Bruselas propone suprimir el impuesto de matriculación antes de 10 años
Bruselas quiere revisar la fiscalidad de los coches de empresa de gran cilindrada
La Comisión Europea quiere terminar con el impuesto de matriculación y, en su lugar, modificar y unificar el sistema fiscal del automóvil en toda la UE, de manera que éste se base en un nuevo parámetro: la cantidad de emisión de dióxido de carbono que genera el motor, y no en su potencia o cilindrada. Esta nueva propuesta, que se realizaría en 10 años, supone un cambio de estructura de los impuestos que imperan en la UE en la adquisición de vehículos nuevos de uso privado, una nueva filosofía consistente no tanto en gravar la compra de un coche como su uso y su poder contaminante.
Para facilitar el mercado interno, Bruselas propone también, mientras permanezca el impuesto de matriculación, evitar la doble imposición cuando un vehículo radicado en un país se lleve a otro de la UE. La Comisión Europea está empeñada en revolucionar el mercado del automóvil en Europa. Esta nueva propuesta se suma al reglamento que entra el próximo mes en vigor y que va a terminar con el monopolio de los concesionarios oficiales de coches y de sus talleres y con iniciativas aún pendientes de aprobación de equiparar el impuesto del diésel y la gasolina, lo que por lógica terminaría elevando el precio final del primero.
Por si fuera poco, en esta nueva iniciativa, presentada ayer en Bruselas, se esconden ideas que pueden terminar en próximas propuestas de cambios. Y así, la Comisión se pregunta si no convendría revisar el sistema impositivo de los coches de empresa, que pagan muchos menos impuestos y, sin embargo, contaminan tanto o más (dado que suelen ser de gran cilindrada) que los demás. Según la Comisión, el 50% de las compras de coches nuevos son para empresas.
Diez de los quince países de la Unión Europea gravan la compra de un coche nuevo de uso privado con el impuesto de matriculación, lo que para la Comisión es un obstáculo evidente al mercado interior. En España, dicho impuesto varía, dependiendo de la cilindrada del motor, entre el 7% y el 12% del precio del vehículo sin IVA. En España, el pasado año Hacienda recaudó 3.506 millones de euros por la compra de vehículos, de los que 2.479 millones procedieron del IVA y 1.027 millones del impuesto de matriculación. Las empresas de alquiler de coches que los destinan para uso turístico no pagan impuesto de matriculación.
Bruselas propone la desaparición de este impuesto en un plazo de entre cinco y diez años, lo que teóricamente repercutiría en un abartamiento del precio final del vehículo. Los ingresos fiscales, sin embargo, que se dejen de obtener por la supresión de este impuesto, se verían compensados con la adaptación del impuesto de circulación, que se cobra anualmente. La propia Comisión habla de desvío o reconducción de impuestos y, sobre todo, de la idoneidad de que éstos no se basen en la cilindrada o la potencia del motor, como es ahora habitual, sino en la cantidad de dióxido de carbono que genere.
El transporte es responsable del 28% de las emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero, y a su vez el transporte por carretera es el responsable del 84% de esas emisiones. Actualmente, Bruselas ha firmado convenios con la industria para que fabrique motores poco contaminantes (por debajo de los 120 gramos de CO2 por kilómetro).
Bruselas considera que el sistema impositivo actual de los coches nuevos perjudica al ciudadano, pero también a la industria automovilística, que se ve obligada a adaptar o seleccionar sus modelos para cada país de la UE según los impuestos que fijan, lo que dificulta el funcionamiento del mercado interior. Ésta es la razón por la cual, por ejemplo, los coches más baratos antes de impuestos suelen ser los que se venden en Dinamarca, país que, sin embargo, encarece enormemente los vehículos con unos elevados tipos impositivos.
Mientras desaparece el impuesto de matriculación, Bruselas propone también como medida a medio plazo evitar la doble imposición que sufre el ciudadano que transfiere el coche de uno a otro país de la UE de forma definitiva cuando no hay un cambio de residencia al tener que pagar de nuevo el mismo impuesto. Es una realidad 'inaceptable' para Bruselas. Luis Valero, director general de la patronal Anfac, se mostró ayer cauto ante la propuesta europea. 'En principio parece razonable, aunque debe vigilarse para que no se llegue a una fiscalidad global superior a la actual, que ya es muy alta', informa Santiago Hernández.
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