Un desvío de fondos al PRI daña la transición política en México

El supuesto desvío de 123 millones de dólares de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las presidenciales del año 2000, el Pemexgate, ha frenado de nuevo la errática transición mexicana. La petición de desafuero de tres diputados del PRI, sindicalistas de Pemex, para proceder penalmente contra ellos, la convocatoria de una huelga en el sector estatal y la sublevación del sector contrario al procesamiento complican la relación entre el Gobierno y la dirección priísta, más proclive a los acuerdos estructurales requeridos por México.

El partido que fue régimen durante 71 años es la principal fuerza nacional, con 209 de los 500 miembros de la Cámara de Diputados y el Gobierno de la mayoría de los 31 Estados y de los principales sindicatos. Su concurso es imprescindible para la aprobación de las reformas sociales, políticas y económicas pretendidas por la Administración de Vicente Fox. La principal a debate, que obliga a dos enmiendas constitucionales, persigue una mayor apertura del sector eléctrico a la inversión privada. No obstante, las divergencias dentro del PRI, las pugnas acerca del entendimiento con el Gobierno, dificultan la toma de decisiones. Tampoco el gubernamental y conservador Partido Acción Nacional (PAN) es una familia bien avenida.

La Fiscalía General acusa a los tres diputados sindicalistas del PRI de canalizar ilegalmente hacia la campaña del ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida fondos entregados por Pemex a la dirección del sindicato en virtud de un contrato colectivo de trabajo. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa al 80% de los 123.000 empleados de una empresa que aporta casi el 35% del presupuesto del país, los considera 'perseguidos políticos' y ayer reanudó las negociaciones con el Ejecutivo para forzar un aumento salarial del 15%. Se les ofrece un 5%.

Sindicato controlado

Pero la reclamación laboral viene determinada por un factor difícil de eludir: Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, cuyo desafuero pidió la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 10, y otros cinco procesados dirigen un sindicato controlado durante decenios por el PRI, que fue vencido en las elecciones del 2 de julio del año 2000. 'Lo que está en juego es el combate a la corrupción', declaró el secretario (ministro) de Gobernación, Santiago Creel, el día 12. Poco antes, su intervención ante el Congreso había sido boicoteada por los diputados del PRI, con el abandono del hemiciclo. 'Estamos frente a un acto en el que se abusa de la ley', acusaron los parlamentarios en un comunicado.

El presidente y la secretaria del partido, Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo, tratan de nadar entre dos aguas: apaciguar a los flancos más levantiscos del PRI sin ceder la bandera de la oposición y no romper los canales abiertos con el Gobierno. Aceptan la investigación judicial, subrayan, si no se politiza, algo así como pedir peras al olmo. De fracasar las negociaciones, la huelga convocada para el primero de octubre reduciría la producción de la quinta petrolera del mundo en 3,5 millones de barriles diarios, 1,6 millones dejarían de exportarse y los ingresos fiscales caerían a un ritmo de 72 millones de dólares.

El secretario de Trabajo, Carlos Abascal, instó a los trabajadores a no permitir la contaminación del conflicto. 'Lo importante es resolver el tema laboral', subrayó. El objetivo es arduo con dos personas, en la secretaría general del sindicato, susceptibles de ser enviadas a prisión.