, que también es vicepresidente de la CEOE, declaró a este diario que está en contra de aplicar límites de edad en las cajas. 'No me gustan los límites en nada', dijo Rosell.