El Superior da marcha atrás y ordena al Gobierno repetir el concurso de traslados

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado una nueva vuelta de tuerca al complicado momento en el que se encuentra la política de personal del Gobierno. En un auto emitido recientemente, el tribunal revoca la decisión que tomó en abril de eximir al Ejecutivo de que repitiese el concurso de traslados que organizó en 1998 y le ordena que vuelva a organizarlo. El Superior ha estimado el recurso de súplica interpuesto por la UGT, sindicato que en 1998 ya recurrió el concurso porque la comisión encargada de juzgar los méritos de los funcionarios era ilegal.

El proceso judicial en el que ha entrado este concurso de traslados ha tomado varios rumbos desde que el tribunal lo declarase ilegal en dos sentencias emitidas en octubre de 2001, a favor de UGT, y en enero de este año, favorable a Comisiones Obreras. Sin embargo, el máximo tribunal vasco, en un auto dictado en abril, eximíó al Gobierno de tener que repetirlo, al aceptar su argumento de que organizarlo otra vez causaría más perjuicios de los que se querían reparar, ya que 1.110 funcionarios consiguieron plaza y trabajan en sus puestos con normalidad. El auto suponía en ese momento un balón de oxígeno para el Ejecutivo.

Pero la situación ha vuelto a cambiar y el problema al que se enfrenta ahora la Administración con el nuevo fallo es considerable. La inseguridad en la que se encuentran estos 1.110 trabajadores (la cuarta parte de la plantilla de la Administración General) afecta también al concurso de traslados convocado en el año 2000 (250 plazas) y a la Oferta Pública de Empleo (OPE) organizada ese mismo año y con 750 plazas en juego.

Procesos en el aire

Ambos procesos vuelven a estar en el aire tras el nuevo auto contra el concurso de traslados, al no saber la Administración qué plazas puede ofertar. Incluso ha tenido que suspender de manera temporal la OPE -algo sin precedentes en la historia de la Administración vasca- y aplazar la fecha prevista para la toma de posesión en los nuevos puestos de los funcionarios que participaron en el concurso de 2000 hasta que se resuelva el atasco.

Cuando el Gobierno organizó el concurso de traslados en 1998 (el primero en siete años), UGT ya le auguró problemas. En su recurso ante el Superior, esta central sindical argumentó, entre otras cuestiones, que el tribunal nombrado por el Ejecutivo para juzgar los méritos de los participantes en el concurso de cambio de destinos no se ajustaba a la ley: primero, porque no todos sus miembros eran funcionarios de carrera y, en segundo lugar, porque sólo se dejaba tomar parte a la central nacionalista ELA, cuando la ley deja que participen en el tribunal todos los sindicatos con más del 10% de representación en el ámbito de la Administración General, que es donde se celebra el concurso. Tanto UGT como CC OO y LAB superan dicho porcentaje.

UGT también recurrió el proceso porque la fecha límite de entrega de los méritos y las solicitudes debía ser la del cierre del plazo de presentación de las instancias y no la fecha de publicación de la convocatoria, lo que en la práctica supone ampliar un mes el plazo de presentación de solicitudes. El Tribunal Superior dio la razón a la central en ambas cuestiones.

No obstante, la Administración se comprometió a aplicar la doctrina de estas sentencias en futuras convocatorias y pidió al tribunal que dejase las cosas como estaban en relación al proceso de 1998. Cuando el Superior recibió esta petición y UGT no presentó ninguna alegación entendió que la central 'no tenía interés en que se llevaran hasta sus últimas consecuencias los efectos de la sentencia', asegura en su último auto. Por eso, aceptó los argumentos de la Administración.

Pero lejos de aceptar los planteamientos del Gobierno, UGT interpuso un recurso de súplica solicitando la ejecución de la sentencia El tribunal ha aceptado ahora y la situación vuelve a su punto original.

Según la central, el único responsable de que el proceso se retrase es 'el Gobierno', quien 'diseñó un modelo de concurso de traslados no ajustado a la legalidad'. 'Si la Administración', añade, 'en el momento de tener conocimiento de la sentencia, en lugar de dilatar innecesariamente su ejecución, hubiera dado cumplimiento a algo tan claro como lo estipulado por el juez, a estas fechas todos los procesos pendientes estarían resueltos'.