La cara oculta de la Comunidad de Madrid

Desde que el PSOE optó por poner a Madrid entre sus prioridades electorales y ello fue contestado con la sorprendente decisión del mismísimo señor Aznar, situando a Alberto Ruiz-Gallardón como candidato al Ayuntamiento de la capital y como eje estratégico de la campaña del PP, la batalla por Madrid parece configurarse como uno de los platos fuertes de las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2003.El hecho de que, con la decisión adoptada por Aznar, Gallardón pretenda ocupar hoy todos los espacios escénicos de la política madrileña, nos sitúa ante una primera necesidad: analizar el legado que, como gobernante de la Comunidad, dejará a todos los madrileños tras 8 años de Gobierno en la Puerta del Sol.

La calidad del trabajo es floja en la región: sólo el 15% del total de contratos es indefinido

La ampliación del metro no ha solucionado los atascos que azotan a las carreteras

Gallardón durante estos años ha intentado -y conseguido a veces- distanciarse de la imagen de la derecha nacional. Se ha trabajado una imagen pública de buen gestor, dialogante, moderado y moderno de la que carecen sus correligionarios del PP nacional. Pero su imagen y la pretensión de hacer de nuestra región una nueva Arcadia feliz, contrasta con 'otra realidad', menos visible pero cierta, dura y muy desigual.

No podemos negar que esta otra realidad, la cara oculta de nuestra Comunidad, no es percibida por un buen número de ciudadanos. Un ciclo económico general muy favorable y una política expansionista de fuertes inversiones en la red de metro han propiciado la extensión de dos sensaciones: por un lado que, en este tiempo, 'todos hemos mejorado algo' y, por otra, que el Gobierno de Gallardón ha realizado con eficacia una gran obra.

Sin embargo, estos datos no pueden ocultar que esa mejora no ha sido igual para todos, y que en este tiempo se han incrementado de manera significativa, sin recibir soluciones, numerosos problemas que afectan a la calidad de vida de una gran mayoría de ciudadanos.

Tiene por costumbre el presidente Gallardón decir que estamos 10 puntos por encima de la media europea del PIB, y es cierto, aunque se le olvida sistemáticamente realizar la comparación con las regiones equivalentes europeas, como pone de manifiesto el segundo Informe de Cohesión realizado por la Unión Europea, donde vemos que mientras Madrid disfruta de un PIB de 110,2%, Ile de France (la región de París) tiene un 151,7 o Londres goza de un 152,9%.

Pero nunca dice y, ni siquiera creemos que lo haya pensado, que la región de Madrid sea una de las de mayor segregación social de la Unión Europea. Los procesos de localización de la actividad económica y de la vivienda que está favoreciendo la política urbanística actual plantean un futuro de consolidación e incremento de las desigualdades territoriales y sociales. Baste decir que un 15% de la población madrileña se concentra en barrios muy desfavorecidos.

Justamente, las dificultades de acceso a una vivienda se han convertido en uno de los más graves problemas de los ciudadanos a la hora de definir su proyecto de vida. Adquirir una vivienda de tipo medio en Madrid supone ya un esfuerzo familiar que se sitúa en el 60% de la renta media, mientras que la producción de vivienda protegida ha alcanzado sus cotas históricas más bajas; sólo 5 de cada 100 viviendas que se inician son de protección pública. Incluso estamos ante el riesgo de que la burbuja inmobiliaria explote, dejando el valor de la vivienda incluso por debajo de la deuda hipotecaria. Para que nadie nos tache de alarmistas diremos que un fenómeno de este tipo ya sucedió a comienzo de los años noventa en Reino Unido y EE UU.

¿Y qué decir de la educación? El fracaso escolar sitúa a la Comunidad de Madrid entre las primeras de España (entre el 20 y el 32%, dependiendo de las zonas). Un total de 14.000 alumnos al año no aprueban la enseñanza obligatoria. El porcentaje del PIB destinado a Educación ha pasado del 4,9% en 1993 al 4,4% en 2000. En los colegios ya hay más de 50.000 niños extranjeros de 90 países y 30 lenguas, de los que sólo el 18% van a colegios privados. El Gobierno de Gallardón no ha puesto los medios necesarios para evitar este deterioro de la calidad de la enseñanza, que aumenta la brecha de las desigualdades e hipoteca las posibilidades de futuro de demasiados jóvenes.

En cuanto a la atención a una situación explosiva, el de las personas mayores, sólo cabe decir, piadosamente, que Gallardón no lo ha colocado en las prioridades de su Gobierno. El crecimiento de la población mayor de 65 años contrasta con la oferta estancada en residencias públicas y centros de día, hasta el punto de que existe un déficit de más de 20.000 plazas en residencias. La baja cobertura de la mayoría de los programas de los servicios sociales (ayuda a domicilio, tele-asistencia, viviendas tuteladas...) de nuestra región y las crecientes tendencias a su privatización nos sitúan por debajo de la media nacional, en fuerte contraste con el crecimiento económico de los últimos años. A estos problemas habría que añadir que los recursos de muchos pensionistas son enormemente escasos: 270.000 perciben prestaciones por debajo de los 420,71 euros, 70.000 pesetas al mes.

Gallardón ha dejado este problema a que lo resuelvan las familias, como buenamente puedan, con costes altísimos en residencias privadas si quieren que éstas sean de calidad.

