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COLUMNA

El paraguas de la ONU

Tras escuchar las declaraciones de los pesos pesados de la Administración de Bush el pasado fin de semana, y a la espera de la intervención presidencial el jueves 12 ante la Asamblea General de la ONU, todo apunta a que George W. Bush buscará la bendición del Congreso, junto a una nueva resolución del Consejo de Seguridad, antes de lanzar un ataque contra Sadam Husein. Parece que la fuerte oposición a una acción en solitario procedente de los más cercanos colaboradores de su padre, desde Brent Scowcrof a James Baker, y del actual secretario de Estado, Colin Powell, junto a las dudas expresadas por la cúpula militar, le han convencido, al menos por el momento, de la necesidad de conseguir una cobertura legal internacional previa a la intervención.

Teóricamente, al menos, no sería necesario un nuevo pronunciamiento de la ONU para obligar a Irak a cumplir las nueve resoluciones incumplidas por Husein antes y después del final de la guerra del Golfo. Una guerra que no terminó, como recuerda el director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, John Chipman, con un tratado de paz, sino con un simple acuerdo de alto el fuego entre la coalición internacional liderada por EE UU y el dictador iraquí. La resolución 687 del 3 de abril de 1991 definía con toda claridad las condiciones que Bagdad debería cumplir para que el alto el fuego, consagrado por la 686, entrara en vigor con la amenaza implícita de reanudar las hostilidades si Sadam incumplía lo acordado. Siete años más tarde, y harto de los incumplimientos y engaños del régimen iraquí, el propio Consejo de Seguridad, en su resolución 1.205 de noviembre de 1998, acusaba a Irak de 'flagrante violación' de las condiciones impuestas en la resolución 687.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y esa práctica parece aconsejar a Bush, ante la división de opiniones en su propio país; la desgana y el escepticismo de sus aliados, exceptuados el Reino Unido e Israel; la oposición matizada de Rusia y China y la contra inicial del mundo árabe, la búsqueda de una nueva autorización del Consejo de Seguridad para lanzar una acción punitiva contra Irak, si no permite el regreso inmediato, y la actuación sin restricciones de los inspectores de Naciones Unidas, expulsados en 1998 cuando estaban a punto de desenmascarar en su totalidad el programa iraquí de armas de destrucción masiva. La actual composición del Consejo de Seguridad permite adivinar un voto favorable a las pretensiones estadounidenses, salvo que Rusia o China ejercieran su derecho de veto, algo posible, pero no probable, dada la actual luna de miel entre Bush y Vladímir Putin, y el deseo de Pekín de incrementar al máximo sus relaciones de todo tipo con Washington tras su admisión en la Organización Mundial de Comercio.

Bush cometería un error histórico si decidiera embarcar a su país en una aventura militar contra Irak sin el respaldo de Naciones Unidas. Nadie duda de que el poderío militar estadounidense conseguiría una nueva derrota de Sadam Husein, que acarrearía, esta vez, su derrocamiento. Pero, Estados Unidos, con todo su poderío, no podría afrontar en solitario la refundación de Irak -el famoso nation-building, o construcción nacional- y el apuntalamiento de un régimen democrático post-Sadam en un país, donde el último dirigente que se preocupó de gobernar bajo el imperio de la ley fue el rey de Babilonia, Hamurabi, autor de su famoso código, en el siglo XVIII antes de Cristo. Irak no es Afganistán y para esa ingente labor de reconstrucción es imprescindible una amplia colaboración internacional, imposible de alcanzar si el mundo democrático no se convence de que una acción contra Irak es algo más que un ajuste de cuentas a lo OK Corral entre Bush y el dictador takrití.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de septiembre de 2002