El Gobierno conservador francés ultima la vuelta a la semana laboral de 39 horas

El Gobierno conservador francés ultima un decreto que permitirá la vuelta de las empresas a la semana laboral de 39 horas,existente antes de la rebaja a 35 horas promovida por la socialista Martine Aubry, que pagó esa audacia con una espectacular derrota en las urnas. La medida más simbólica del Gobierno de izquierda no será anulada del todo, porque la jornada legal de 35 horas continuará existiendo, pero el actual Ejecutivo autoriza hasta 180 horas extraordinarias anuales suplementarias por trabajador, y retira la necesidad de obtener permiso administrativo para realizarlas.

El decreto en cuestión, rechazado tajantemente por las cinco principales confederaciones sindicales, será 'subsidiario' de una aplicación de horas que dependerá, rama por rama, de lo que se negocie entre las respectivas patronales y sindicatos. La idea consiste en convertir las 35 horas en la jornada mínima y no en el dispositivo pretendido por el equipo de Lionel Jospin para repartir el trabajo entre más gente y rebajar el paro. El sistema, adoptado plenamente sólo en las grandes empresas, ha provocado problemas en los grandes servicios públicos, al resistirse los hospitales, por ejemplo, a contrataciones masivas que chocaban con objetivos de rigor presupuestario.

Las pequeñas y medianas empresas también se han resistido a pasar al sistema de 35 horas: todavía se ven tiendas cerradas en pleno horario comercial, con carteles del estilo 'Hoy no se abre por causa de las 35 horas'. La limitación de jornada tampoco logró la adhesión plena de sus teóricos beneficiarios, porque limitaba fuertemente las horas extras y, por lo tanto, los ingresos de los que tienen empleo. Sólo el 11% de los trabajadores no cualificados aprobaba el sistema de 35 horas, según una encuesta publicada hace unos meses por Le Nouvel Observateur.

Sin imponer la vuelta a las 39 horas, el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin abre la vía para el retorno al pasado -'es el arma que necesita la patronal para asesinar las 35 horas', en palabras de una dirigente sindical-, sin intentar el golpe autoritario. El actual ministro de Trabajo, François Fillon, maneja este asunto con pies de plomo: nada de decretazos, ni de leyes impuestas por el rodillo de la mayoría de derechas. Antes al contrario: el ministro recibe a los sindicatos, se lo explica al presidente de la patronal y lo vende en los medios de comunicación.

Otros ministros le reprochan que no se muestre mucho más firme. Así, para sortear la amenaza de un otoño caliente, promete simultáneamente un aumento de los salarios más bajos, que afecta a más de dos millones de trabajadores. Aprovechando la existencia de diferentes salarios mínimos, les ofrece igualar por arriba esos mínimos. Un 40% de los que cobran salarios bajos se beneficiarán de subidas salariales de hasta el 11% en tres años, además de las revalorizaciones automáticas en función de la inflación.

Éste es uno de los puntos que irritaron a Ernest-Antoine Seillière, presidente de Medef (la principal organización patronal). Pero en los últimos días ha cambiado el tono, tras recibir seguridades de que el Presupuesto estatal se rascará el bolsillo para permitir interesantes rebajas de las cargas sociales que pesan sobre las empresas. El Estado dedicará unos 5.000 millones de euros, de aquí a 2006, para cubrir las cotizaciones patronales a la Seguridad Social de los salarios inferiores a 1,7 veces el salario mínimo.

La flexibilización de las 35 horas permitirá a las pequeñas y medianas empresas 'volver al dispositivo de 39 horas, pagando un 10% más', resumió ayer el propio primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, en un afán de clarificar el objetivo de un decreto que muchos juzgan patizambo, porque irrita a los sindicatos y tampoco satisface a los empresarios. El primer ministro confirmó que el decreto tendrá una vigencia de 18 meses: al cabo de ese tiempo 'se evaluarán sus resultados' y adquirirá o no carácter definitivo. El decreto en preparación es 'razonable', aseguró ayer Raffarin ante una audiencia de empresarios en Estrasburgo.

La incertidumbre permanece, no obstante, sobre lo que pasará en caso de que las negociaciones sectoriales para aplicar la reforma tropiecen con problemas y que la patronal haga de las 180 horas no una posibilidad, sino un cómputo firme y definitivo. En ese caso, el Gobierno se da de plazo hasta 2004 para 'revisar la situación' y decidir el contingente definitivo de horas extraordinarias 'en ausencia de acuerdo'.