El Gobierno de Bono se persona en el juicio por los vertidos del Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará en el proceso judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela por un supuesto delito contra el medio ambiente. La juez encargada del caso ha imputado a los dos últimos presidentes y comisarios de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y a diez empresas de la Vega Baja por los vertidos tóxicos a la cuenca del río.

El Gobierno castellano-manchego adoptó esta decisión, dado que la cuenca del río Segura afecta a 21 municipios de su comunidad. Las sustancias altamente tóxicas detectadas en casi todos los puntos del río sometidos a estudio fundamentan la decisión del Ejecutivo de Bono. Según fuentes del gobierno regional, la contaminación del Segura puede repercutir en la productividad de los campos regados y, por tanto, favorecer la transmisión de enfermedades.

El líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, interpretó ayer la actuación del Gobierno de José Bono como una forma de defender 'mejor' los intereses de su comunidad. 'Lo evidente es que el río Segura está en una situación peor de lo que los responsables del PP dijeron que iba a estar a día de hoy', concluyó.