Como ha dejado a las familias, mejor sería decir a las mujeres, la atención a las personas dependientes y a los niños de 0 a 3 años. Un total de 13.000 niños se quedaron el último año sin plaza en escuelas públicas de educación infantil. Así, no es de extrañar que la tasa de actividad femenina esté 25 puntos por debajo de la masculina y 10 puntos por debajo de las tasas femeninas medias europeas. Como no es de extrañar que el paro femenino sea el doble que el masculino. Y, con estos datos de falta de independencia económica, tampoco es de extrañar que no se logre resolver el cáncer de la violencia doméstica.

Claro que el empleo es otro de esos apartados en apariencia relumbrantes que presentan una cara oculta. Que ha existido un incremento notable de la ocupación y un descenso evidente del paro, es innegable. No lo ocultamos, sino que nos alegramos por los ciudadanos de Madrid. Ahora bien, sin echar las campanas al vuelo. Estamos siete puntos por debajo en tasas de actividad a la media en Europa, en el último año el paro ha estado creciendo a un ritmo del 14%, el doble del crecimiento en España, y tenemos en estos momentos 188.294 parados registrados, más que al principio de esta legislatura.

De estos parados, sólo el 53% percibe algún tipo de cobertura y, de ellos, la tercera parte ingresa tan solo el subsidio, unas 55.000 pesetas al mes. Mientras en Europa sólo el 3,7% de la población activa permanece más de doce meses en desempleo, en la brillante y rica Madrid la cifra alcanza el 6%.

Y la calidad del trabajo de los que lo poseen es bastante floja. Sólo el 15% del total de contratos que se hacen son indefinidos, lo que aboca a los jóvenes y mujeres que se incorporan al mercado laboral, a la precariedad de un contrato corto, un salario inferior y unos horarios sin límite. ¿O no conocemos lo que les sucede en general a la inmensa mayoría de los jóvenes? Por ello, el 72% de los jóvenes de entre 20 y 29 años viven con sus padres y la edad media de emancipación está cerca de los 31 años, frente a los 23 de la Unión Europea.

Por no referirnos a los accidentes laborales: 196 muertos en el año 2001 y 161 en el 2000, un trabajador muerto cada dos días; 1.912 accidentes graves en el 2001 y 1.756 en el año 2000, más de cinco accidentes graves al día. Y para comparar diremos que, mientras en España los accidentes mortales descendieron un 9,7% en el año 2001 en relación al 2000, en Madrid crecieron un ¡21,7%!

La sanidad pública no sale mucho mejor parada. Las negociaciones para las transferencias se han hecho mal, por debajo del coste efectivo del año 1999, lo que dibuja un futuro preocupante sobre todo si tenemos en cuenta que las listas de espera, para un diagnóstico de cualquier especialidad, sobrepasan el año, llegando a los 18 meses para una simple mamografía en el área 10 de salud de Madrid.

Mientras tanto, Gallardón ha realizado su 'gran obra', la ampliación de la red de metro, aunque ello, desgraciadamente, no parece haber mejorado el problema de movilidad de los madrileños, que se mueven entre las siete y las nueve de la mañana y de la tarde en un gigantesco atasco. Sin embargo, se han primado los kilómetros de metro construido sobre las necesidades de los barrios existentes (Villaverde, Pinar del Rey, La Elipa, Alameda de Osuna, etcétera), las tarifas han subido un 15% en los últimos años y la red de carreteras se ha deteriorado por falta de inversiones, dejándose de realizar el 40% de las actuaciones previstas en el convenio 1994-2001 suscrito con el Estado.

A afrontar la realización del metro y, prácticamente sólo a esto, ha ido el galopante endeudamiento de nuestra Comunidad, que ha crecido hasta alcanzar a finales de 2000 los 7.853 millones de euros (1,31 billones de pesetas). Cifra que si la comparamos con el presupuesto consolidado de la CAM, de 7.802 millones de euros, nos indica la magnitud del problema que se deja para el futuro.

Finalmente, incumpliendo sus promesas electorales, el Gobierno de Gallardón ha venido incrementando la presión fiscal autonómica, aumentando las tarifas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, así como el recargo autonómico sobre el nuevo impuesto sobre carburantes. Además, tasas y precios públicos han sufrido un espectacular incremento, no sólo en su cuantía (se han triplicado), sino también en el número.

Esta realidad que hemos descrito también forma parte del legado Gallardón. Es la otra cara, la cara oculta de la realidad de Madrid. Político brillante y efectista, se ha dedicado más al desa-rrollismo 'monocultivo' del transporte que a propiciar un crecimiento equilibrado y solidario. Las grandes políticas sociales de educación, vivienda, calidad en el empleo y atención a personas mayores han sido preferidas en aras de una ambición desmedida por dejar impronta con una gran obra. Pero el resultado es una vida peor para numerosos ancianos, un futuro más preocupante para los jóvenes y, para la mayoría, un aumento en la calidad de vida inferior al que hubiera posibilitado el crecimiento económico de estos años. Evitar que esta situación se agrave exige un profundo cambio de rumbo en la política madrileña. Ése es nuestro reto y el de todas las personas progresistas en el horizonte de las próximas elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2003.

(*) Firman conjuntamente este artículo los siguientes diputados socialistas: María Luisa Álvarez Durante; Antonio Fernández Gordillo; María Luz Martín Barrios; Adolfo Navarro Muñoz; Teresa Nevado Bueno; Adolfo Piñedo Simal, y Julián Revenga Sánchez, portavoces en la Asamblea de Madrid de Presidencia, Vivienda, Mujer, Educación, Trabajo, Presupuestos y Transportes, respectivamente.