Francia da marcha atrás en las 35 horas

El próximo miércoles, 18 de septiembre, François Fillon, titular de la cartera de Asuntos Sociales, presentará ante el Consejo de Ministros una ley destinada a la 'armonización rápida y ambiciosa del salario mínimo, a ampliar la reducción de las tasas sociales con el fin de controlar mejor el coste del trabajo y a flexibilizar la jornada laboral de 35 horas semanales para responder mejor a las necesidades de nuestra economía y a los deseos de los asalariados'. En la práctica todas esas buenas intenciones se traducen en un retorno efectivo a la semana laboral de 39 horas pues las horas extras, que en la actualidad soportaban un gravamen del orden del 25% entre la 35 y la 39 hora y de un 50% hasta la hora 46, pasarán a ver su recargo reducido a un 10% mientras no se hagan más de 180 horas extras al año. La patronal, a través de sus diversas federaciones, llevaba tiempo militando por la abolición de las 35 horas, reforma-faro del gobierno socialista de Lionel Jospin entre 1997 y 2002.

300.000 empleos creados

La semana laboral de 4 días se calcula que había servido para crear 300.000 empleos de entre los 2 millones de nuevos lugares de trabajo puestos a disposición durante el periodo. Una cifra de 16,2 millones de trabajadores se regían por la ley de las 35 horas, es decir, un 90% de las empresas de más de 200 asalariados y un 40% de las que tienen entre 21 y 50 trabajadores. Sólo en un 10% de las de menos de 20 empleados se aplicaba la jornada laboral reducida. Un mínimo de 7,5 millones de trabajadores no habrán conocido nunca los supuestos beneficios de una semana de trabajo de 35 horas.

Entre los efectos de la puesta en marcha de las 35 horas figuraba el que hubiera conllevado un periodo de moderación salarial y paz social; la diversificación y multiplicación de las épocas de vacaciones, más breves pero más frecuentes; la mayor flexibilidad del mercado de trabajo, ya que el cómputo de horas se anualizaba de manera que las empresas podían adaptar la plantilla a la demanda real; y el aumento de los contratos a media jornada u horario reducido.

Todos estos fenómenos, que pueden ser considerados como positivos en su conjunto, tenían una serie de contrapartidas: los trabajadores menos cualificados o de servicios externalizados se vieron privados de los ingresos por las horas extras que les permitían redondear el mes. De ahí que una buena parte del electorado popular rechazase en las urnas la gestión del gobierno de izquierda plural. Las 35 horas pagadas como 39 -la diferencia fue absorbida por la casi congelación salarial- tuvieron también como consecuencia una mayor exigencia de productividad por hora trabajada, lo que redundó en detrimento de los trabajos con menor valor añadido, es decir, también los menos cualificados. Por último, de la misma manera que las 39 horas no se aplicaban de manera rigurosa en sectores como la construcción, la hostelería o la gran distribución, con las 35 horas tampoco entraron las reglas del mercado laboral en dichos sectores, con lo que se acrecentaron las diferencias entre unos trabajadores -del sector público o de las grandes empresas privadas, así como las profesiones liberales- que disponían de más tiempo libre, frente a otros que, a su ya crónica precariedad, veían como se sumaba otro agravio comparativo: seguir trabajando las mismas horas mientras los asalariados mejor pagados trabajaban menos.

El actual gobierno conservador, al reglamentar que, a partir de ahora, las cuatro primeras horas extras semanales sólo sufran un recargo del 10%, admite un aumento del 1% en el salario mensual, aumento que las empresas no pagarán puesto que los salarios más bajos -el mínimo y todos aquellos que no lo superen más allá de 1,7 veces- serán objeto de una reducción de tasas estimada en total en unos 6.000 millones de euros.

Durante su negociación con los sindicatos, François Fillon ocultó la minusvaloración de las horas extras. En realidad él sostuvo siempre que entre la 36 y la 39 hora seguiría existiendo un recargo del 25% pero el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, desveló el 6 de septiembre, en el transcurso de una rueda de prensa y como de pasada, que esas horas sólo costarían un 10% más.

Medida socialista

El dispositivo puesto en marcha por los socialistas era complejo, porque intentaba tomar en consideración las diferencias del mercado laboral pero era hijo de un voluntarismo político-social que ha acabado por ser interpretado de manera tecnocrática. El propio Jospin se había declarado favorable a 'suavizar' la aplicación de la ley para no condenar al cierre a miles de pequeñas empresas. La entrada en vigor gradual y escalonada de las 35 horas había creado, además de diferencias dentro del propio salario mínimo, un notable caos administrativo en el Ministerio de Empleo.

El gobierno Raffarin quiere 'armonizar' los distintos salarios mínimos y fundirlos en uno solo. El problema irresoluble lo plantean ciertas sociedades que, votaron en su día el paso a las 35 horas, que negociaron las extras con recargos del 25% y del 50% y cuyas plantillas ahora no están dispuestas a dar marcha atrás. Es el caso de Renault y otras grandes o muy rentables sociedades.

La ley del 18 de septiembre no logrará pues erradicar totalmente la semana laboral de 35 horas pero sí circunscribirla a reductos de 'aristocracia' obrera o de profesiones liberales. Extraño destino para una ley pensada para crear empleo y beneficiar a todos los franceses.