El Gobierno vasco rebaja el tono del ultimátum sobre las transferencias

Tres miembros del Gobierno vasco -el portavoz, Josu Jon Imaz, la vicepresidenta, Idoia Zenarruzabeitia y el consejero del Interior, Javier Balza- coincidieron ayer en recalcar mensajes de plegamiento al marco jurídico, cumplimiento de la legalidad vigente y renuncia a planes rupturistas. El Ejecutivo de Ibarretxe aumenta en los últimos días sus llamadas a la normalización de las relaciones institucionales con la Administración central.

Así, la vicepresidenta, en una comparecencia motivada por el cumplimiento del plazo de dos meses dado al Gobierno central para completar las transferencias, depositó en el Parlamento la decisión sobre las competencias pendientes y aseguró que el cumplimiento del dictamen aprobado en julio se hará 'sin poner en riesgo la seguridad jurídica (...), sin trasladar innecesariamente supuestos conflictos con el Gobierno español, con el pleno respeto a los marcos construidos hasta ahora y evitando huidas hacia delante'.

De esta forma indirecta, Idoia Zenarruzabeitia descartó la posibilidad de que el Ejecutivo vasco decida asumir de forma unilateral competencias que reclama, como se sugería en la resolución parlamentaria del 12 de julio y llegó a amagar Eusko Alkartasuna, que cuenta con tres consejeros en el Gabinete de Ibarretxe.

En paralelo, el consejero del Interior garantizó en el Parlamento que nunca optará por la desobediencia civil, tal y como le pedía Batasuna respecto a los autos del juez Garzón. Y el portavoz, Josu Jon Imaz, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que su Gobierno respetará el marco jurídico y estatutario y 'en ningún caso' se planteará 'escenarios de ruptura'.

El Gobierno no recurre

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó que el Consejo de Ministros, en su sesión de ayer, había decidido no recurrir el dictamen del Parlamento vasco. Rajoy concluyó, como consecuencia de los informes elaborados por los abogados del Estado, que dicho dictamen 'no tiene consecuencias jurídicas' porque es 'una pura declaración política'. No obstante, la decisión del Consejo de Ministros de no recurrir el dictamen tiene un claro contenido político. Su pretensión es dar una nueva oportunidad al diálogo institucional con el Gobierno vasco, según las fuentes consultadas.

En este sentido, Rajoy señaló que no habrá recurso mientras no haya el menor intento de cambio del marco jurídico-político por parte del Gobierno de Ibarretxe. 'Ahora bien, si el Gobierno vasco intenta llevar a la práctica el dictamen mediante órdenes, decretos o proyectos de ley, entonces el Consejo de Ministros sí recurrirá cada uno de ellos ante el Tribunal Constitucional', aclaró. Dicho esto, transmitió un mensaje conciliador para entrar a discutir las competencias pendientes del Estatuto vasco.