El relevo

El hasta ayer delegado del Gobierno para Andalucía, José Torres Hurtado, y el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, acabada la reunión de la Junta Local de Seguridad, reconocieron que, tras los incidentes acaecidos en los barrios Amate y Los Pajaritos, las autoridades -que son ellos- han reaccionado tarde. La razón, versus alcalde, es que 'hemos tenido que esperar porque el delegado de seguridad estaba de vacaciones'. No está mal la causa de la tardanza, por lo menos sabemos que contamos con un alcalde que es respetuoso con el descanso de sus concejales. Puede que sea hasta lógica: los muertos no van a venir a mejor vida por el hecho de que el delegado de seguridad deje sus vacaciones. Además, la preocupación de los vecinos se quita si se mandan más policías, lo que depende del PP, que es quien los puede enviar a El Escorial o a Los Pajaritos, cuando acabe la boda. Claro que, si este alcalde sorprende, el delegado del Gobierno preocupa. Después de hacernos ver su peculiar forma de entender los derechos constitucionales de manifestación y de huelga, pide 'mayores facilidades para las intervenciones policiales en los domicilios'. Por lo visto le ha sabido a poco cómo han quedado los derechos de manifestación y huelga y el postre del traslado de sedes judiciales a sedes policiales.

Esperemos que el nuevo delegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, de profesión juez de instrucción y decano de los jueces de Sevilla durante algunos años, en lugar de pedir más facilidades exija, cuando puedan resultar afectados derechos fundamentales, una aplicación restrictiva y no extensiva, de forma que se vede cualquier invasión en el domicilio que no esté justificada legalmente. Bastante hay con un juez en Madrid que, como en la letra del cara al sol, ve amanecer en su libro. No vayamos a que salgan más. Se puede empezar por el domicilio y terminar mirando San Telmo.

En cualquier caso lo que es seguro es que, con la marcha de Torres, el PP ha dado un paso importante en las relaciones de su Gobierno con los jueces de Andalucía. La condición de juez del recién nombrado y su pertenencia -al igual que todos los miembros electos de la Sala de Gobierno del TSJA- a la asociación conservadora de los jueces APM no dejan dudas.