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Barcelona 'petita', Barcelona 'gran'

Recientemente Oriol Bohigas y Oriol Nel.lo han reabierto el debate acerca de la conveniencia de poner límites a Barcelona. La Barcelona petita, la de los primeros 100 kilómetros cuadrados y un millón y medio de habitantes que corresponden al municipio de la ciudad condal, no responde ya a ninguna realidad física o social diferenciada de su entorno más inmediato. La ciudad real no coincide con los límites administrativos, como pone de manifiesto no sólo que el continuo urbano de Barcelona se extiende, como mínimo, sobre 13 municipios, desde Montgat hasta El Prat, con cerca de 223 kilómetros cuadrados y 2,4 millones de habitantes, sino también que buena parte de las decisiones de trascendencia económica y social se toman en espacios ajenos al territorio que conforma el municipio de Barcelona. El desarrollo del aeropuerto (el proyecto Barcelona), la zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto, la ampliación de la Fira, el Fòrum 2004, la operación urbanística del distrito de negocios de la Gran Via, el Centro Direccional de Cerdanyola, el parque empresarial de Viladecans o el frente marítimo de Badalona son ejemplos de intervenciones situadas parcial o totalmente fuera de los límites administrativos que gobierna el alcalde Clos.

Y no sólo se produce ese desbordamiento en la pequeña escala del municipio de Barcelona. A una escala mayor, la Barcelona gran, la ciudad metropolitana, la de los 4,5 millones de habitantes, desborda ya los límites de las siete comarcas consideradas tradicionalmente metropolitanas y se extiende de forma cada vez más desparramada por un territorio de más de 4.500 kilómetros cuadrados y de 200 municipios. Es en el conjunto de esa área metropolitana en el que las personas buscan vivienda y empleo, y en el que las empresas tienden a tomar sus decisiones de implantación, representando el espacio en el que realmente se materializan los mercados de la vivienda y de trabajo, de las comunicaciones y de los servicios.

El debate sobre los límites de Barcelona y su metrópolis no es una cuestión académica, ni siquiera política, entendido este término en su sentido reductor de simple reparto del poder. Afecta al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos: la ausencia de un auténtico gobierno tanto de la petita como de la gran Barcelona ha tenido efectos perversos en el conjunto de la vida ciudadana. La pérdida de competitividad respecto a otras ciudades del arco mediterráneo, como Madrid o Milán; la dificultad para articular políticas sociales eficientes en aspectos de máxima prioridad, como la vivienda, la integración social de los inmigrantes o el progresivo envejecimiento de la población; la estrechez insoportable de la red de transporte público, y muy especialmente del metro; la dificultad intrínseca para gestionar los espacios de interés natural, así como la incapacidad para controlar de forma integrada un proceso de urbanización cada vez más disperso e insostenible. Éstos son algunos de los adversos efectos que ha tenido el déficit de gobierno de la ciudad y su metrópoli. Y si esos efectos no han sido más acusados se debe al enorme esfuerzo desarrollado tanto por la sociedad civil como por los administradores locales para inventar proyectos de interés colectivo: Barcelona ha necesitado unas olimpiadas para no perder el paso de Madrid.

La Barcelona petita añora una ordenación y gestión integrada que haga de la ciudad central el motor que necesita su área metropolitana y Cataluña entera. El planeamiento urbanístico, el PGM, que supera los 25 años de edad, ha soportado modificaciones que ya se cuentan por miles, sin que nada permita augurar su revisión a corto o medio plazo. Su modelo territorial, a pesar de haber quedado por completo obsoleto, no puede ser modificado al otorgar la Constitución plenas competencias urbanísticas a los ayuntamientos, los cuales se muestran celosos de ceder o compartir. En este sentido la estrechez de Barcelona ha imposibilitado actuar como lo ha hecho Madrid, que con sus 600 kilómetros cuadrados (si Barcelona tuviese esa extensión integraría 40 municipios, Sabadell incluido), ha podido revisar el planeamiento urbanístico y orientar políticas activas en el conjunto del corazón metropolitano.

Y a escala de la Barcelona gran urge, asimismo, la adopción de instrumentos de planeamiento y gestión que delimiten y ordenen de forma racional el desarrollo urbano de forma compatible con los criterios de eficiencia económica, equidad social, así como de respeto a los principios de la ecología y la sostenibilidad. El fracaso de ese eterno nasciturus que es el Plan Territorial Metropolitano, que lleva más de una década en redacción, no es ajeno a la ausencia de un ente de gestión metropolitano, cuyo embrión fue cercenado por motivos políticos (en su sentido reductor) por las leyes de Ordenación Territorial de 1987.

Es de destacar, en este sentido, la coincidencia objetiva entre la derecha española y la catalana en el mantenimiento de una Barcelona débil y pequeña. La primera para frenar el riesgo de una doble capitalidad en España. El mantenimiento de una Barcelona disminuida, de segunda división, facilita el protagonismo de Madrid en la Liga de las estrellas de las ciudades mundiales. No se trata sólo de Ronaldo; también de asegurar el predominio de Barajas (un billón de inversión frente a 250.000 millones de El Prat), que el AVE llegue a Barcelona, si acaba llegando, 15 años más tarde que a Madrid, o que las principales empresas se ubiquen en la capital de España. Pero también la derecha catalana ha jugado el juego de limitar el desarrollo de la ciudad. Se ha opuesto así, de forma abusiva, una Cataluña de las comarcas, retórica y carente de competencias reales, a la Cataluña de las ciudades. Se ha difundido el mito de la macrocefalia, olvidando que Barcelona ha sido siempre el motor de Cataluña, con tal de justificar una distribución desigual de recursos que ha discriminado a la capital y ha fomentado el clientelismo político. Más allá de retóricas, la derecha catalana ha creado, orquestado y desarrollado la coartada ideológica para limitar el poder y protagonismo de Barcelona, en detrimento no sólo de ésta y de su papel en la esfera internacional, sino también del conjunto de Cataluña.

Cabe poner fin a la situación insostenible que limita el papel del alcalde de Barcelona a un simple alcalde de barrio, por importante que éste sea. Es preciso volver a proclamar ¡abajo las murallas!, en este caso el resto de esas murallas, más sutiles e intangibles que la Ciutadella, que son los estrechos y artificiales límites municipales que impuso la derrota de 1714 y el Decreto de Nueva Planta. Es necesario recuperar para el conjunto del Pla de Barcelona la unidad de gobierno, la municipalía que a principios de la década de 1980 proclamaban Lluís Cassassas y Joaquim Clusa. La Barcelona de las Rondas. Y todo ello hay que hacerlo con el máximo respeto a la autonomía y autoestima de los municipios actuales, de forma que los ciudadanos entiendan que es para su propio beneficio.

Y es preciso, también, reconstruir el gobierno de la Barcelona gran, del área metropolitana real. Una auténtica ciutat de ciutats que respetando la singularidad y el protagonismo de los sistemas urbanos que la conforman (Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Vilanova, Vilafranca y otros muchos) permita articular políticas eficaces en los ámbitos económico, social y medioambiental. Todo ello en el contexto de una revisión del actual modelo de organización territorial que haga de la Cataluña de las ciudades (y de las vegueries o regiones) el auténtico instrumento de vertebración nacional del país.

Josep Roca es director del Centro de Política de Suelo de la UPC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de septiembre de 2002.