Sagunto asegura que demoler el Teatro Romano costará más que su restauración
La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto, integrada por el PP, el Bloc y el Grupo Mixto, acordó ayer remitir una serie de alegaciones al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana respecto al cumplimiento de la sentencia de reversión de la intervención arquitectónica diseñada por Manuel Portaceli y Giorgio Grassi en el Teatro Romano. En ellas, el equipo de Gobierno le indica al TSJ que 'no tiene ninguna responsabilidad económica en el caso' y le recuerda el acuerdo plenario del 30 de mayo en el que se manifiesta la voluntad del Ayuntamiento de que la ejecución de la sentencia 'posibilite su reversión y continuado uso cultural'. En este sentido, el Ayuntamiento incide en que 'para mostrar esta voluntad de que la aplicación de la sentencia no impida el uso del Teatro Romano, el pleno muanicipal consideró algunas cuestiones como que las obras de reversión supondrían un gasto superior al ya efectuado en el monumento, o que provisionalmente, el Teatro perdería su actual función como continente cultural. Además, el Ayuntamiento también consideró que el 'proceso de obras conllevaría un periodo de desuso que repercutiría negativamente en el ámbito cultural, en la calidad de vida ciudadana y en la actividad económica'.
El Ayuntamiento también pide la inclusión de una técnico municipal en la comisión técnica multidisciplinar que la Consejería de Cultura se comprometió a crear hace meses. El comunicado se produce después de que vecinos y comerciantes de Ciutat Vella protagonizaran una campaña en contra del derribo durante todo el festival Sagunt a escena.
El vicepresidente de la Generalitat, José Joaquín Ripoll, ha manifestado en varias ocasiones que las obras de demolición comenzarán antes de fin de año. La candidata del PSPV a la alcaldía de Sagunto, Gloria Calero, reprochó ayer al vicepresidente el anuncio, a pesar de que todavía no ha acabado el plazo de alegaciones.
